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La diputada Jamileth Bonilla advirtió que los nombramientos diplomáticos, que ha hecho Daniel Ortega este año, necesitan el aval de la Asamblea Nacional. (LA PRENSA/ARCHIVO)

Últimos nombramientos diplomáticos serían inválidos

Cualquier nombramiento de funcionarios diplomáticos que el Presidente de la República, Daniel Ortega, haya realizado en lo que va del presente año, no son válidos, según la presidenta de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, Jamileth Bonilla. La diputada Bonilla informó que a más tardar el próximo lunes procederán a enviar una carta […]

Cualquier nombramiento de funcionarios diplomáticos que el Presidente de la República, Daniel Ortega, haya realizado en lo que va del presente año, no son válidos, según la presidenta de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, Jamileth Bonilla.

La diputada Bonilla informó que a más tardar el próximo lunes procederán a enviar una carta al canciller Samuel Santos, solicitando que envíe un informe escrito a la Comisión del Exterior, sobre los nombramientos que el presidente Ortega ha efectuado en el transcurso del presente año, los que perderían validez y tendrían que esperar la ratificación de la Asamblea Nacional.

La parlamentaria recordó que con la entrada en vigencia de las reformas constitucionales, aprobadas entre el 2005 y 2006, el Poder Legislativo debe ratificar cualquier nombramiento de diplomáticos que ocupen representaciones nicaragüenses en el exterior.

Las reformas constitucionales entraron en vigencia al no aprobarse una prórroga de la Ley Marco, que mantuvo suspendida la vigencia de las reformas constitucionales, producto de un acuerdo político del Frente Sandinista, liberales y el gobierno del ex presidente Enrique Bolaños, quien alegó en su momento que esas modificaciones a la Carta Magna lo que pretendían era restarle facultades.

La aprobación de las reformas constitucionales, durante la Administración de Bolaños, originó una crisis política y provocó que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviara una misión, para tratar de acercar posiciones entre los actores políticos involucrados en la crisis.

En esa ocasión, el presidente Bolaños recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) con la esperanza de que fuera revertida la aprobación de las modificaciones a la Carta Magna, ya que restan facultades al Presidente de la República.

Las reformas constitucionales entraron en vigencia después que las bancadas de oposición decidieran no prorrogar por un año más la Ley Marco.

LA PRENSA se comunicó con Relaciones Públicas de la Cancillería, para conocer sobre los nombramientos del presente año, pero no se obtuvo ninguna respuesta.

La diputada Bonilla dijo que la solicitud del informe, sobre los nombramientos, no está relacionada al tema del asilo otorgado a dos colombianas y una mexicana, porque éste será discutido aparte.

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