Existen motivos más que suficientes para preocuparse por la información de que una cédula de identidad nicaragüense fue tramitada para el connotado terrorista colombiano de las FARC, Alberto Bermúdez, bajo la falsa identidad de René Alberto Gutiérrez Pastrán. En realidad, el solo hecho de que un agente internacional de las FARC haya podido obtener una cédula de identidad de Nicaragua, hace temer que podría haber otras acreditaciones de falsos ciudadanos nicaragüenses —tanto cédulas como pasaportes— en poder de individuos de otras nacionalidades que las usan para actividades ilícitas de cualquier naturaleza. Los hechos del pasado reciente de Nicaragua justifican esta preocupación y deberían motivar a una investigación oficial, al menos por parte del sector opositor de la Asamblea Nacional.
No se puede olvidar que durante los años ochenta del siglo XX recién pasado, bajo el primer gobierno de Daniel Ortega —1979-1990—, los nicaragüenses que viajaban a otros países eran vistos como sospechosos y sus documentos de viaje y equipajes sometidos a un examen meticuloso, sólo por viajar con pasaportes de Nicaragua. Por supuesto que tal “atención” especial a los viajeros nicaragüenses ocurría sólo en los países democráticos, sobre todo en Estados Unidos. En los países comunistas a los viajeros nicaragüenses más bien los trataban en forma deferente, pues habitualmente eran miembros del FSLN, o de los organismos de masas oficialistas, o del Gobierno y en todo caso personas de su confianza.
A los viajeros nicaragüenses comunes y corrientes les irritaba el “tratamiento especial” que recibían de las autoridades migratorias de otros países. Creían que se trataba de una caprichosa discriminación sólo porque eran oriundos de un país dominado por una dictadura revolucionaria pro comunista, como si eso fuera su culpa. Ignoraban que las autoridades de inteligencia y seguridad de esos países tenían información suficiente acerca de que no pocos terroristas, agitadores profesionales y mercenarios internacionalistas de distintos países, viajaban por el mundo con pasaportes nicaragüenses.
Eso se pudo conocer después del atentado terrorista del 26 de febrero de 1993 contra el World Trade Center de Nueva York, cuando una furgoneta cargada con explosivos de gran potencia explotó en el nivel B-2 del estacionamiento subterráneo de las Torres Gemelas, las que ocho años y medio después se derrumbarían como consecuencia del segundo, peor y definitivo ataque del terrorismo internacional contra Estados Unidos, hecho catastrófico que cambió la historia de ese país y de todo el mundo.
Nicaragua resultó embarrada en el primer atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, porque algunos de los terroristas que lo perpetraron portaban pasaportes nicaragüenses, tal como se reveló en las investigaciones posteriores. Y cabe recordar que sólo tres meses y medio después del primer atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York y la gente que se encontraba en ellas, el 23 de mayo de ese mismo año de 1993 estalló en Managua el “buzón de Santa Rosa”, como se le llamó a un depósito de armas y explosivos que terroristas extranjeros tenían en un taller de mecánica ubicado en ese popular barrio del noreste de Managua. Tres personas murieron y 16 casas quedaron destruidas por las explosiones, y entre los escombros fueron encontrados documentos con planes para secuestrar a millonarios latinoamericanos, así como centenares de documentos de identidad y pasaportes de 23 países, entre ellos Nicaragua.
Eso ocurrió en los años cuando Daniel Ortega y su FSLN gobernaban “desde abajo”, por medio de asonadas, huelgas políticas, manifestaciones públicas violentas, secuestros y toda clase de chantajes al endeble gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro; y después de que, durante la alucinante piñata sandinista del período de transición de febrero a abril de 1990, muchos extranjeros fueron nacionalizados y se expidió no se sabe cuántos pasaportes a terroristas y mercenarios internacionalistas, como los encontrados en el sótano de las Torres Gemelas de Nueva York y en el subterráneo blindado del “buzón de Santa Rosa”.
De manera que hay sobrada razón para preocuparse por el “cedulazo”. Y cuando menos los diputados de la oposición que no están sometidos a Daniel Ortega, deberían preocuparse por aclarar este caso, alrededor del cual la investigación periodística de LA PRENSA ha señalado indicios más que suficientes para motivar una investigación a fondo y deslindar las responsabilidades correspondientes.