A decir verdad, lo único que se ve claro en el caso de la triangulación de los cuantiosos fondos públicos que la Asamblea Nacional aprobó mediante una reforma presupuestaria —supuestamente para que la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) pagara una deuda petrolera del país, pero fueron desviados hacia una cooperativa privada denominada Alba-Caruna vinculada al partido de Gobierno—, es que se trata de un asunto que está sumamente turbio.
Esta triangulación fue denunciada por el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios en su programa dominical de televisión Esta Semana, y ha tenido tanta repercusión pública que la Asamblea Nacional tuvo que citar al Ministro de Hacienda del gobierno de Daniel Ortega para que aclarara el asunto ante los diputados. Pero el Ministro, en vez de aclarar el caso lo enredó más con sus “explicaciones”.
Como es del conocimiento público, en junio de este año la Asamblea Nacional aprobó una enmienda presupuestaria solicitada por el presidente Daniel Ortega, a través de la cual se asignó una partida extraordinaria de 388 millones de córdobas —equivalentes a 16.8 millones de dólares, más o menos— a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), para que pagara a Petronic una deuda por combustible utilizado “para la operación de las plantas de energía de esa empresa” (es decir, de Enel). Sin embargo, más de 26 millones y medio de córdobas de esa partida presupuestaria extraordinaria, o sea 1.3 millones de dólares, fueron a parar a la financiera privada Alba-Caruna, tal como lo precisó ayer LA PRENSA de acuerdo con las revelaciones del programa televisivo del periodista antes mencionado y con las propias investigaciones de este Diario.
El Ministro de Hacienda no pudo explicar el asunto ante la Asamblea Nacional, pero tampoco lo ha hecho Enel. De manera que lo único que se ha podido poner en claro, y esto gracias a las investigaciones periodísticas, es que hay un turbio manejo de fondos públicos y que la cooperación petrolera venezolana no es realmente una ayuda a Nicaragua. Lo cierto es que el petróleo lo compra el Gobierno y es pagado con dinero de los mismos nicaragüenses, una parte al contado y la otra a través de la contratación de deuda pública como se ha podido comprobar en el caso de la triangulación de dinero del Estado hacia Alba-Caruna. O sea que el presidente Ortega ha engañado a los diputados y le ha mentido al pueblo nicaragüense, al decir —como dijo el 30 de octubre del año pasado en una presentación que hizo ante la Asamblea Nacional— que los ingresos por el negocio del petróleo que son manejados por Albanisa, como se denomina la empresa mixta integrada por Petronic de Nicaragua y PDVSA de Venezuela, no constituyen deuda pública y que por lo tanto no se cargan al Presupuesto de la nación.
Sin embargo, a pesar de la denuncia pública de esta escandalosa triangulación de dinero público lo más seguro es que el asunto no pase a más, pues la Contraloría está subordinada al presidente Ortega y no se puede esperar que investigue y aclare el asunto. Tampoco se puede esperar que lo hagan los diputados, que son tan “ingenuos” que se dejan engañar por funcionarios como los del actual Gobierno, además de que por múltiples conveniencias personales, familiares y políticas, son muy pocos los parlamentarios que se atreven a desafiar al autoritario presidente Ortega y a cuestionar los turbios manejos gubernamentales. Y los organismos de la sociedad civil, que durante los tres gobiernos anteriores podían actuar como contraloría social de las acciones gubernamentales, ahora están muy ocupadas defendiéndose del acoso del Gobierno de Ortega, sin tiempo ni libertad para atender otras responsabilidades de interés público y democrático.
De manera que lo único que le queda a la población es conocer por lo menos algo de lo que se hace en las oscuras cumbres gubernamentales, gracias al trabajo de los medios de comunicación independientes, que enfrentan muchos obstáculos para hacer las investigaciones y revelarlas a la sociedad. A esto se debe la fobia y los ataques sistemáticos del presidente Ortega, lo mismo que de sus funcionarios y seguidores, contra los medios de comunicación y los periodistas independientes. Por eso es que Ortega quiere que en Nicaragua sólo haya medios de comunicación como los oficialistas, los cuales, igual que caballos cocheros sólo miran lo que —y hacia donde— les indica su amo.