En el discurso que pronunció en la Plaza de la República, el martes en la noche, para inaugurar “popularmente” la disminuida Cumbre Alimentaria de Managua a la que finalmente no vinieron los presidentes de México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela y República Dominicana, el presidente Daniel Ortega ni siquiera mencionó el paro del transporte que desde el lunes mantiene al país semiparalizado. Fue una omisión injustificable, sin duda, tanto por el enorme impacto nacional de este conflicto como porque Daniel Ortega tiene un compromiso histórico, político y moral con los transportistas y, por lo tanto, una particular obligación de atender y resolver sus demandas.
¿O es que ya se olvidó el presidente Ortega, que durante los gobiernos democráticos él no sólo respaldó las demandas y los paros de los transportistas, sino que hasta los indujo a realizar protestas violentas para darle sentido a su desestabilizadora estrategia política de “gobernar desde abajo”?
Las demandas que plantean ahora los transportistas son prácticamente las mismas que plantearon durante los gobiernos democráticos. Y si en aquellas circunstancias ellos fueron respaldados y alentados por Daniel Ortega, lo lógico es que también las respalde en esta ocasión y les brinde la debida atención y solución. Es más, los transportistas ni siquiera debieron ir al paro. Desde que comenzaron a presentar sus demandas y pidieron el diálogo y la negociación con el Gobierno, el presidente Ortega debió atenderlos personalmente y satisfacer sus peticiones, u ofrecerles alternativas válidas y viables.
Cabe señalar al respecto que el señor Orlando Núñez, asesor de las políticas sociales del presidente Ortega, ha expresado que considera justa la demanda de los transportistas de que se congelen los precios de los combustibles y que el Gobierno debería contemplar su aceptación, porque es algo que según él favorecería la estabilidad de precios. Por cierto que esto ha motivado la suspicacia de algunas personas, las cuales piensan que el paro del transporte pudo haber sido provocado por el propio Daniel Ortega para justificar la imposición del control de precios de los combustibles y de todos los artículos y bienes de consumo popular. Lo cierto es que el mismo Ortega así lo insinuó en su discurso en la Plaza de la República el martes por la noche, al decir que los televisores y los vehículos “sí pueden regirse por el sistema impuesto por el imperialismo y la oligarquía” (es decir, por la oferta y la demanda), pero “los alimentos básicos no pueden quedar en manos del libre mercado”.
Sin embargo, asumiendo que el paro del transporte no es parte de una estrategia perversa de Daniel Ortega, sino que responde a los verdaderos intereses de los transportistas, el Gobierno tiene la obligación de atender y resolver el problema. Pero no por medio de medidas irresponsables que más bien agravarían la situación, como sería el caso del congelamiento de precios de los combustibles y de los productos y bienes de consumo popular, lo cual abriría la caja de Pandora de las grandes calamidades que ya sufrió la población en los años ochenta.
El Gobierno puede resolver la demanda de los transportistas de manera positiva, por ejemplo asignando para el subsidio del combustible una parte de los beneficios del negocio petrolero con Venezuela. Como lo han expresado dirigentes de la alianza política de izquierda democrática, MRS, eso no significaría ni el 25 por ciento de las ganancias que producirá este año ese negocio que se escapa al control público.
Por su parte, los diputados democráticos deben defender el sistema económico de libre empresa y de libre mercado que está establecido y garantizado por la Constitución Política de Nicaragua. A ese efecto deberían legislar para que el titular del Ejecutivo no cometa la insensatez de imponer el control de precios. No hay que descartar la posibilidad de que el gobierno de Daniel Ortega trate de aprovecharse del paro del transporte y de la crisis alimentaria, para justificar el control de precios de los combustibles, de los granos básicos y de todos los productos y bienes de uso y consumo popular, como ya lo hizo en los años ochenta con consecuencias desastrosas para el mismo pueblo al que decía proteger.
A Daniel Ortega hay que atarle legalmente las manos, mientras aún sea posible.