- Una denuncia de extorsión, documentada con grabación, desató la inusitada reacción de todos los poderes del Estado en un proceso que pasará a la historia como “el día que las palomas dispararon a las escopetas”
Casi cinco meses han transcurrido desde aquel domingo en que un inversionista llamado Armel González denunció públicamente a través del programa televisivo Esta Semana, la supuesta extorsión a la que estaba sometido por parte de personeros del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuya cara visible era el designado cónsul en Liberia, Costa Rica, Gerardo Miranda.
El caso, que podría haber pasado como un delito común, que se dilucida en un juzgado, movilizó sin embargo a todo el aparataje estatal. El Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Ejecutivo a través del presidente Ortega, la Procuraduría y el Marena, participaron activamente en el proceso, cargados de un solo lado: en defensa del acusado de extorsión y definitivamente en contra de quienes hicieron la denuncia.
Cinco meses después, Miranda sigue devengando su salario como cónsul designado para Liberia, aunque Costa Rica no lo haya aceptado y ninguna entidad del Estado se ocupó de acusarlo o llevar la investigación hasta el final. Por el otro lado -el de los denunciantes- Alejandro Bolaños Davis, suegro de Gonzalez, perdió su diputación en un proceso sui géneris, un juez encontró culpable a Gonzalez de los delitos de injurias y calumnias sin considerar ni siquiera la grabación que lo inició todo y lo obligó a pagar 96 mil 750 córdobas de multa, y el proyecto turístico Arenas Bay, de Gonzalez, fue suspendido por no tener el permiso de uso de suelo que extiende la Alcaldía de Tola. Finalmente, Gonzalez y su grupo decidieron invertir en otro país.
¿Por qué tanta saña? ¿El pacto quiso probar el músculo de todo su aparataje trabajando en sincronía o el “Caso Tola” era la punta del iceberg de una de las redes de corrupción mejor organizadas?
Todo comenzó con una propuesta. Si el proyecto turístico Arenas Bay quería liberarse de los litigios por las costas de Tola con la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, debía dar a cambio 4 millones de dólares. El “negocio” se daría en la secretaría del FSLN.
El “caso Tola”, conocido así por la ubicación de los terrenos en disputa en el Pacífico del país, “batió el récord de inconstitucionalidad”, según dice el jurista Sergio García Quintero, ya que a lo largo del proceso se pudo observar cómo se iban activando las trincheras en las diferentes instituciones del Estado.
“La mejor defensa es un ataque”, reconoce el diputado liberal José Pallais, quien presidió una comisión especial que se encargó de investigar la supuesta extorsión de manera paralela al poder judicial y que finalmente concluyó en que tanto Miranda como González poseen responsabilidades en el caso.
Para Pallais, “la característica más importante de este caso es que por primera vez planteó la existencia de una red de tráfico de influencias que atraviesa el poder judicial y llega hasta el partido de gobierno. Se denunció la existencia de todo un entramado que ofrece solucionar casos en el poder judicial mediante pagos sustantivos, y eso puso en alarma a toda la sociedad”. Y de ser finalmente confirmado, “denotaría que la corrupción e inseguridad jurídica están llegando a niveles escandalosos en el país”, comenta el diputado.
“A raíz de la denuncia, se produce una reacción de prácticamente todos los poderes del Estado, que son los poderes que están partidarizados y responden al pacto. La primera reacción fue del Consejo Supremo Electoral y ahí se produjo la principal consecuencia política que fue la destitución inconstitucional del diputado Alejandro Bolaños Davis”, explica el analista político Carlos Tünnermann.
Alejandro Bolaños Davis, ex diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense, es también uno de los inversionistas del proyecto Turístico Arenas Bay, de la Sociedad San Cristóbal. Tünnermann sostiene que la destitución de Bolaños Davis, realizada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) casi un mes después de que estalló el “caso Tola”, fue un acto alejado de lo que rige la Carta Magna.
“De acuerdo la Constitución Política, un diputado que ya está en posesión de su cargo sólo puede ser separado o suspendido del mismo por la propia Asamblea Nacional. El Consejo Supremo Electoral, que todos sabemos está partidarizado, declaró nula la elección (de Bolaños Davis) a posteriori, después que había tomado posesión y no en el momento de las impugnaciones. Él recurrió ante la Corte Suprema de Justicia presentando un recurso de inconstitucionalidad. La Corte Suprema a su vez se involucró y dijo que no era inconstitucional la resolución del Consejo Supremo Electoral, cuando sí lo era clarísimamente”, sostiene Tünnermann.
El artículo 138, numeral 10, de la Constitución Política establece que las faltas definitivas que ameritan la destitución de un diputado son la renuncia al cargo, el fallecimiento, la condena mediante sentencia firme por delito que merezca pena más que correccional, el abandono de sus funciones durante 60 días continuos dentro de una misma legislatura y contravenir lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 130, que establece que “ningún funcionario público puede obtener concesión alguna del Estado”.
Según Tünnermann, el que Bolaños Davis haya acudido a la Corte Suprema de Justicia para que aprobara o no la resolución del CSE, “fue un error”.
“Nada tenía que ver la Corte Suprema de Justicia y eso vino a remachar aún la decisión tomada como represalia política para separar a Bolaños Davis de su puesto de diputado”, argumenta.
Además, con esto “quedó establecido un precedente ratificado por la Corte Suprema de Justicia, en el que dice que en materia electoral el único competente es el Consejo Supremo Electoral aún cuando se viole la Constitución Política, porque en este caso se violó. La competencia del Consejo tiene un límite temporal en una elección, hasta el momento en que proclama los electos”, agrega Tünnermann.
El analista sostiene que con esta actuación del CSE y la CSJ queda a luz pública “la efectividad con que funciona el pacto. Se coludieron todos los poderes del Estado para lograr que se sacara de la Asamblea Nacional a Bolaños Davis, pero con esto, la otra consecuencia política es que se perdió la credibilidad el Consejo Supremo Electoral porque realizó una declaratoria ilegal, y también se demostró la partidarización de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia porque notablemente había sido una decisión inconstitucional”.
Las tierras que estaban en disputa entre la Sociedad San Cristóbal y la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, en Tola, finalmente tuvo una solución. El Estado concederá 24 amanzanas a la cooperativa y dejaría las tierras que en principio reclamaban los inversionistas.
El proceso por injurias y calumnias que había interpuesto el cónsul sandinista Gerardo Miranda, la alcaldesa de Tola Loyda García y su esposo, en perjuicio de Armel González, finalizó con una multa de más de 96 mil córdobas que González deberá pagar.
Con esto, “el sistema judicial no inspira la más mínima confianza a la ciudadanía. En el caso Tola se ve la debilidad, por no decir la corrupción, de todas las instituciones relacionadas con la justicia porque aquí se vio involucrado tanto el Consejo Supremo Electoral como el poder judicial, la Asamblea Nacional de la República y en cierto modo, por acción u omisión, la Fiscalía General del Estado”, asevera Sergio García Quintero para quien el sistema judicial nicaragüense es un “desastre”.
“La gran conclusión a la que se ha llegado por parte de la Fiscalía al presentar acusación contra Gerardo Miranda como contra Armel González es una forma sui géneris de buscar cómo ponerle fin porque en realidad el gran extorsionador fue Gerardo Miranda y es quien debería explicar la situación que inclusive trasciende a su propia persona y que incluye a otros personajes del Gobierno, que por la forma en que administra la justicia, no fueron públicamente investigados y procesados como se debía”, explica García Quintero.
Para el jurista, “lo que ha llevado las cosas hasta el colmo es que el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestara que (Gerardo Miranda) continúa siendo un funcionario activo (cónsul en Liberia), llevando el cinismo a tal grado que le reconocen su salario, cuando en todas las legislaciones del mundo, por lo menos en la de Colombia que es una de las más idóneas en el área, cuando el funcionario público está siendo procesado, hasta por una investigación de la Contraloría, se le suspende (el salario) en el ejercicio de sus funciones y en el caso de que resulte beneficiado con un sobreseimiento, se le dan todos los salarios que se le habían retenido”.
Sergio García Quintero opina que la manera en que se ha desarrollado el “caso Tola” ha servido como una “cortina de humo” que resalta en el panorama sombrío de la justicia en Nicaragua, “sobre todo en materia de las tierras, el pirateo y negociaciones por debajo de la mesa de una manera maliciosa y delincuencial”, pero por otro lado, al tomar relevancia, ha servido para que “de alguna manera la opinión crea que el Gobierno está preocupado”.
El diputado José Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo máximo líder es Arnoldo Alemán, afirma que “este caso tan sonado ha traído un perjuicio muy grande al país como destino de la inversión turística inmobiliaria que venía desarrollando en los últimos años y que tiene todavía un potencial valioso para el desarrollo económico del país y para el crecimiento y generación de empleos”.
El diputado recomienda que la Asamblea Nacional mande un mensaje a la ciudadanía y las instituciones del Estado para detener estas prácticas que afectan la seguridad jurídica de la propiedad y ensombrecen la imagen del país como destino de la inversión extranjera. Para esto, según Pallais, el poder legislativo debería sacar del olvido y aprobar la Ley de Costas y la Ley de Registro Público.
Según Transparencia Internacional, Nicaragua ocupa este año el puesto 123, entre los 179 países más corruptos del planeta.
Sin embargo, con una visión más general, el analista Carlos Tünnermann explica que lo que Nicaragua necesita es tener una imagen de un país donde hay Estado de Derecho, un país donde se respeta el ordenamiento jurídico, la transparencia en la administración de la justicia, seguridad jurídica para la propiedad y la persona.
Y finaliza diciendo que “el pacto Alemán Ortega es lo que ha venido a destruir la constitucionalidad del país o al menos debilitarla profundamente y ahora quieren darle continuidad a ese pacto por medio del llamado parlamentarismo y darle continuidad al poder de los dos partidos que tienen mayoría en la Asamblea”.