El Gobierno de Nicaragua ha presentado una demanda internacional para reclamar al menos 30 millones de dólares, contra la empresa transnacional española Barceló, dueña del hotel de playa del Pacífico nicaragüense Barceló Montelimar, por el supuesto incumplimiento del pago de 10 cuotas anuales, lucro cesante y daños y perjuicios. La demanda del Gobierno de Nicaragua ha sido puesta ante la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés de Multilateral Investment Guarantee Agency), organismo arbitral del Banco Mundial que tiene su asiento en la ciudad estadounidense de Washington DC.
El mencionado hotel de playa fue construido por el Estado de Nicaragua con el nombre legal de Complejo Turístico Montelimar, durante el Gobierno sandinista de 1979 a 1990, en terrenos e instalaciones que formaban parte de la valiosa Hacienda Montelimar, la cual pertenecía a la familia Somoza. Posteriormente, después que el Gobierno de los comandantes sandinistas arruinó el país en todos los aspectos — y debido a eso fueron derrotados en las elecciones de febrero de 1990 por la Unión Nacional Opositora (UNO) y la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro—, el antiguo hotel estatal de Montelimar había quedado tan deteriorado y descuidado, que cuando el nuevo Gobierno democrático lo vendió al Grupo Barceló, en 1993, se encontraba también bastante devaluado.
Según las informaciones que se han hecho públicas con respecto al hotel de Montelimar, el Grupo Barceló le pagó al Estado de Nicaragua, por esa propiedad, la prima de tres millones 30 mil dólares. Y se comprometió además, mediante el correspondiente contrato, que a partir del cuarto año posterior a la transacción “comenzaría a pagar 10 cuotas anuales que serían determinadas en función de la ocupación del Hotel Barceló”, tal como lo publicó LA PRENSA en su edición de ayer y lo ha venido informando detalladamente desde que se conoció el conflicto y se supo de la demanda. Acerca de esto los representantes del Grupo Barceló alegan que no le deben nada al Estado de Nicaragua, porque el hotel no logró durante esos años los niveles de ocupación estipulados en el contrato. Sin embargo, el Procurador General de la República ha advertido que lo estipulado en el contrato fue la forma de pago, no la obligación real, “por tanto, al no alcanzar el Hotel Barceló los porcentajes establecidos y pactados, no implica de forma alguna la exoneración, exención o condonación de la deuda”, según la misma información publicada ayer en LA PRENSA.
Sin duda que la instancia apropiada para dirimir este litigio es la antes mencionada agencia de arbitraje del Banco Mundial, MIGA, pues tal como ella misma lo establece en su página de presentación pública, su función es proporcionar “una protección disuasiva contra medidas gubernamentales que podrían causar trastornos en las inversiones y lo capacita para influir en la solución de las posibles diferencias, todo lo cual, en última instancia, acrecienta la confianza de los inversionistas”. Pero, además, el arbitraje internacional no es sólo un mecanismo efectivo para la resolución de controversias a favor de las empresas y los inversionistas, cuando éstas tienen la razón, sino que también favorece al Estado nacional, pues además de que reconoce la jurisdicción y competencia de la justicia del país de que se trate, al ser realmente independiente de las partes en conflicto dicta sus resoluciones o laudos de manera favorable para los Estados, cuando es a ellos a los que asiste la razón.
Ahora bien, noticias como ésta de la demanda del Estado de Nicaragua contra Barceló, lo mismo que los conflictos que el Gobierno ha provocado contra las empresas Exxon Oil de Estados Unidos y Unión Fenosa también de España, así como el escándalo por la resistencia a pagar la deuda pública de los Cenis y las diatribas del presidente Ortega contra el capitalismo global de Europa y Estados Unidos, causan incertidumbre y desalientan la inversión extranjera que es indispensable para el crecimiento y desarrollo del país. Sin embargo, si Barceló le debe dinero al Estado de Nicaragua, tiene que pagarlo. Y para determinar si existe o no la deuda que reclama la Procuraduría General de Justicia, lo mismo que para fijar su monto si éste fuera el caso, nada mejor que acudir a la correspondiente instancia internacional de arbitraje. De esa manera es que funcionan y deben funcionar la democracia, el Estado de Derecho y el orden jurídico internacional.