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Cambios constitucionales no son la solución

Algunos gobernantes latinoamericanos creen hoy día que la mejor manera de afrontar sus problemas nacionales es haciendo reformas constitucionales o nuevas Constituciones. El ecuatoriano Rafael Correa convocó a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución la cual, según él, “abrirá el camino a una democracia participativa para que la población tenga un mayor protagonismo en las decisiones políticas gubernamentales y limitar el poder de las élites”. Ecuador ha tenido 19 constituciones desde su Independencia. ¿De qué misteriosa manera la Constitución número veinte hará lo que las anteriores 19 no pudieron? ¿Se superará de esta manera la crisis política que ha causado que Ecuador tenga ocho presidentes en la última década? Evo Morales, Presidente de Bolivia, convocó igualmente a una Asamblea Constituyente el año pasado para redactar una nueva Constitución. Algunos creen que puesto que la nueva Constitución será —en buena parte— producto de movimientos sociales, las relaciones sociales se determinarán ahora más por el derecho, que en el pasado. Por su parte, el venezolano Hugo Chávez, de igual manera, ha presentado un proyecto de reformas constitucionales para crear las bases jurídicas de su “socialismo del siglo XXI” el cual supuestamente resolverá de una vez por todas las injusticias creadas en ese país por el capitalismo a lo largo de su historia. Nicaragua no ha querido quedarse atrás en esta oleada de cambios constitucionales. Los diputados orteguistas y arnoldistas promueven reformas que incluyen el cambio del sistema político, de presidencialista a parlamentarista. Según los “padres de la Patria”, esto —de una manera que todavía nadie sabe— resolverá la crisis que vive el país desde hace años y creará estabilidad.

Pero ¿cuánta lógica tiene esto? ¿Son las actuales Constituciones latinoamericanas el verdadero obstáculo para el desarrollo económico y democrático? Según Eduardo Cifuentes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, “las actuales Constituciones democráticas en América Latina permiten, con el consenso político correspondiente, enormes transformaciones políticas y económicas”, y agrega, “no se requieren reformas constitucionales sino una cultura político-democrática que garantice el cumplimiento de las constituciones”. ¡Qué gran verdad! La falta de una cultura político-democrática que garantice el cumplimiento estricto de las leyes que ya están ahí es lo que mantiene a los latinoamericanos en el fondo del barril. Así que las actuales Constituciones no son el obstáculo al progreso sino los gobernantes corruptos, autoritarios y sedientos de poder que no las implementan ni se someten a ellas. Hay que decirlo claro y alto. La “terapia constitucional” es insuficiente porque no ataca la raíz del problema. Si la clase política no desiste de sus vicios, ninguna Constitución Política traerá progreso y justicia. Como bien dice el doctor Cifuentes, arriba citado, el simple hecho de hacer un buen presupuesto que refleje una distribución sana y equitativa de los recursos disponibles puede ser de mucha más utilidad que una reforma constitucional. La reducción de los megasalarios y megaprivilegios de diputados, magistrados y funcionarios públicos y la utilización (en el Presupuesto) de las ganancias del petróleo venezolano en programas sociales —escuelas, hospitales, calles y carreteras, viviendas populares, etc.— haría una gran diferencia para los pobres de Nicaragua sin necesidad de cambiar el sistema.

Nuestro país cuenta con un marco constitucional suficientemente flexible para que cualquier gobernante —sea de izquierda o de derecha— implemente el modelo económico-político que considere conveniente. Sobre todo, porque en esta etapa del desarrollo político, ningún gobernante en su sano juicio va a impulsar una total estatización o una total privatización de la economía sino que va a buscar un modelo económico intermedio, balanceado, que le permita los recursos suficientes para impulsar su programa en un ambiente de paz social. Por lo tanto, Nicaragua no necesita reformas constitucionales profundas, mucho menos, de un cambio de sistema político, como pretende el Frente Sandinista con el apoyo del Partido Liberal Constitucionalista.

En la mayoría de los casos, las iniciativas de reformas constitucionales no se inspiran en el anhelo sincero de servir mejor al pueblo sino de asegurar los intereses y ambiciones de los gobernantes. Chávez, por ejemplo, va tras la reelección consecutiva y el aumento del período presidencial. Ortega y Alemán, tras una alternavilidad indefinida en el poder a través de la figura de Primer Ministro.

Editorial
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