El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) dieron a conocer ayer un comunicado conjunto en el que llaman a los diputados de la Asamblea Nacional a que aprueben “en el menor tiempo posible la iniciativa de Ley de Defensa a la Libertad de Expresión…” “y cualquier otro proyecto de ley cuya iniciativa sea defender la libertad de expresión”.
Fieles a la tradición de la empresa privada independiente, de promover y defender la libertad de prensa en Nicaragua, las organizaciones de la cúpula empresarial resaltan en su comunicado “la importancia que tiene para los nicaragüenses la consolidación del Estado democrático de Derecho basado en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados”; se pronuncian por la aprobación del “marco legal que garantice y permita superar cualquier obstáculo al ejercicio pleno” de la libertad de expresión; e instan a los legisladores a aprobar las iniciativas de ley que permitan “a todos los nicaragüenses gozar del derecho a la información y a los medios de comunicación poder buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de forma objetiva, libre y sin restricciones”.
El mismo día en que se conoció este llamamiento de las organizaciones empresariales Amcham y Cosep, es decir ayer, en las páginas de Opinión de LA PRENSA se publicó también el artículo titulado “El precio del silencio”, del periodista uruguayo Danilo Arbilla, quien es director de la revista Búsqueda y fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En ese artículo Arbilla advierte que “la libertad de expresión es el derecho menos protegido, el más desamparado”, y señala con toda razón que “parece ridículo que tenga que hacerse una ley para que los funcionarios y las instituciones de una democracia cumplan con su obligación de actuar con total transparencia y de dar cuenta a sus mandantes lo que hacen en su condición de representantes transitorios”.
De igual modo, en consonancia con ese pensamiento del periodista uruguayo, debemos decir que parece ridículo que se tenga que pedir a los diputados de la Asamblea Nacional que aprueben una ley para proteger y garantizar la libertad de expresión y de información en Nicaragua, siendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
También parece ridículo que se esté pidiendo a los diputados que protejan legalmente el derecho a la libertad de expresión y de información en Nicaragua, cuya Constitución Política garantiza expresamente (artículo 68) para todos los nicaragüenses, “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro medio de su elección”. Y luce ridículo, además, que se tenga que pedir a los diputados que deroguen la llamada “Ley Arce” contra la libertad de información, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el período de gobierno anterior por instigación del ex diputado del FSLN, Bayardo Arce; la cual es inconstitucional porque impone cargas fiscales a la importación de papel para periódicos, maquinaria, repuestos y otros equipos para los medios de comunicación social, a pesar de que el artículo 68 de la Constitución establece de manera taxativa que tales importaciones “estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales”.
La “Ley Arce”, además de ser inconstitucional, constituye una forma de censura de prensa, si se considera que ésta consiste en el uso del poder en cualquier forma, por parte del Estado o de algún grupo influyente, para controlar de una u otra manera la libertad de expresión y de información. La “Ley Arce” es una aberración legal y política, una ofensa a la decencia jurídica y un ultraje a la democracia y la libertad, que los diputados democráticos deben corregir “en el menor tiempo posible”, tal como han dicho el Cosep y Amcham en su declaración conjunta difundida el día de ayer. Y depende de la junta directiva de la Asamblea Nacional, en la que hay mayoría democrática, que esas iniciativas de ley para la protección de la libertad de prensa pasen pronto a discusión y aprobación en el plenario legislativo.