Cuando los embajadores Francesca Mosca, de la Unión Europea, Eva Zetterberg, de Suecia, y Paul Trivelli de Estados Unidos, se fueron casi al mismo tiempo de Nicaragua porque terminaron sus funciones oficiales, muchos creyeron que la democracia nicaragüense quedaría sin defensores internacionales ante la intolerancia y los ataques dictatoriales del nuevo gobierno de Daniel Ortega.
El temor era comprensible, pues los diplomáticos mencionados eran los que criticaban abiertamente las arbitrariedades del gobierno de Ortega, y respaldaban a las organizaciones sociales, partidos políticos, medios de comunicación independientes y personas democráticas del país. Precisamente por eso fue que el presidente Ortega los atacó duramente, incluso sin considerar la condición de damas de las embajadoras Mosca y Zetterberg. Y con el embajador Trivelli, hasta cometió la grosería de negarle la condecoración que la Cancillería otorga habitualmente a los embajadores extranjeros , cuando terminan su misión en el país, no obstante que ya le había sido concedida públicamente.
Sin embargo, ante los constantes y desmesurados ataques del gobierno de Ortega contra el Estado de Derecho, la libertad de expresión y de organización, los derechos humanos en general y los principios de convivencia democrática en particular, la voz internacional de protesta por los atropellos y en solidaridad con los atropellados se ha vuelto a escuchar. Sólo que ahora no son expresiones personales de diplomáticos extranjeros, sino sobrias pero contundentes declaraciones institucionales. Tal es el caso de la declaración que los gobiernos de Europa dieron a conocer el miércoles 23 de octubre corriente, en la que se dice que: “Por decisión de los Gobiernos de sus 27 Estados Miembros, la Unión Europea ha realizado una gestión ante el Ministro de Relaciones Exteriores para expresar su preocupación por las investigaciones que se están llevando a cabo sobre ciertas Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua…”
La Unión Europea, que actualmente está presidida por Francia, “otorga una gran importancia a que las ONG puedan desarrollar libremente sus actividades, dentro del respeto a la legislación vigente. En efecto, la Unión Europea considera que las ONG juegan un papel esencial en la vida democrática y en el desarrollo de Nicaragua. La Unión Europea reafirma su compromiso de integrar plenamente a las ONG como actores de su estrategia de cooperación con Nicaragua”. De allí que la Unión Europea exprese “su preocupación por el acoso del que están siendo objeto varias ONG y, a través de ellas, ciertas personalidades de la sociedad civil. Las acusaciones realizadas desde los medios de comunicación no pueden sustituir a un proceso legal ante los tribunales. La Unión Europea se pregunta sobre los objetivos reales de estas maniobras de intimidación sobre ONG y personalidades de la sociedad civil”, dice el comunicado de los gobiernos democráticos de Europa, el cual concluye diplomáticamente ofreciendo que: “Si el Gobierno de Nicaragua lo considera oportuno, la Unión Europea está dispuesta a prestarle su ayuda para reflexionar sobre un marco jurídico transparente y justo para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil”.
Después de los 16 años de construcción democrática que transcurrieron desde que terminó la dictadura sandinista de los años ochenta hasta principios del 2007, la democracia nicaragüense debería poder defenderse a sí misma. Las ventajas de la libertad y la democracia fueron suficientemente demostradas a lo largo de ese período, de manera que los nicaragüenses deberían tener capacidad para rechazar y poner en su debido lugar a quienes pretenden restaurar la dictadura. Pero lamentablemente no es así. Del mismo modo que económicamente el país no puede vivir y desarrollarse por sus propios medios, y a pesar de su gran potencial necesita de la cooperación económica externa hasta para financiar su permanente déficit presupuestario, también en el campo político y social se sigue necesitando el apoyo internacional para defender la democracia y salvaguardar la libertad.
Daniel Ortega lo sabe muy bien y por eso trata de impedir la solidaridad externa con las fuerzas sociales y políticas democráticas del país, inclusive la observación electoral. Pero la comunidad democrática internacional también lo sabe, y no debe dejar solo al pueblo nicaragüense, abandonado y a merced de la nueva agresión dictatorial de Daniel Ortega y su grupo oligárquico, que es minoritario pero muy poderoso y absolutamente inescrupuloso.