- Las críticas contra el CSE y sus funcionarios fueron elementos para no acreditar a observadores nacionales
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El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, reconoció que sobre la decisión de no acreditar a los organismos de observación nacional como Ética y Transparencia y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), primó el aspecto político, debido a las críticas vertidas sobre la labor que realiza ese Poder del Estado, por lo que los acusó de perder la independencia y objetividad que debe existir en un observador electoral.
“Sencillamente, las posiciones políticas, las posiciones de prejuicio que se tienen contra la autoridad electoral que públicamente la han dado a conocer, hay unos reportes de periódicos donde Ética y Transparencia acusa al CSE de fraude desde antes del inicio del proceso electoral, se le acusa de ser un Consejo partidario, entonces, si ellos creen que son los que van a garantizar las elecciones, que lo garanticen ellos por sus propios medios”, indicó Rivas al tratar de justificar la negativa para que los nacionales vigilen los comicios.
Rivas añadió: “Nosotros estamos obligados a garantizar las elecciones de acuerdo a la ley y así lo vamos a hacer, el pueblo de Nicaragua escogerá a sus autoridades municipales y aquí se respetarán todos y cada uno de los votos de los ciudadanos, y si no es así, que el pueblo pida cuentas a este Tribunal”.
El presidente del CSE afirmó que la decisión de no acreditar a los dos organismos de observación nacional se basa en la “posición político-partidaria de algunos organismos, las acusaciones infundadas al CSE, la autoridad que tiene a su cargo el darle al pueblo de Nicaragua y garantizarle un proceso transparente”.
A juicio de Rivas, los mismos nicaragüenses tienen la capacidad para observar que el proceso electoral se desarrolle sin mayores anomalías.
“Nuestro pueblo es el mejor observador nacional que hay, es el pueblo nicaragüense con su participación el día de la elección el que puede darse cuenta si se está llevando adelante un fraude o no, es el pueblo nicaragüense el que se presenta de forma individual a ejercer ese derecho que le garantiza la Carta Magna, y a ejercer el derecho del voto libre, directo y secreto, es ese pueblo el que sabe si su voto fue respetado, ese mismo pueblo que puede verificar el resultado de una Junta en la pared externa del edificio donde está el Centro de Votación y verificarlo con los datos que el CSE está dando a conocer al público a través del sitio web”, expresó Rivas.
No obstante, en diversas ocasiones el CSE ha sido criticado por no publicar un restante 8 por ciento de los resultados electorales de las elecciones nacionales del 2006.
BASTA CON INTERNACIONALES
Rivas destacó que a diferencia de los organismos nacionales, sí están obligados a invitar a los organismos que pertenecen al Protocolo de Tikal, Protocolo de Quito y UNIORE, que aglutinan a los tribunales electorales de Centroamérica, el Caribe y América del Sur, por ser miembros de esas instancias.
Rivas considera que los miembros de las misiones invitadas tienen la capacidad suficiente para emitir un criterio técnico electoral, sobre cómo se desarrollaron los comicios.
“Yo creo que la calidad de observación que pueden dar los magistrados en servicio de distintos tribunales electorales es incuestionable, yo que he trabajado en esto de hacer elecciones en todos estos años, les decía a ellos, que a mí me basta con poco para observar un proceso y dar respuesta si un proceso está siendo o no transparente”, apuntó el magistrado electoral.
Por su parte, Rodolfo González Risoto, del tribunal electoral de Uruguay, no quiso pronunciarse sobre la decisión del CSE de no acreditar a la observación nacional, aunque señaló que en su país no existe la misma.
“Nosotros somos observadores y naturalmente que no vamos a emitir ningún juicio previo al acto, la información que vamos a recoger, oportunamente se la transmitiremos al CSE para su consideración y su evaluación, nosotros no hacemos nunca evaluaciones públicas, ni mucho menos previas, porque desde el punto de vista jurídico estaríamos juzgando”, adujo González.
Explicó que en el caso de Uruguay, al que considera tiene “una larguísima tradición en la aplicación del sistema democrático”, los únicos que pueden revisar los procesos electorales son los partidos políticos.
Dijo que tienen previsto realizar un trabajo de observación en cuatro rutas diferentes.
La primera implica desplazarse a los municipios de Tipitapa, Darío, Sébaco y Matagalpa.
Otros puntos a los que se movilizarán son, Masaya, Granada, Rivas y Jinotepe; una tercera ruta es Chinandega y León, y la cuarta, en Managua.
Aunque no se precisó el número de observadores internacionales que están en el país, se informó que son 24 organizaciones de los Protocolos de Tikal y Quito, así como de UNIORE, y en cuanto al CEELA señalaron que la misión está conformada por 15 miembros.
LLUVIA DE CRÍTICAS AL CSE
La ex presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, externó ayer su temor por el trabajo que han desarrollado los magistrados de ese Poder del Estado.
Zelaya, quien dirigió las elecciones nacionales de 1996 como presidenta del CSE, expresó que los brotes de violencia ocurridos en la última semana de campaña electoral, la ausencia de observadores reconocidos, la no entrega de cédulas de identidad y la falta de sanciones a quienes violaron la Ley Electoral, reflejan un desempeño lamentable por parte de las autoridades.
“No están cumpliendo con sus obligaciones de ser árbitros de esta contienda electoral y eso es como que si se está jugando futbol, beisbol, boxeo o lo que fuera y el árbitro permite que una de las partes haga actos irregulares durante el desarrollo de ese deporte, ¿qué hace la población? Abuchean al árbitro y lo pueden hasta sacar, y el Consejo es, como administrador, organizador y ejecutor, el encargado de aplicar la Ley Electoral, imponer el orden en ese sentido”, dijo Zelaya.
La ex presidenta del tribunal electoral calificó como “preocupante” la pasividad del CSE.
“Los hemos visto actuando con demasiada pasividad y es el Consejo el que tiene que velar por la armonía y que realmente sea una fiesta cívica y que no sólo sea retórica lo de la fiesta cívica, porque todos hablan de fiesta cívica y lo que hemos visto es violencia”, explicó Zelaya.
PLC MANTIENE CUESTIONAMIENTOS CONTRA CEELA
Mientras, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) declaró non gratos y de “dudosa credibilidad” a los miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latino América (CEELA), una de las pocas organizaciones acreditadas por el CSE.
Leonel Teller, vocero del PLC, fustigó a los representantes del CEELA, Guillermo Reyes y Nicanor Moscoso, por “avalar” el trabajo del CSE.
Teller recordó que el CSE no ha entregado todas las cédulas y que rechazaron la presencia de observadores electorales de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo el argumento de que esas misiones no tienen interés en observar procesos municipales.
“Para avalar al Consejo, nosotros nos preguntamos si los señores del CEELA han ido a visitar a la Unidad de Cuidados Intensivos a Claudio Olivas, candidato a concejal de Malpaisillo, baleado hace pocos días por un militante del FSLN. ¿Han ido a visitar a doña Elisa McGregor o a doña Regina de Quiñónez?, a quienes cobardemente las agarraron a pedradas en una caravana en Managua. ¿Han ido los señores del CEELA a visitar a cincuenta mil personas del país a quienes el Consejo les ha dado una muerte civil al negarles su documento supletorio o su cédula de identidad?”, cuestionó Teller al organismo de observación internacional, misión que se encuentra en el país desde el pasado mes de julio cuando firmó un convenio con el Poder Electoral.