- Sería sepultar la posibilidad de obtener legalidad con una reforma migratoria
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Corresponsal/Miami
La organización pro inmigrantes Fraternidad Americana Nicaragüense exhortó a la población indocumentada en Estados Unidos a no acogerse al plan de salida voluntaria o autodeportación, propuesta por la Agencia de Inmigración Estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés), instancia encargada de hacer efectiva la deportación de indocumentados.
La Fraternidad hizo énfasis en que esa opción puede ser perjudicial para los inmigrantes que enfrentan deportación.
El abogado de Inmigración, Alfonso Oviedo, presidente de la Fraternidad Americana Nicaragüense, dijo en Miami que ese plan, efectivo del 5 al 22 de agosto, no ofrece ningún beneficio al inmigrante al tiempo que lo consideró de absurdo.
“Es una estratagema, pura demagogia, es una cuestión política que realiza el Gobierno para contentar a cierta gente que es completamente xenófoba, definitivamente ir a entregarse para pagar uno su pasaje y salir deportado, eso no es una buena propuesta de partida voluntaria”, explicó el especialista en Inmigración.
“¿Cuál es el problema del que se entrega? En primer lugar que se va deportado, eso significa que no podrá regresar a Estados Unidos por un período de diez años y, después de esos diez años, podría regresar con un perdón que probablemente nunca se lo den; pero lo más grave es que mucha gente se puede ir sin darse cuenta si hay un remedio para su situación, si podría conseguir una residencia sin tener que irse”, comentó Oviedo.
FUERA DE REFORMA
Otra de las desventajas, a criterio del abogado nicaragüense en Miami, es que quienes se sometan al plan de autodeportación no serán beneficiados por una Reforma Migratoria que podría ser aprobada a más tardar en dos años.
“Será un año y medio o dos, pero va a ser aprobada porque los indocumentados no pueden continuar en la clandestinidad debido a que representa un problema para la seguridad de este país. Con esa base enorme de ilegales se pueden infiltrar los terroristas y es muy difícil encontrarlos, cuando tenés tanta gente de la que el Gobierno no tiene ni información ni control; como consecuencia es necesario legalizarlos para que haya orden y control de parte de las autoridades”, indicó.
Más de medio millón de indocumentados enfrentan una sentencia judicial de deportación, y este organismo desconoce qué cantidad de afectados son de origen nicaragüense.
Oviedo estima que más de la mitad de esas personas fueron sentenciadas en ausencia, sin que recibieran la notificación y por tanto los casos se podrían reabrir y buscar alternativas de permanencia.
Las últimas cifras del Gobierno indican que la población inmigrante indocumentada es de 11.5 millones, pero el organismo pro inmigrante Fraternidad Americana considera que la cantidad podría ser de hasta 20 millones.