El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua tiene entre todos los poderes del Estado el más bajo índice de credibilidad pública. En efecto, el 79.99 por ciento de los ciudadanos desconfía de este Consejo Supremo Electoral, según ha indicado la más reciente encuesta de M&R Consultores.
Pero a los magistrados electorales no parece importarles su bajísimo nivel de credibilidad y muy alto grado de desconfianza pública. Por el contrario, como que se sienten a gusto con el desprecio de la sociedad, ya sea por arrogancia, por ensimismamiento burocrático, porque sólo les interesa la vida regalada que se dan a expensas del erario, o porque a propósito quieren desprestigiar el mecanismo básico de la democracia que es el sufragio popular.
En realidad, cualquier persona que conozca el abecé de la política y de la educación cívica sabe que las elecciones constituyen el punto de partida para hacer funcionar la democracia y para obtener sus beneficios, que ante todo son los de constituir el Estado de derecho y sentar las bases de una sociedad de gente libre, tolerante, pacífica, laboriosa y próspera. Las elecciones son también el mecanismo indispensable para la alternancia en el Gobierno, que es indispensable para prevenir el caudillismo y el poder absoluto, el cual, como sabiamente lo advirtiera el político inglés del siglo XIX, Lord Acton (1834-1902), corrompe absolutamente. Y quien lo dude que vea la historia de Nicaragua.
De manera que el interés en desacreditar el mecanismo institucional electoral ante los ciudadanos, sólo puede tener el propósito de inducirlos a que se abstengan de votar y favorecer así la permanencia de los autoritarios y corruptos en el poder. Eso es lo único que puede explicar las inverosímiles actuaciones recientes de los magistrados electorales, a saber: 1) adelantar el calendario electoral para que los partidos opositores no tuvieran tiempo de formar alianzas sólidas; 2) despojar a Eduardo Montealegre de su partido, la ALN, y entregarlo a un aliado oficioso del Frente Sandinista, sin duda que para eliminar la candidatura del principal aspirante democrático a la Alcaldía de Managua, lo que sin embargo no consiguieron por la decisión de Montealegre de inscribir su candidatura en la casilla del PLC; 3) cancelar las personalidades jurídicas al Partido Conservador y sobre todo al MRS, porque éste podía captar muchos votos de izquierda y de simpatizantes del Frente Sandinista que han sido perjudicados por el desastroso gobierno de Daniel Ortega; 4) poner trabas a la observación internacional electoral independiente; y, 5) nombrar como miembros de los organismos electorales departamentales y municipales sólo o casi únicamente a miembros del FSLN y de un micropartido subordinado.
A todo eso hay que agregar el escándalo por el avión privado que usa el presidente del Consejo Supremo Electoral para sus viajes personales y familiares; y el hallazgo en una de las computadoras del extinto segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, de información sobre la cédula de identidad nicaragüense que se le dio a un agente de esa organización narcoterrorista colombiana. De manera que prácticamente todo o lo más importante que ha hecho y está haciendo el Consejo Supremo Electoral, apunta a desprestigiar el mecanismo del sufragio, a crear desconfianza de los ciudadanos en el ejercicio del voto, a alentar la abstención electoral en los comicios municipales del próximo 9 de noviembre.
Pero las fuerzas políticas democráticas no deben caer en esa trampa abstencionista que sólo favorecería al FSLN y al plan de Daniel Ortega de restaurar la dictadura y perpetuarse en el poder. Los ciudadanos democráticos deben tener la sabiduría suficiente para entender que en materia electoral, no hay nada definitivamente establecido antes de que se celebren las elecciones; y que los mecanismos del fraude y las voluntades fraudulentas fracasan irremediablemente cuando la votación ciudadana es masiva y la diferencia en las urnas es significativa.
Ante un aluvión de votos fracasa cualquier plan de fraude electoral. Así ha ocurrido en todas partes del mundo y también ocurrió aquí mismo, en Nicaragua, en febrero de 1990. Esto no se debe olvidar.