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Inseguridad en La Carpio

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Además de la construcción de la escuela, La Carpio es uno de los asentamientos incluidos en el plan del Gobierno costarricense de erradicación de tugurios, el cual contempla modernización de zonas como éstas mediante titulación de terrenos, construcción de nuevas viviendas y espacios de recreación, así como reubicación de familias.

El nicaragüense Leopoldo Domínguez, vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda Finca La Caja, dice que los nicaragüenses de esta comunidad se sienten abandonados por el Gobierno de Nicaragua.

«Nadie del Consulado o la Embajada se ha acercado a nosotros para ayudarnos, para orientarnos en todo. La verdad que siempre nos han dejado solos», se quejó.

«Como siempre nos han abandonado, no creemos que nos vayan a apoyar en todo este proceso que se vive en La Carpio, done hay miles de nicaragüenses», añadió.

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CORRESPONSAL / COSTA RICA

La fundación Manos Solidarias, con ayuda de la empresa privada y el Gobierno costarricense, impulsan la construcción de una moderna escuela primaria que albergará a 2,500 niños ticos y nicaragüenses de La Carpio, dado que el centro educativo está sobrepoblado y sin condiciones.

No obstante, el proyecto enfrenta la difícil tarea de trasladar a las familias que habitan en la zona donde se construirá la escuela y la falta de información genera incertidumbre entre pobladores que se sienten afectados.

La Carpio es el asentamiento más grande del país, donde habitan unas cinco mil familias, la mayoría nicaragüenses y costarricenses.

Fue fundado por precaristas a inicios de la década anterior sobre un enorme terreno que ahora pertenece al estatal Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y sus habitantes no tienen título de propiedad.

Según explicó Olga de Guardia, presidenta de la fundación caritativa Manos Solidarias, el IMAS cedió 12,800 metros cuadrados para construir una nueva escuela primaria con capacidad para 2,500 estudiantes, tendrá 55 aulas, laboratorios de inglés y computación, así como espacios de juego.

PROBLEMA CON POBLADORES

“El único problema que tenemos es sobre la movilización de la gente que habita en el lugar, la cual la hará Fuprovi (Fundación Promotora de Vivienda), pero la gente necesita una explicación más sencilla (del proyecto)”, reconoció Guardia.

No obstante, el coordinador de imagen y comunicación de Fuprovi, Eugenio Regidor, dijo que “nosotros no podemos reubicar gente porque eso es cosa de Estado. Para trasladar gente implica vivienda y titulación y eso es cosa del Estado”.

“El desalojo nunca ha sido la alternativa en La Carpio”, añadió.

LA PRENSA no logró obtener una reacción del Comité de Desarrollo de La Carpio, la contraparte comunal en este proyecto.

Pobladores aducen que como no existe una fluida comunicación con los involucrados, el proyecto los tomó por sorpresa. Temen ser desalojados de sus viviendas o ser reubicados en sitios donde les costará insertarse a la economía del país.

“La gente está atemorizada porque se han rumorado muchas cosas, como que el proyecto va y va, y que nos van a desalojar, pero las autoridades no nos han dicho nada. Nosotros no nos oponemos al proyecto ni al desarrollo de la comunidad, lo que queremos es que primero se busquen otras alternativas. Tampoco queremos que nos saquen de aquí sin las debidas garantías. Tampoco creemos en promesas que después no van a cumplir”, dijo Johnny Jiménez, presidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda Finca La Caja.

Esta asociación se creó entre pobladores que no están claros sobre la construcción de la escuela, pero Guardia informó que el 4 de abril habrá un encuentro entre las autoridades involucradas para explicar con detalles a los pobladores.

“Lo que pasa es que nosotros ya tenemos vida hecha aquí. Tenemos hijos en la escuela, muchos tienen negocios que dependen de La Carpio y reubicarnos de primas a primeras altera nuestro sistema de vida”, dijo con incertidumbre el nicaragüense Leopoldo Domínguez, vicepresidente de esta asociación.

Según Jiménez y Domínguez, sobre los 12,800 metros cuadrados donde se construirá, hay 69 casas donde habitan unas 100 familias, la mayoría de origen nicaragüense.

Entre ellas hay once familias ilegales, pero Guardia se ha comprometido en buscar alternativas para ellas con apoyo de la asociación Ticos y Nicas: Somos Hermanos.

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