El Diario LA PRENSA informó en su edición del viernes pasado, bajo el título “Ortega da otro golpe a la Asamblea”, que el Presidente reformó por decreto la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, al “nombrar a Joel Dixon como secretario de asuntos indígenas, pero con rango de viceministro”.
Nos parece que es bueno que el Gobierno tenga una secretaría de asuntos indígenas, que más bien debería ser un Ministerio considerando que en el país hay importantes minorías indígenas y según lo define la Constitución Política en su artículo 8, “El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica…”
Sin embargo, es obvio que al crear la secretaría presidencial de asuntos indígenas con el rango de viceministerio, lo que ha pretendido el presidente Ortega es no cumplir el mandato constitucional de que la Asamblea Nacional debe conocer y ratificar los nombramientos de los ministros y viceministros de Estado; una disposición que fue incorporada a la Constitución con la reforma del año 2006, precisamente por iniciativa y con el respaldo del mismo Daniel Ortega, quien en aquel entonces quería limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo porque no era el Presidente de Nicaragua.
Está claro que Daniel Ortega quiere gobernar de manera autoritaria, evitando los controles institucionales, ocultando la información sobre los asuntos de interés público, violando la ley de manera descarada o retorciéndola con maniobras tramposas. Así son todos los dictadores y personas autoritarias, como Daniel Ortega y Hugo Chávez. Pero el dictador venezolano al menos hizo que “su” Asamblea Nacional le aprobara una ley habilitante para gobernar por decreto en áreas de máxima importancia e interés nacional. En efecto, a mediados de enero del año pasado, Chávez le pidió a sus diputados —que son los únicos que hay en la Asamblea Nacional de Venezuela, porque la oposición se abstuvo de participar en las elecciones legislativas—, que lo habilitaran mediante una ley especial para legislar y gobernar por decreto.
En aquella oportunidad Hugo Chávez justificó su autoritaria disposición con el argumento de que: “Ya tenemos la lista de leyes… leyes viejas que hay que reformar, leyes nuevas que dictar, leyes que hay que sustituir por otras, leyes que hay que inventar, en el marco de la Constitución. Tienen que ser leyes revolucionarias”. Pero aunque sea una aberración jurídica, la Constitución de Venezuela —que Hugo Chávez también hizo aprobar de acuerdo con sus intereses de dictador militar, como un uniforme que se mandó a hacer a la medida— autoriza al Presidente a disponer de una ley habilitante para legislar él mismo y gobernar por decreto. La Constitución de Nicaragua, en cambio, no le permite a Daniel Ortega tener una ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional.
Sin embargo, de todas maneras él se las ingenia para hacer cualquier clase de trampas legales, como por ejemplo la de dar rango de ministerio o viceministerio a las secretarías de la Presidencia, a fin de evadir el control parlamentario y evitarse la molestia de tener que pedir a los diputados que le ratifiquen los nombramientos de miembros de su Gabinete de gobierno.
Al comenzar el ejercicio presidencial de Daniel Ortega, en enero del año pasado, la Asamblea Nacional reformó la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Pero en vez de cortarle las uñas a Ortega e impedir legalmente que le diera curso a sus impulsos dictatoriales, los diputados dejaron abiertos los portillos por medio de los cuales aquel pudo imponer sus organismos de poder personal y conyugal llamados CPC y cometer las diversas arbitrariedades que ha hecho desde entonces.
Lo que pasó fue que los diputados, al reformar la Ley 290 cedieron a las pretensiones autoritarias de Daniel Ortega, unos por acatamiento al pacto, otros porque vieron una oportunidad de obtener ventajas políticas y materiales de la situación, y algunos más por inexperiencia e ingenuidad. Pero todavía es tiempo de inhabilitar a Ortega en sus apetitos dictatoriales, por medio de otra reforma a la Ley 290. Y hay que hacerlo pronto, para impedir que siga violando la legalidad, atropellando la democracia y arruinando la economía nacional. De otro modo, después sólo quedaría la posibilidad de lamentarse.