Uno de los recursos más comunes y efectivos que dispone el Estado para resolver problemas financieros, es la emisión de títulos valores para conseguir dinero líquido. El objetivo puede ser enjugar déficits fiscales transitorios, o hacer inversiones de interés nacional como fue, por ejemplo, el proyecto del ferrocarril San Miguelito-Monkey Point, o para atender necesidades urgentes como el pago a los ahorrantes en los bancos quebrados. Y los compradores de los títulos valores del Estado pueden ser extranjeros, como el Sindicato de Ethelburga, de Londres, o los banqueros Selgman and Brother de New York. O pueden ser nacionales, como los bancos nicaragüenses que adquirieron los Cenis.
Don Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, quien fue Presidente de Nicaragua en el período de 1875 a 1879, pudo acometer la construcción del Ferrocarril del Pacífico sin recurrir a empréstitos, porque su predecesor, don Vicente Cuadra, le dejó recursos suficientes y una gran capacidad de endeudamiento. Por su parte, el presidente liberal José Santos Zelaya emitió bonos para pagar sus aventuras militares en la región, obligando a sus adversarios granadinos a comprarlos, alegando que eran para pagar los gastos causados por los conservadores con sus guerrillas.
Después de la guerra constitucionalista de 1926 a 1928, el gobierno liberal del general José María Moncada se comprometió a pagar los daños causados a particulares en sus propiedades rurales. Una comisión tripartita fijó la suma de indemnización en una décima parte de lo reclamado y de todos modos, los bonos servían para pagar impuestos o ser resarcidos en efectivo, si salían premiados en loterías ad hoc.
Al subir al poder doña Violeta Barrios de Chamorro, el Banco Central emitió títulos valores a plazo corto o pagando interés hasta del 10 por ciento, para darle liquidez al Gobierno. En todos esos casos, las transacciones del Estado con particulares tenían el sello de la voluntariedad y la confianza, pues todos los títulos valores fueron honrados a su vencimiento.
Dada la puntualidad en el pago de sus propios bonos por los gobiernos nicaragüenses, al presidente Arnoldo Alemán le fue fácil colocar en la banca privada los 500 millones de dólares necesarios para pagar a los ahorrantes de los bancos quebrados en el año 2001, pues de otra manera se hubiera producido una estampida financiera y un descrédito para el sistema bancario. Por ello no hubo ningún reproche.
Años después, el gobierno de don Enrique Bolaños negoció en pleno clima de libertad plazos mayores con intereses más bajos para dichos bonos. Sólo el Banco de Finanzas (BDF) no aceptó negociar, y nada le pasó. En cambio, con el nuevo gobierno de Daniel Ortega, previa campaña de acoso a los bancos acreedores se les obligó a aceptar retraso en el vencimiento de los bonos, mientras se les forzaba a entregar los títulos valores. Esta manera de negociar teniendo al otro prácticamente en cautiverio, es chantajista. El actual Gobierno ha hecho maniobras judiciales de dudosa legalidad para apoderarse de los títulos valores o Cenis y colocarlos en custodia en el Banco Central, mientras por otro lado negociaba con los dueños de esos Cenis, presionándolos a aceptar los términos de plazo e intereses fijados arbitrariamente por el mismo Gobierno.
Las transacciones comerciales en una democracia tienen como base la libertad de las negociaciones. Pero lo que se ha hecho con los Cenis es algo parecido al secuestro por parte de un grupo de forajidos sandinistas, en agosto de 1993, de prominentes miembros de la UNO para obligarlos a aceptar un acuerdo político. Utilizando ese método chantajista de negociación en el caso de los Cenis, el actual Gobierno y la autoridad fiscal y judicial a su servicio han confirmado que se trata de una estrategia sucia, para quitarse de en medio a molestosos rivales políticos y de paso apropiarse parcialmente de un importante banco del país. Como quien dice, le han dado al gangsterismo rango de política de Estado.
Siempre lo hemos dicho y lo repetimos ahora. El caso de los Cenis amerita una verdadera investigación, independiente e imparcial. Para eso debería integrarse una comisión extraordinaria en la que junto al Gobierno Central, la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y el ministerio fiscal, participen también representantes de la sociedad civil y periodistas independientes. ¿Se atrevería el gobierno de Daniel Ortega a aceptar una sugerencia como ésta?