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Los diputados liberales auguraron ayer que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inició la imposición de una dictadura, tras conocerse un fallo judicial en contra de LA PRENSA, por parte del juez Celso Urbina.
Los diputados Eduardo Montealegre, Adolfo Martínez Cole, Enrique Quiñónez y el ex vicepresidente José Rizo, coincidieron en que el fallo dejó al descubierto el más firme autoritarismo por parte del presidente Daniel Ortega y la primera dama, Rosario Murillo, en esta ocasión a través del Poder Judicial.
CUATRO PILARES A DERRIBAR
“Esto es un abuso y violación a la libertad de expresión (…) Hay cuatro pilares que el FSLN quiere liquidar y uno de esos pilares es la libertad de prensa y expresión, y ese ataque a LA PRENSA y a otros periodistas y locutores demuestra que están muy preocupados por ese pilar que es la libertad de expresión”, dijo Montealegre.
“Estemos claros de que la pareja presidencial no se va a detener y les importa muy poco lo que piense la opinión pública, las leyes y muy poco la Constitución, como lo han venido demostrando en cada instancia”, añadió.
Desde enero del 2007, cuando Ortega asumió la banda presidencial, los legisladores liberales han atravesado tensas relaciones con el Poder Ejecutivo.
Una de esas batallas surgió con los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que desde el 2007 y hasta el diez de enero del 2008, mantuvo distanciados a la mayoría de los diputados con el Ejecutivo y una mayoría del Poder Judicial.
Pero ayer la batalla pasó al terreno de la libertad de expresión y de la democracia.
“Es un comienzo a la represión a la ciudadanía, porque intimidando a los medios se lleva un mensaje de intimidación a la ciudadanía. En ningún país democrático se va a coartar la libertad de expresión (…) Aquí no se permite señalar ningún tipo de error, porque no permiten que se les diga que se están equivocando”, explicó Martínez Cole.
Los legisladores aseguraron que el fallo del juez Celso Urbina los obligará a impulsar en el parlamento tres leyes vitales: la revocación de la llamada Ley Arce, que reguló las exoneraciones a los medios de comunicación; una extensión a la vigencia de las licencias de transmisión de los medios audiovisuales, y además otro proyecto para fortalecer la l ibertad de expresión.
ARGÜELLO NO VE PROBLEMA
El candidato a la Alcaldía de Managua por el FSLN, Alexis Argüello, afirmó ayer que no encuentra “ningún problema” en el fallo dictado por el juez en contra de LA PRENSA.
“De los CPC es un derecho que tienen todos los ciudadanos nicaragüenses, lo dice la Constitución nicaragüense y lo dicen las leyes municipales, así es que no hay ningún problema por el fallo de LA PRENSA”, dijo Argüello.
Pero Enrique Quiñónez, que encara a Argüello en los comicios municipales del 2008, consideró que los Juzgados violaron sus mismos procedimientos.
“Lo que se vio ayer es la violación al debido proceso de dos personas (Jaime Chamorro Cardenal y Eduardo Enríquez) y es el comienzo de lo que podríamos ver en cualquier momento para otros medios cuando critiquen o hagan algún comentario, y entonces veremos al FSLN llevándolos a los tribunales, acusándolos de injurias y calumnias y se violentará todo el proceso”, advirtió Quiñónez.
INSTITUCIONALIDAD EN GRAVE RIESGO
El ex vicepresidente de la República, José Rizo Castellón, condenó ayer la resolución de culpabilidad en contra de LA PRENSA, al considerar que este procedimiento “atenta contra las libertades públicas y la institucionalidad del país”.
Asimismo, advirtió sobre las intenciones del Gobierno de implantar en el país un sistema totalitario que incluye la amenaza y represión en contra de los medios de comunicación y los ciudadanos nicaragüenses.
“Las señales están claras. Ese es el rumbo que quieren imponer en el país. Salimos de dictaduras para volver a caer en otras dictaduras. Sólo tuvimos unos pocos años de respiro de las dictaduras, ahora ese pasado quiere regresar al país”, advirtió el político liberal.
Rizo ejemplificó esas señales con la suspensión de las elecciones municipales en tres municipios de la Región Autónoma Atlántico Norte y los abusos del Consejo Supremo Electoral.
De igual manera, Rizo señaló que la resolución emitida por el juez Celso Urbina es una muestra de que el Poder Judicial está partidizado.
Rizo participó ayer en la condecoración que la Cancillería otorgó al saliente embajador de España, Jaime Lacadena.
