Si el trabajo del Consejo Supremo Electoral (CSE) es “hacer” elecciones y si éste Poder del Estado es, como debe ser, imparcial e independiente de los partidos políticos, lo más lógico y normal es que se preocupe porque los comicios que se realizan bajo su responsabilidad sean transparentes, es decir, creíbles, respetables y aceptables por todos y para todos.
El abc de la democracia dice claramente que la cultura de transparencia electoral mejora el vínculo de confianza entre ciudadanos y poderes públicos, entre electores y candidatos a cargos electivos, entre los partidos políticos y el órgano o poder electoral del Estado. En fin, la transparencia electoral es un seguro de confianza política y por lo tanto de estabilidad institucional y de gobernabilidad. Y entre otros mecanismos y recursos que son indispensables para hacer transparente un proceso electoral, la observación nacional e internacional es de primera importancia.
Es por eso que el Consejo Supremo Electoral debería ser el más interesado en que cada proceso de elecciones que se realiza en el país, sea cubierto por la mayor y más diversa observación que sea posible. Y en sentido contrario, es insólito que sea precisamente el Consejo Supremo Electoral el que se niegue a permitir la observación de las elecciones, o que la regatee, la obstaculice y la restrinja de cualquier manera.
Si el Consejo Supremo Electoral no tiene nada oscuro que ocultar en la organización, celebración y escrutinio de las elecciones municipales del próximo noviembre, tampoco debería tener ningún interés en impedir o restringir la observación electoral, nacional y extranjera. Es más, la transparencia electoral que certifica la observación, va en provecho del mismo Consejo Supremo Electoral porque le da credibilidad nacional y le produce respeto internacional.
Se conoce que la observación electoral internacional se comenzó a practicar a mediados del siglo XIX, pero sólo después de la II Guerra Mundial fue que se generalizó y sistematizó. Su propósito era darle confianza a los electores así como credibilidad y legitimidad a los comicios en algunos países problemáticos. El objetivo de la observación electoral era y es el de fomentar la realización de elecciones libres y asegurar el respeto a los derechos fundamentales de participación política y escogencia democrática y limpia de las autoridades gubernamentales. Además, con la observación electoral se persigue disuadir las intenciones de fraude, no sólo en el momento mismo de las votaciones y el escrutinio, sino durante todo el proceso electoral. Y sirve también, la observación electoral, para informar y educar a los ciudadanos, a los activistas políticos, a los colaboradores cívicos y a los funcionarios que participan en la organización y realización de los procesos electivos.
En los últimos tiempos la observación electoral ya no es sólo internacional. También se practica la observación nacional por parte de organizaciones de la sociedad civil, que ayudan de esa manera a los organismos electorales y a los Estados en el aseguramiento de la transparencia política, la confianza ciudadana, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica. Sólo los regímenes autoritarios y chovinistas consideran la observación electoral como una intromisión en la política interna, y la impiden o la limitan, pues temen que se conozcan sus fraudes y les disgusta que se conozcan las violaciones que cometen contra los derechos humanos de sus gobernados.
En Nicaragua, el artículo 10, inciso 8 de la Ley Electoral le confiere al Consejo Supremo Electoral la atribución de: “Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”. O sea que la observación electoral, nacional e internacional, se encuentra establecida en la Ley y no le corresponde al Consejo Supremo Electoral autorizarla o negarla, sino únicamente reglamentar la acreditación y participación de los observadores, nacionales y extranjeros. En consecuencia no hay ninguna razón para que el Consejo Supremo Electoral regatee y mucho menos para que impida la observación electoral independiente, a menos que tenga algo que ocultar y que sea cierto lo que dicen los voceros de los partidos políticos de oposición, de que se está fraguando un fraude para que el Frente Sandinista y Daniel Ortega “ganen” las elecciones y fortalezcan su proyecto de restablecer la dictadura.