El 24 de octubre recién pasado, 19 de los 25 diputados propietarios y uno suplente de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) , dieron a conocer una resolución en la que se comprometieron oficialmente a respaldar “una iniciativa de Decreto de Referendo, para someter bajo este procedimiento la aprobación de las Reformas Constitucionales que pretenden cambiar el sistema actual que es Presidencialista a un Sistema Parlamentario”.
Sin duda que esa fue una buena decisión de la mayoría de los diputados del PLC, sin cuyos votos es imposible que se pueda aprobar la reforma constitucional para cambiar el sistema de gobierno del país, que es lo que pretenden los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, con el propósito de perpetuarse en el poder.
En realidad, en un referendo limpio y libre para aceptar o rechazar democráticamente el cambio de sistema de gobierno, los ciudadanos democráticos de Nicaragua, que son la mayoría, derrotarían el plan perverso de los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, que quieren mantenerse y turnarse indefinidamente en el poder como Presidente y Primer Ministro, suprimir el pluralismo político, eliminar toda posibilidad de competencia real e imponer una dictadura bipartidista y bicéfala.
Pero el compromiso de apoyar la convocatoria de un referendo para someter a aprobación o rechazo del pueblo el cambio del sistema de gobierno, significa de hecho aceptar de previo la reforma constitucional urdida por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.
Además, los 19 diputados del PLC que se han pronunciado en respaldo del eventual referendo, no podrían aprobar la convocatoria de esa consulta popular ni siquiera unidos con los legisladores de ALN —que son 21 después de la defección de Ramiro Silva—, y los tres del MRS. Entre todos ellos sumarían sólo 43 votos, pero se requieren 47 para aprobar la convocatoria al referendo.
De manera que si de verdad se quiere impedir la reforma constitucional de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán para cambiar el sistema de gobierno de acuerdo con sus conveniencias personales, lo más indicado, seguro y factible es impedir su aprobación en el plenario de la Asamblea Nacional.
Realmente, los 19 diputados del PLC que suscribieron la Resolución Interna del 24 de octubre no pueden hacer que se apruebe la convocatoria al referendo, pero en cambio sí pueden impedir que se apruebe la propuesta pactista de reforma constitucional. De acuerdo con el artículo 194 de la Constitución, se requiere del 60 por ciento de los votos del total de miembros de la Asamblea Nacional para aprobar su reforma parcial, porcentaje que no se podría alcanzar sin esos 19 del PLC, suponiendo, por supuesto, que los diputados de ALN y del MRS no apoyarían la reforma de marras.
De manera que mucho más importante que la resolución de los 19 diputados propietarios del PLC sobre el referendo, viene a ser la Declaración de Montelimar que suscribieron 15 de ellos el jueves de la semana pasada, en la cual establecen que “no apoyamos ningún proyecto de reformas constitucionales en lo que resta del año 2007, ni en el año 2008…”
Y agregan que “si hubiera alguna propuesta de reformas constitucionales después de las elecciones municipales del 2008, deberá ser llevada a consulta del pueblo de Nicaragua a través de un referendo de acuerdo con la Ley Electoral, previa a su entrada en vigencia”.
En este sentido cabe señalar que es mejor aún la propuesta que, también el jueves de la semana pasada, hizo el Instituto para la Democracia, Ipade, de que en vez de un referendo posterior a la aprobación legislativa de las reformas constitucionales, se celebre un plebiscito anterior a ellas, para lo cual bastaría “agregar una casilla en las boletas (de las elecciones municipales del próximo año) o bien una papeleta adicional, para someter a la consulta del pueblo, verdadero depositario de la soberanía, si desea o no cambiar el sistema de gobierno”.
Vale la pena atender la propuesta del Ipade. Pero en todo caso lo más importante es que los 19 diputados del PLC se mantengan firmes en su posición, junto a los de ALN y el MRS. Esto es indispensable para la preservación de la libertad y la democracia en Nicaragua.