Los jefes de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Eugenia Sequeira y Maximino Rodríguez, respectivamente, aseguraron el domingo recién pasado durante la concentración liberal que se celebró en la ciudad esteliana de La Trinidad, que los diputados de ambos partidos están listos para rechazar el veto presidencial sobre los CPC, en la crucial sesión del Poder Legislativo que comienza hoy en la mañana. Esta declaración de los líderes parlamentarios del PLC y ALN, tiene singular importancia ante los rumores de que algunos diputados “frágiles” de ambas bancadas, están siendo amenazados o halagados para que no rechacen el veto orteguista.
Como se sabe, el presidente Daniel Ortega vetó parcialmente la Ley No. 630, aprobada a principios de septiembre pasado por la Asamblea Nacional, la cual derogó expresamente la pretendida facultad de Ortega de crear, mediante decreto, los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPS) y hacer de ellos estructuras de apoyo y ejecución gubernamental. Pero, además, Ortega desafió al Poder Legislativo al decir que aunque su veto sea rechazado, de todas maneras impondrá a los CPC porque según él no se le puede impedir al pueblo ejercer su derecho de participación.
Pero lo que pretende Daniel Ortega es crear una estructura legal de organismos partidistas que le ayuden a perpetuarse en el poder. Según el concepto orteguista del poder político, los CPC constituyen la estructura orgánica fundamental y específica de una “nueva” dictadura totalitaria —más personalista y conyugal que partidista—, que los Ortega Murillo quieren imponer en Nicaragua como parte del proyecto global de dictadura supranacional del siglo XXI, que Hugo Chávez impulsa y financia desde Venezuela.
En realidad, como se dice en el dictamen de la Asamblea Nacional que recomienda rechazar el veto de Ortega, lo que viola el derecho de participación popular es la imposición legal de los CPC mediante decreto del Poder Ejecutivo y con funciones gubernamentales y paraestatales. En efecto, la imposición legal y desde el Gobierno de organismos de interés y representación partidista, como son evidentemente los CPC, significa atribuirles una naturaleza jurídica que no les corresponde; significa también ponerlos por encima de las expresiones no gubernamentales de participación ciudadana y crear una red de órganos paraestatales que tendrían múltiples funciones, incluso policiales, de espionaje y represión al servicio de la nueva dictadura que Ortega y Murillo quieren imponer en Nicaragua.
Daniel Ortega pretende justificar su veto y enfrentamiento a los diputados democráticos, con el cuento de que la derogación de los CPC creados por decreto y con funciones paraestatales, “deroga un instrumento que permite la integración de los ciudadanos al Poder del Estado”. Sin embargo, como muy bien se aclara en el dictamen de la Asamblea Nacional de rechazo al veto de Daniel Ortega, este “expresa una concepción del poder absolutamente contradictoria con la Constitución y la organización del Estado nicaragüense. Existe una distinción tajante entre la participación ciudadana y la ‘integración’ de los ciudadanos al Estado. El primero es un rasgo de los regímenes democráticos modernos. El segundo es, conforme la teoría sobre Estado, gobierno y sociedad, una de las manifestaciones de la concepción totalitaria del Estado. Si la Presidencia de la República identifica el derecho de participación con la integración del ciudadano al Estado, es decir, confunde democracia con totalitarismo, simple y sencillamente la Asamblea Nacional dispone de una razón suficiente para rechazar el veto presidencial”.
El FSLN, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen derecho de crear sus organizaciones de participación popular, igual que lo tienen los ciudadanos independientes, los partidos políticos democráticos y las organizaciones de la sociedad civil. A lo que no tienen derecho Ortega y Murillo es a crear sus organizaciones mediante decreto, ni a darles funciones gubernamentales, ni a imponerlas sobre los demás organismos de participación ciudadana ni sobre cada uno de los nicaragüenses en lo personal.
Está muy clara, pues, la responsabilidad cívica y moral y la obligación política que tienen todos los diputados democráticos —del PLC, de ALN, de la Alianza MRS y los independientes—, para rechazar este veto de Daniel Ortega que pretende imponer legalmente la infraestructura de una nueva y monstruosa dictadura. Y esperamos por lo tanto que los diputados democráticos cumplan con esta obligación que es un deber sagrado.