- Casi 200 nicaragüenses fueron expulsados de Miami en el primer semestre de este año
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CORRESPONSAL/MIAMI
El incremento de las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, contra trabajadores que no poseen un estatus legal, es una realidad, según reflejan las últimas estadísticas del Consulado General de Nicaragua en Miami.
En total 189 nicaragüenses fueron deportados en los primeros seis meses del 2007 desde Florida, lo que indica 16 casos más en comparación al mismo período del año pasado.
Edgard Macías, director de Atención a Connacionales en el Consulado Nicaragüense en Miami, informó que de las 189 personas deportadas, 175 fueron encausadas por no poseer documentos de permanencia legal, y sólo 14 enfrentaron la expulsión por haber cometido actos delictivos, contrario al mismo período en el 2006, cuando el número de deportaciones relacionadas a crímenes fue mucho mayor.
A juicio del funcionario, lo anterior evidencia el incremento de las redadas contra indocumentados.
largo proceso
Nicaragüenses detenidos en distintos centros de Inmigración en Florida y Georgia llaman a diario al Consulado, solicitando la intervención de su sede diplomática a fin de que sus casos sean agilizados por Inmigración, debido a que los procesos están demorando entre dos y seis meses, mientras un Juez de Inmigración define su suerte.
Familiares de los afectados demandan una actitud más beligerante de los representantes consulares. Aseguran que sus parientes son removidos de cárcel a causa de la poca o nula intervención del Consulado, lo que a su criterio pudo evitarse si el Consulado hubiese gestionado ante Inmigración la salida rápida de éstos, que prefieren retornar a su país de origen antes que permanecer varios meses encarcelados.
El Cónsul General de Nicaragua en Miami, Luis Martínez, afirmó que el Consulado no puede intervenir en la aplicación de la Ley en Estados Unidos.
PROCESO DEPENDE DE JUEZ
Martínez sostuvo que los detenidos inevitablemente tienen que enfrentar un proceso y que la agilización del mismo sólo depende del Juez de Inmigración a cargo de la causa.
Al mismo tiempo dijo que los detenidos son trasladados a distintos centros de retención, de acuerdo con el criterio del Servicio de Inmigración.
“Antes Inmigración destinaba a un agente para entregar al deportado en su país de origen, pero ahora no, debido a los altos costos que representa”, dijo.
El cónsul explicó que ahora Inmigración espera tener un grupo grande y eso hace más tardada la espera. Además, envía a los nicaragüenses que están en Miami a otros estados donde haya un mayor número de nicaragüenses detenidos a fin de hacer un grupo más grande, o los envían a otro estado donde haya judiciales con menor carga de trabajo”.
Martínez dijo estar consciente de la situación desesperante que enfrentan los connacionales, pero asegura que el Consulado cumple con agilizar la emisión de pasaportes provisionales solicitados por Inmigración para hacer efectiva la deportación.
Atrás quedaron los señalamientos de Martínez, quien semanas antes de asumir su cargo dijo que la administración consular anterior muy poco hacía ante la gran cantidad de deportaciones de nicaragüenses. En ese entonces dijo que habría que movilizarse para detener las deportaciones.
ESPERA VISITAR A DETENIDOS
Informó que solicitó una reunión con el director del Servicio de Inmigración, para tratar temas generales que no especificó y para gestionar la agilización del proceso de cada uno de los nicaragüenses detenidos.
El cónsul aseguró estar a la espera de una respuesta a la solicitud que realizó para visitar a los connacionales, que permanecen en cárceles de la Florida y Georgia, donde existe un número desconocido de nicaragüenses detenidos.
SIN ESPERANZAS
Mientras decenas de nicas permanecen a la espera de la Sentencia de un Juez, miles permanecen en la sombra en busca de sobrevivencia y desafiando su suerte al trabajar y conducir sin documentos.
La esperanza que tenían de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos se desvaneció junto a la ansiada Reforma Migratoria, proyecto de Ley que no sobrevivió al trayecto hacia su aprobación, luego que senadores de la Cámara Alta rechazaron una moción que establecía un plazo para su voto final.