Para hoy, jueves 17 de abril, a las 2:00 de la tarde, está programado el primer juicio criminal del gobierno de Daniel Ortega y el FSLN contra un medio de comunicación y contra la libertad de expresión e información, desde que recuperaron el Poder Ejecutivo en enero del año pasado. Y como era de esperarse, su primera víctima ha sido el Diario LA PRENSA por medio de su director, Jaime Chamorro Cardenal, y su jefe de Redacción, Eduardo Enríquez.
Irónicamente, este juicio contra la libertad de prensa se efectuará en la Universidad Centroamericana (UCA), la alta casa de estudios donde funciona la principal escuela de periodismo de Nicaragua. O sea, un juicio criminal contra la libertad de prensa en las instalaciones de una institución que por su propia naturaleza es un foco del pensamiento libre y búsqueda de la verdad. De manera que aunque no es por voluntad de las autoridades de la UCA que este infame juicio contra la libertad se celebre en su recinto, sino por un convenio con el Poder Judicial para el uso de sus instalaciones, en todo caso es un contrasentido jurídico y moral que se juzgue en ese lugar a un medio de comunicación y a dos periodistas cuyo “delito” es informar y opinar con libertad, buscar la verdad, sacar a luz lo que es de interés público.
Pero no es la primera vez que los enemigos de la libertad se escudan en una institución universitaria para atacar a la libertad de expresión y de información, y para agredir directamente a LA PRENSA. En 1980 la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) “gastó una suma considerable, y sus fondos son tomados del Estado, en la publicación y difusión de un folleto preparado por agentes internacionalistas, chilenos en su mayoría, a fin de propalar que LA PRENSA era contrarrevolucionaria y recibía asesoramiento de El Mercurio, de Chile”, escribió el ahora director de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal, en su libro Frente a Dos Dictaduras. Con aquel infundio al que se prestó la UNAN controlada por los comandantes sandinistas, se pretendía justificar las agresiones contra LA PRENSA, la censura, la represión contra la sacrosanta libertad de expresión y de prensa a la que tanto temen y odian los dictadores corruptos.
Con la represión de los años ochenta contra LA PRENSA la dictadura sandinista continuaba con más ferocidad las agresiones que la dictadura somocista había perpetrado contra el Diario de los Nicaragüenses, incluyendo juicios criminales. Y de la misma manera, la agresión y el juicio criminal de ahora contra Jaime Chamorro y Eduardo Enríquez significan la reanudación de la acción represiva del sandinismo contra LA PRENSA , a la que sin embargo, nunca han podido doblegar, ni callar, ni liquidar.
En realidad, el juicio contra LA PRENSA y personalmente contra su director, Jaime Chamorro Cardenal, y su jefe de Redacción, Eduardo Enríquez, no podría ser más injusto, arbitrario, descarado y grotesco. Es inaudito que se juzgue por el delito de calumnia a una persona, Jaime Chamorro Cardenal, a quien son sus acusadores los que lo calumnian todos los días en los medios oficialistas de comunicación. A los acusados se les ha negado todas las garantías del debido proceso, incluso el beneficio del principio jurídico in dubio pro reo, según el cual cuando hay duda el juez debe favorecer al acusado. Se ha demostrado que en la información de LA PRENSA, que supuestamente calumnió a las acusadoras, no se mencionaron sus nombres y los acusados ni siquiera las conocían. Las acusadoras pertenecen al llamado poder ciudadano del gobierno sandinista, los CPC, en cuyo nombre acusan a Jaime Chamorro y Eduardo Enríquez, se movilizan en un vehículo del FSLN y son asesoradas por abogados de ese partido en la Asamblea Nacional; por lo tanto, es obvio que se trata de una acusación y un juicio de carácter político. Además, a la abogada defensora se le han rechazado prácticamente todos los recursos y diligencias que ha interpuesto ante la autoridad judicial, a favor de sus defendidos.
Lo cierto es que si quedara en Nicaragua algo de justicia, este juicio injusto, absurdo y represivo tendría que ser declarado nulo hoy mismo y en todo caso el juez debería sobreseer definitivamente a Chamorro y Enríquez. Y las autoridades de la UCA no deberían permitir que ese centro académico de búsqueda de la verdad y de libertad de pensamiento y de opinión sea usado para acusar y juzgar criminalmente a la libertad de prensa y a personas que la practican. O al menos deberían protestar por eso.