Cierto es que en el lenguaje político se actúa, desafortunadamente, con mayor ligereza y menos cuidado en el uso de las palabras que en otras actividades, pero en Nicaragua esta tendencia a la descalificación mediante el uso de los términos que degradan y ofenden se ha transformado en una regla de conducta.
Particularmente demostrativa de este planteamiento es la actitud que se ha adoptado desde el poder, el que con el mayor desenfado acusa y agrede a todo el que se le oponga o que simplemente disienta de sus acciones o afirmaciones.
Es usual escuchar desde las tarimas presidenciales, que se han constituido en las tribunas del insulto, toda suerte de adjetivos que denigran y ofenden a todo el que discrepa y que forman, desde la perspectiva de quien agrede con el lenguaje, una masa indiferenciada que identifican con el nombre de “la derecha”, formada, de acuerdo con la terminología que utilizan, de oligarcas, peleles del imperio, ladrones, vende patria, entre otras expresiones que ya se han transformado en frases “sacramentales” en estas singulares comparecencias.
Aunque la oposición no está exenta de esta actitud, fue la “tarima” la que inauguró ese estilo de denigrar y acusar cuando todavía el país vivía los inicios del actual gobierno y cuando aún se pensaba en el voto de confianza y en la necesidad de conferir una segunda oportunidad al gobernante recién electo de parte de muchos de quienes le adversaban políticamente.
La razón de ese comportamiento es aún debatida entre diferentes sectores de la vida nacional. Hay quienes piensan que obedece a exabruptos que surgen en el orador al contacto con las masas, fruto del entusiasmo que nace del discurso y del contagio que produce la exaltación de un pueblo ante las frases encendidas del líder. En este caso se estaría ante algo no premeditado que surge del entusiasmo del momento y a lo sumo ante una falta de prudencia, que debería observar un Jefe de Estado cuando se dirige a la Nación.
Ante este razonamiento hay quienes, por el contrario, piensan que se trata de una estrategia perfectamente planificada, que tiene por objeto la descalificación del adversario político y la creación de situaciones que permitan imponer la voluntad del poder, si esto es posible, o bien abrir un proceso de negociación en condiciones favorables surgidas del temor inducido al adversario en la etapa de confrontación.
Esto explicaría el sentido agresivo de los discursos, los que, en realidad, no son mensajes a la Nación sino exhortaciones del líder a los militantes de su partido, e indicaciones tácticas y estratégicas a los medios de comunicación del poder, para que continúen las líneas de ataque contra personas e instituciones señaladas de forma directa o indirecta en los discursos presidenciales.
La oposición, como decíamos, mantiene también un discurso agresivo, aunque tiene más bien el carácter de reacción ante las iniciativas, en las palabras y en los hechos, de las estructuras del poder político el que al nombrar señala y descalifica.
Esta situación ha creado un clima de incertidumbre y devaluación moral. Las palabras no sirven para expresar sino para sindicar, el debate de las ideas no existe y la razón ha sido sustituida por la injuria en un ambiente en el que brillan por su ausencia la transparencia, la confianza, la credibilidad y la tolerancia.
Ningún país puede avanzar cuando no existe el mínimo de confianza entre los actores del quehacer político, ni cuando las instituciones están envueltas en un velo de sospechas y los funcionarios que están al frente de los órganos y poderes del Estado actúan como representantes de intereses partidarios, personales y de grupos, contribuyendo así, más que a la paz y armonía, a la ruptura del tejido social y moral que es la base de toda forma de convivencia.
Es verdaderamente importante recuperar el poder de la palabra para que sustituya la palabra del poder. Por ello, se hace necesario reemplazar el lenguaje que divide por otro que oriente, dé confianza y restituya la credibilidad perdida. Hay que pensar en Nicaragua por encima de opciones políticas y partidarias, las que siendo un derecho consagrado en la Constitución, para ser verdaderamente legítimas, deben subordinarse al interés general, y sobre todo, hay que pensar en el futuro más allá de las ambiciones de poder, como la forma de hacer posible la libertad, la dignidad y la paz.