En los últimos días se conoció que el Gobierno sandinista de Daniel Ortega ha adquirido, una parte de las acciones de la empresa española Unión Fenosa Nicaragua, que como es bien sabido se encarga de la distribución de energía eléctrica en el país. Según las informaciones que fueron adelantadas por LA PRENSA y finalmente confirmadas por fuentes oficiales —que no lo habían querido hacer por el secretismo y el espíritu conspirativo con que se manejan ahora los asuntos de interés público— el Gobierno adquirió el 16 por ciento de las acciones de Unión Fenosa a cambio de una deuda de 10.7 millones de dólares que esta empresa tiene con el Estado de Nicaragua.
Los presidentes de las dos grandes agrupaciones de la empresa privada de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara Nicaragüense-Americana de Comercio (Amcham), se han pronunciado sobre este asunto en el sentido de que no habría ningún problema con que el Gobierno compre acciones de Unión Fenosa, “siempre y cuando la compañía de distribución esté de acuerdo”, tal como lo precisó el señor César Zamora, presidente de Amcham. Además, Zamora informó que en Panamá el Estado es dueño del 48 por ciento de las acciones de la misma Unión Fenosa.
En realidad, la modalidad mixta de propiedad está prevista y reconocida por la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 99, 103 y 104. De manera que la participación del Estado en la propiedad accionaria de Unión Fenosa no es ilegal. Tampoco tiene porqué ser negativa e incluso podría resultar positiva, siempre y cuando se haga en beneficio de los usuarios, de conformidad con la ley y de acuerdo con el principio de voluntariedad, o sea que los empresarios privados quieran tener al Estado y más bien al Gobierno como socio. Lo malo es que los representantes del Gobierno chantajeen a las empresas privadas y que las obliguen a transar con una pistola apuntándoles a la cabeza, como hicieron con la Esso el año pasado para obligarla a almacenar el petróleo venezolano y como lo han hecho más recientemente con el Banpro, en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).
En lo que respecta a los usuarios del servicio eléctrico, sin duda que para estos da igual si la empresa que presta el servicio es privada, estatal o mixta. Lo que les interesa es que el servicio eléctrico sea de buena calidad, que no haya interrupciones o apagones y que las tarifas sean razonables. Al fin y al cabo la electricidad no es gratuita, se paga mensualmente por ella o la cortan, salvo para los que tienen conexiones ilegales.
La presencia en Nicaragua de la transnacional española Unión Fenosa ha sido accidentada y controvertida. Desde que esta empresa extranjera inició aquí sus operaciones, por múltiples razones ha tenido una pésima imagen pública. Como se suele decir ahora, lo políticamente correcto es atacar a Unión Fenosa, acusarla por abusiva e incluso exigirle que se vaya del país y pedirle al Gobierno que la expulse sin contemplaciones.
Desde que Unión Fenosa comenzó a operar en Nicaragua a raíz de que la distribución de la electricidad fue privatizada en 1998, durante el Gobierno de Arnoldo Alemán, el FSLN y personalmente Daniel Ortega que entonces estaban en la oposición o más bien gobernaban “desde abajo”, encabezaron la condena y el ataque implacable a Unión Fenosa, a la que acusaron de cometer los peores pecados y delitos que se le podrían imputar a una empresa privada y a sus propietarios y ejecutivos. Pero ahora que Ortega y el FSLN están gobernando desde arriba, han cambiado su tratamiento a Unión Fenosa y aunque el discurso oficial contra la empresa sigue siendo virulento, el Gobierno trata de encontrar la manera más apropiada de relacionarse con ella.
De manera que la adquisición de una parte de las acciones de Unión Fenosa, a cambio de la deuda que ésta tiene con el Estado de Nicaragua, se puede considerar como un esfuerzo del Gobierno sandinista por mejorar su relación con la empresa española, el cual se contradice claramente con la retórica del discurso populista.
En todo caso, lo importante es que la medida sea para bien del país. Falta por ver, entonces, si la participación del Gobierno en la propiedad accionaria de Unión Fenosa servirá para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en todos sus aspectos, que es al fin y al cabo lo que a la gente le importa o debe importarle primordialmente; o para comprobar si vamos a seguir en lo mismo o peor todavía.