En vísperas de la celebración oficialista del Primero de Mayo, en algunos círculos del país había mucho temor por los rumores que corrían por todos lados, acerca de que el presidente sandinista Daniel Ortega anunciaría drásticas medidas económicas. Muchos pensaban que después de lo que el presidente Ortega hizo contra la compañía transnacional Esso —a la que obligó a compartir con Petronic sus instalaciones— y luego de la agresión “legal” contra el Banpro —para negar o postergar el pago de los bonos estatales llamados Cenis y obtener una parte de las acciones de dicha entidad bancaria—, cualquier despropósito gubernamental puede ocurrir en el país.
Además, antes de la celebración gubernamental del Primero de Mayo, había llamado poderosamente la atención el hecho de que activistas del Gobierno y de organizaciones de masas sandinistas colocaron en la vía pública mantas con leyendas en contra de empresas comercializadoras de granos básicos, incluso contra el monopolio del arroz, que pertenece a potentados sandinistas.
De manera que lo menos que podían temer los sectores empresariales independientes, era que en su discurso ante los partidarios sandinistas y los empleados públicos obligados a ir a la plaza a escuchar su discurso, Daniel Ortega decretara el control de precios, la nacionalización del comercio interior y la intervención de algunas empresas privadas que él considera como estratégicas.
Sin embargo, el discurso de Ortega en esta ocasión no fue más allá de la acostumbrada diatriba contra Estados Unidos, contra las compañías transnacionales, contra los capitalistas nicaragüenses que no forman parte de la nueva burguesía sandinista, contra la oposición política democrática, contra las organizaciones de la sociedad civil que no se someten al Gobierno y sus CPC y, en fin, contra todos aquéllos a quienes el singular Presidente de Nicaragua califica como sus enemigos y los amenaza. Y seguramente no fue porque no quisiera imponer esas medidas, que Ortega no las anunció en la celebración gubernamental del Primero de Mayo.
Lo que pasa es que en su imaginario populista no han madurado todavía las condiciones para dictar esas y otras políticas de “radicalización de la revolución”, pues para Daniel Ortega y sus seguidores el desgobierno autoritario y corrupto que impera en Nicaragua es la segunda etapa de la revolución sandinista, o en todo caso una nueva revolución que se está desarrollando en el marco del socialismo del siglo XXI, que impulsa y financia desde Caracas el dictador militar venezolano Hugo Chávez.
Todo lo que ha hecho el gobierno de Daniel Ortega hasta ahora, incluyendo las antes mencionadas acciones contra las empresas Esso, Unión Fenosa y Banpro, así como la privatización en beneficio propio o de su partido de la cooperación petrolera venezolana, y las agresiones a la libertad de prensa y a medios de comunicación y periodistas independientes, son señales inconfundibles de todo lo que Ortega está dispuesto a hacer contra Nicaragua, en la medida en que se fortalezca su régimen autoritario y que maduren las condiciones para radicalizar su “revolución”.
Los objetivos de Ortega son los mismos de los años ochenta, que no los pudo alcanzar a pesar de todo el respaldo político, económico y militar que recibió de la Unión Soviética y demás países del campo comunista, debido a la tenaz resistencia armada contrarrevolucionaria, a la lucha cívica democrática dentro del país y al apoyo activo y efectivo que brindaron Estados Unidos y otros países de la comunidad democrática internacional, a la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura totalitaria. Lo único que ha cambiado Ortega son los métodos para tratar de conseguir sus propósitos. Es decir, en vez de confiscar empresas presionarlas para que se sometan al Estado o pasen a manos de la burguesía sandinista. En virtud de aplastar policialmente a los adversarios políticos y competidores económicos, utilizar los mecanismos de la ley y de las instituciones judiciales y fiscales, así como los recursos petroleros facilitados por Hugo Chávez, para comprar a unos y para neutralizar y liquidar “legalmente” a otros.
Sólo los tontos útiles y los “vivos” que piensan que van a sobrevivir al amparo del pacto corrupto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, no pueden o no quieren ver el tsunami totalitario que se le podría venir encima a Nicaragua. Y cuando lo quieran ver podría ser demasiado tarde.