Es bien conocido que algunas personas se valen de tragedias como la que sufren los pobladores de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN), para sacar algún tipo de beneficio personal. Como dice el adagio popular, “en río revuelto, ganancia de pescadores”.
Siempre ha sido así. Ocurrió cuando el terremoto de 1972 que devastó la capital y volvió a ocurrir cuando el huracán Mitch azotó al país en 1998. Y, como podría seguir ocurriendo, para evitarlo hay que tomar medidas a la par que se captan las donaciones en dinero y en especie.
Alguien completamente confiable tiene que ocuparse de este aspecto de la ayuda a los damnificados. Por lo tanto, es necesario establecer controles tanto de la ayuda internacional que está llegando y que seguramente incrementará su monto en las próximas semanas, como también de la ayuda que se capta al interior del país de parte de diversas empresas, instituciones, alcaldías, organismos, embajadas, personas particulares, etc.
Los nicaragüenses debemos acostumbrarnos a entregar cuentas claras, a establecer mecanismos de fiscalización, a ser responsables. No basta con que alguien diga que es honesto. Tiene que sujetarse a controles que respalden su afirmación. De tal manera que el Gobierno debería —en aras de la transparencia que en todo caso abonaría a su favor— establecer controles para el manejo de las cosas que vienen para la RAAN, a fin de que no se queden en el Pacífico. Asimismo, se debe honrar el propósito específico con el cual se hace una determinada donación. Si un dinero es para construir casas, hay que usarlo para eso. Si es para comprar alimentos, pues hay que utilizarlo en la compra de alimentos y así por el estilo. Nadie debe atribuirse la libertad de manejar fondos o bienes de manera discrecional. El combustible que atiza la corrupción siempre ha sido la discrecionalidad, es decir, la falta de regulación y supervisión. Cuando los países y organizaciones donantes sospechan de un mal manejo de los recursos aportados, dejan de ayudar y se retiran. Al final, quien pierde es la gente más necesitada.
Estas mismas recomendaciones son aplicables a organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras que existen sin ánimo de lucro, como las iglesias, las cuales tienen sedes en el extranjero desde donde reciben embarques de ropa, alimentos y dinero en efectivo para ayudar a los damnificados. Desde luego que el Gobierno tiene capacidad limitada para supervisar el buen uso de este tipo de ayuda de carácter privado. Pero se pueden hacer regulaciones aduaneras y, por supuesto, apelar a la conciencia de los líderes religiosos y directores de ONG para que se comprometan a que la ayuda que reciban sus organizaciones, llegue a quienes fue destinada. Lamentablemente, a este nivel también hay quienes siempre se aprovechan para conseguir beneficios personales. Después del huracán Mitch, hubo un buen número de líderes religiosos que fueron denunciados por sus mismos feligreses de que quedaron estrenando casas y automóviles o que montaron negocios que hasta el día de hoy les permiten vivir cómodamente, todo eso a costa de la tragedia de otros seres humanos. Esta es una práctica vergonzosa que se debe denunciar siempre que ocurra.
Por otro lado, también conviene evitar la politización de la ayuda. En otras palabras, no se debe permitir que organizaciones identificadas con ningún partido político manejen y distribuyan la ayuda a los damnificados de la Costa Atlántica, porque se corre un doble riesgo: dar más beneficios a los partidarios o utilizar la ayuda como propaganda para acarrear votos en las elecciones, sobre todo, considerando la proximidad de las elecciones municipales. En este sentido, cabe señalar que en Managua ciertas personas que se identifican como miembros de los organismos sandinistas llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) han estado distribuyendo papeletas invitando a la gente a llevar su ayuda a una casa de dirección privada. Y por otro lado, personas de la RAAN han denunciado que la ayuda se está distribuyendo por medio de los CPC sandinistas, lo cual es sin duda una irregularidad que no debería ocurrir.
Finalmente, aunque parezca una ingenuidad hay que decirlo: los políticos de todos los partidos deben guardar sus banderas mientras tratan de ayudar a los damnificados. Es una cuestión de honor, que de esto algo debe quedar en Nicaragua.