- Además de asilar a guerrilleras, utilizó con mentiras su espacio aéreo
AP
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El Gobierno de Colombia consideró como un “acto inamistoso” y un “flagrante abuso del principio de la buena fe” el hecho que Nicaragua haya empleado un avión militar para trasladar, por el espacio aéreo colombiano, a dos guerrilleras de ese país, a las que el gobierno del presidente Daniel Ortega brindó “asilo humanitario”, según una nota de protesta dirigida al canciller nicaragüense Samuel Santos.
La operación del gobierno de Ortega, realizada el pasado domingo, causó molestia en el Ejecutivo de Colombia, al que previamente las autoridades nicaragüenses pidieron autorización para sobrevolar su espacio aéreo, pero alegando que la misión de la aeronave era de “traslado de personal en gira oficial a la República del Ecuador”.
Pero el caso no queda ahí, ya que la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, confirmó ayer que las tres extranjeras, dos colombianas y una mexicana, que resultaron heridas durante el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Ecuador, el pasado 1 de marzo, no podrán ser extraditadas “al país donde están siendo perseguidas; pues están cubiertas por la protección del asilo que les otorgó el Gobierno de Nicaragua”.
En la nota de protesta, dirigida por el canciller colombiano Fernando Araujo, se establece que recibieron con “sorpresa” que la misión fue organizada para trasladar de Quito a Managua, en un avión militar, a las guerrilleras Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez Torres.
Ellas y la mexicana Lucía Morett, todas asiladas ahora en Nicaragua, fueron rescatadas heridas por militares de Ecuador en el campamento de las FARC en ese país.
Según Araujo, este traslado constituye una clara violación a lo estipulado en el Artículo Tres de la Convención sobre Aviación Civil Internacional.
Este convenio, suscrito en Chicago (Estados Unidos) en 1944, establece que ningún avión estatal de un Estado parte podrá volar sobre otro o aterrizar en él “sin haber obtenido autorización para ello, por acuerdo especial o de otro modo, y de conformidad con las condiciones de la autorización”.
“El Gobierno de Colombia se declara profundamente preocupado por este flagrante abuso del principio de la buena fe, el cual debe prevalecer en las relaciones entre Estados, con el objeto de favorecer a personas allegadas a grupos terroristas”, puntualizó el canciller Araujo; según informa la agencia EFE.
Por su parte la titular de Gobernación, Ana Isabel Morales, sostuvo que desde el momento en que el Estado de Nicaragua otorgó el asilo comenzó la protección de estas personas.
En esta semana la Fiscalía de Ecuador demandó la extradición de las jóvenes por considerar que presuntamente tienen nexos con las FARC.
Según Morales, tanto el asilo como el refugio “establecen de forma tácita que bajo ninguna circunstancia se puede repatriar, o deportar o regresar al país (reclamante) al ciudadano que solicita el asilo o el refugio”.
Consultada Morales sobre la preocupación por parte de algunos diputados por supuestos vínculos de las tres ciudadanas extranjeras, asiladas en Nicaragua, con las FARC, que está considerada como una organización terrorista, respondió que habría que ver esos casos, pues depende del interés de cada país.
“Hay algunos países que señalan que estas ciudadanas son terroristas y sin embargo, refugian en su país a terroristas y voy a poner el caso de Estados Unidos con (Luis) Posada Carriles. Le dieron la protección y es un terrorista, comprobado”, dijo Morales.
HABLA EMBAJADOR
El Embajador de Colombia en Nicaragua, Antonio González Castaño, confirmó a LA PRENSA la nota de protesta donde le expresa al Gobierno nicaragüense la preocupación por haber trasladado a esas dos presuntas guerrilleras.
“Hubo una distorsión y una utilización de la buena fe de las autoridades de Colombia, que otorgaron ese permiso en el entendido de que se trataba de una solicitud de colaboración con las fuerzas militares de Nicaragua”, refirió González.
Además, mencionó que la carta de protesta es un mecanismo que se utiliza con cierta frecuencia para expresar “cualquier molestia” y lo que se pretende con ella es que este tipo de situaciones “no se repitan”.
NICARAGUA PREPARA RESPUESTA
El Viceministro de Cooperación y Canciller por la Ley, Valdrack Jaentschake, aseguró que especialistas y un equipo jurídico del Gobierno trabajan para responder la protesta expresada por Colombia.
Jaentschke dijo que no podía revelar detalles de la nota, pero afirmó que “en su momento, cuando esté lista”, será revelada a los medios de comunicación.
Negó que este nuevo desacuerdo con Colombia aumente las tensiones entre ambos países, enfrentados por un conflicto limítrofe sobre el Mar Caribe, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, que en diciembre pasado reconoció su jurisdicción para resolver la disputa.
Jaenstschke reiteró que Nicaragua otorgó el asilo porque “los luchadores sandinistas siempre tuvimos la solidaridad de Latinoamérica y el mundo”, durante la dinastía somocista, y por eso tienen una “responsabilidad ética” con otros.
PRIMERO CITARÁN
La diputada Jamileth Bonilla, presidenta de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, señaló que de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procederán a citar al canciller Samuel Santos y al Jefe del Ejército, Omar Moisés Halleslevens, para que informen sobre lo relacionado al asilo y traslado de dos colombianas.
La solicitud de comparecencia, tanto del canciller como del jefe militar, se hará posterior a un análisis que se haga de parte de los miembros de esa comisión, sobre la información que exista sobre Morett y las colombianas, además del desarrollo del caso en los Estados involucrados.
La parlamentaria no descartó que la comparecencia se realice en conjunto con la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, que preside el diputado Enrique Quiñónez, y los jefes de las distintas bancadas, para que así todos tengan conocimiento del informe que brinden los funcionarios citados.
El diputado de la Convergencia y miembro de la Comisión del Exterior, Agustín Jarquín Anaya, considera que toda la actuación pública, a excepción de lo que pueda comprometer la estabilidad y la seguridad del país, debe estar “abierta al escrutinio de la gente y de la Asamblea Nacional”.
En lo que respecta al alquiler de un avión del Ejército de parte del Gobierno nicaragüense, Jarquín dijo que debe analizarse lo que respecta a los recursos con se que pagó la renta del medio aéreo, ya que son recursos de la población, además de lo que puede implicar esa decisión a nivel de política exterior.
Aunque el parlamentario dice estar de acuerdo con el manejo del Gobierno con su política exterior, le preocupa lo acontecido en los últimos días, por lo que debe haber una información de parte de las autoridades pertinentes. “En qué condiciones van a estar aquí esas personas, cuáles son los méritos para ese tratamiento, las fuentes de recursos para hacer estas movilizaciones”, observó Jarquín.
Por su parte el diputado sandinista, Edwin Castro, miembro de la Comisión de Justicia, expresó que no tenía información sobre el planteamiento de citar a funcionarios de Gobierno para que expliquen sobre los argumentos en los que se basaron para otorgar el asilo.
Castro se limitó a decir que va a esperar una información oficial de parte de la comisión, porque antes sería “especular”.
Por su parte Quiñónez descartó que la comisión que él preside vaya a citar al Jefe del Ejército, Omar Halleslevens, ya que eso es involucrar en un “juego” a la institución castrense, ya que ellos son subordinados a la autoridad civil, y al final, cumplen órdenes, y que en todo caso, al que se tiene que interpelar es al presidente Ortega, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
“Estamos haciendo el juego, queriendo enredar más la situación política en este país, con las instituciones, cuando al que deberíamos de citar a la Asamblea Nacional es al presidente Daniel Ortega”, precisó Quiñónez. Así también opinó el candidato a la Alcaldía de Managua por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eduardo Montealegre.
(Con la Colaboración de Arlen Cerda y Alina Lorío)
