- Por abuso de autoridad y discriminación
El magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, fue acusado ayer ante la justicia por un ex miembro de la Contra por abuso de autoridad al no acreditar, para los comicios municipales de este domingo, a observadores nacionales.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por el dirigente de una facción del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Luis Fley, aliado del Movimiento Vamos con Eduardo, que integra la alianza opositora que encabeza el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Fley, candidato a diputado en las elecciones nacionales pasadas y conocido como “Comandante Johnson” en las filas de la Contra, dijo en rueda de prensa que hay méritos suficientes para abrir un proceso en contra del magistrado Rivas por delitos de discriminación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
VIOLA CONSTITUCIÓN Y LEY ELECTORAL
“Queremos dejar evidenciado que el magistrado Rivas está violando la Constitución Política al no tratar en condiciones de igualdad a los observadores nacionales, al no permitirles su acreditación en este proceso electoral”, señaló.
Agregó que el presidente del tribunal electoral nicaragüense ha “demostrado favoritismo por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA)”, que sí fue acreditado para observar los comicios municipales.
En su denuncia Fley indicó que Rivas también violó la Ley Electoral “al no hacer una debida entrega de cédulas a través de la institución que preside”.
Además, añadió, violentó el Código Penal por abuso de autoridad y por incumplimiento de deberes.
¿QUÉ HARÁ LA FISCALÍA?
La Fiscalía nicaragüense no precisó si dará trámite o no a esa denuncia.
Nicaragua celebrará mañana domingo elecciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales en 146 de sus 153 municipios y en los restantes siete, en el Caribe Norte, serán el 18 de enero de 2009.
El proceso electoral solamente está siendo observado por delegados del CEELA y el Protocolo de Tikal, integrado por magistrados de Centroamérica y el Caribe.
El CSE, integrado por magistrados sandinistas y liberales, hasta última hora mantuvo su decisión de no acreditar a observadores nacionales como Ética y Transparencia y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) a pesar de que presentaron solicitudes para vigilar el proceso desde mayo y junio pasado, respectivamente.