El acoso del Gobierno del presidente Daniel Ortega a algunos bancos del país, con el pretexto de la deuda por los Cenis (Certificados Negociables de Inversión), es causa de gran inquietud y mucho temor en todo el sistema financiero nacional y en el mundo de los negocios.
Se trata de un acoso implacable. De nada valió que los negociadores financieros del mismo Gobierno —el presidente del Banco Central y el asesor económico del presidente Ortega— renegociaran y llegaran a un nuevo acuerdo de pago con los banqueros poseedores de los Cenis. El Presidente de la Rpública desconoció ese acuerdo y nombró otra comisión negociadora, integrada por “sandinistas duros”, o sea extremistas e intransigentes, que quieren imponerse por medio de la fuerza y la coerción de la Policía Nacional, que ahora está al mando personal del mismo Daniel Ortega.
Los nuevos negociadores de “línea dura” del Gobierno están ejecutando su voluntad, o la orden de Daniel Ortega, por medio de un fiscal específico y de un juez que al parecer se sienten como el inspector Javert persiguiendo sin tregua ni descanso a Jean Valjean, personajes centrales de la célebre novela social Los Miserables, del escritor clásico francés Víctor Hugo (1802-1885). De allí que el operativo que esos funcionarios han montado contra el Banpro esta semana, para secuestrar los Cenis e impedir que el Estado pague a mediados de abril la cuota que le corresponde amortizar, más que una acción legal y judicial ha parecido un asalto bancario de bandidos armados disfrazados como policías.
Por ahora el acoso es sólo contra algunos bancos, específicamente el Banpro y el Bancentro, que son los que todavía poseen los Cenis. Pero el asedio a estas dos instituciones bancarias perjudica al sistema financiero nacional en términos generales y además causa zozobra entre todos los empresarios, clientes de los bancos y personas de negocios del país; salvo, por supuesto, en la nueva pero pujante sandiburguesía cuyos negocios de toda clase —limpios, turbios y sucios — están bien asegurados.
Personas cercanas al negocio de los bancos consideran que el objetivo de este acoso y del operativo alrededor de los Cenis, no es liquidar al sistema financiero privado ni volver a nacionalizar o estatizar la banca, como lo hicieron durante su primer gobierno, entre 1979 y 1990. Supuestamente, lo que quieren es eliminar políticamente a su principal adversario o enemigo, Eduardo Montealegre, y al mismo tiempo desacreditar al Director de LA PRENSA, don Jaime Chamorro Cardenal , contra quien los medios oficialistas mantienen una feroz campaña de calumnia y difamación tratando de vincularlo con el asunto de los Cenis. Pero ante todo, la nueva burguesía sandinista o sandiburguesía quiere apoderarse de una parte de los bancos establecidos y compartir el lucrativo negocio bancario. Y con tal de conseguir este objetivo, a los orteguistas en el poder no les importa causar al sistema financiero y a toda la nación graves daños y perjuicios que llevará mucho tiempo reparar después que se ponga fin a este nefasto nuevo gobierno sandinista.
Según el ex presidente del Banco Central, Mario Arana, “el crecimiento de las operaciones del mercado de capital se verá afectado si el Gobierno incumple el pago de los Cenis”, pues se está afectando “la credibilidad de los títulos financieros tanto del Gobierno como del BCN (Banco Central de Nicaragua). De manera que el mismo Gobierno “tendrá dificultades para levantar recursos y de hecho las están teniendo mucho, ya que es el Estado invirtiendo en títulos del Estado”, asegura Arana. De lo cual se infiere que está en grave riesgo la credibilidad en los bonos y títulos valores del Estado y que en el futuro sólo empresarios extranjeros mafiosos que buscan asociarse con colegas de su misma calaña en los países atrasados y dominados por gobiernos irresponsables, son los que querrán invertir aquí sus recursos y hacer sus opacos negocios.
El caso de los Cenis, lo hemos dicho antes , había que manejarlo con responsabilidad, mediante una investigación independiente que fuera hasta el fondo y el origen del asunto, o sea a las quiebras bancarias fraudulentas que motivaron la emisión de esos bonos estatales. Y a partir de esa investigación independiente, se debió realizar un proceso justo que concluyera con el castigo a todos los verdaderos culpables , quienes quiera que fuesen. Pero eso sólo se hubiera podido hacer si la justicia de Nicaragua fuera independiente e imparcial; y si hubiese un gobernante serio y responsable, no la caricatura estrafalaria de gobierno que hay en la actualidad.