- Universitaria originaria de Chontales recibe distinción de la comunidad peruana en Florida
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CORRESPONSAL/MIAMI
Los nicaragüenses Grace Damaris Siles, estudiante universitaria, y el abogado especialista en Inmigración, Alfonso Oviedo, fueron distinguidos en la ciudad de Miami con el premio Internacional Tumi, el máximo galardón que otorga la comunidad peruana en el exterior a destacadas personalidades.
Siles y Oviedo fueron premiados en las categorías de estudiante universitaria del año y profesional del año, respectivamente, en reconocimiento a la labor que cada uno realiza en su ámbito.
La entrega de los premios Tumi Internacional es un homenaje de la comunidad peruana a destacados profesionales, estudiantes, líderes comunitarios y políticos de diferentes nacionalidades que residen en Estados Unidos.
El Tumi es un evento que se realiza anualmente desde hace 14 años. Durante los primeros 12 años el premio fue otorgado a personalidades en Perú y fuera de ese país, pero desde hace dos años incluye a destacados de otros países.
Siles, originaria de Chontales, es una universitaria que cursa su carrera profesional en el Miami Dade College. Se considera una apasionada de las ciencias químicas y la anatomía humana, por lo que decidió estudiar Farmacia.
LE RECONOCEN APOYO A INDOCUMENTADOS
Oviedo, graduado de la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana de Managua en 1974, es también uno de los primeros nicaragüenses en graduarse en la Facultad de Derecho en la Universidad Internacional de la Florida, en 1981, tras llegar exiliado a Estados Unidos.
Fue premiado debido a su entrega en la promoción de leyes e iniciativas a favor de la legalización de inmigrantes indocumentados, como la Ley Nacara y el Estatus de Protección Temporal conocido como TPS, para nicaragüenses y hondureños afectados por el huracán Mitch.
Actualmente, Oviedo defiende a más de 600 niños nacidos en Estados Unidos, hijos de padres indocumentados que fueron deportados hacia sus países de origen por no poseer estatus legal en Estados Unidos.
La demanda contra el Gobierno de Estados Unidos, ante la Corte Suprema de Justicia, pretende demostrar que la fractura familiar a través de las deportaciones viola los derechos de estos niños, que están protegidos por la Constitución de esta nación y afecta la estabilidad emocional y económica de los menores.