- CSE juramentará a candidatos municipales en la Plaza de la Revolución, en presencia de Ortega
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Sin presentar los resultados totales y detallados de las elecciones del pasado nueve de noviembre, como manda la ley, y con recursos de revisión pendientes, el Consejo Supremo Electoral (CSE) adelantó del 15 al 14 de enero —según su propio calendario electoral— la juramentación de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales electos, en esos comicios fraudulentos del nueve de noviembre.La oposición legislativa mantiene en pie una iniciativa para anular las elecciones y hasta ayer la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) contaba con más de 70 mil firmas para exigir el recuento y cotejo de las actas de cada mesa electoral con observadores nacionales e internacionales imparciales. Pero eso no parece importarle al CSE.
El representante legal de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (Alianza PLC), Wilfredo Navarro, calificó la convocatoria como una “farsa” y un “intento de humillación” a los candidatos liberales electos.
La cúpula del PLC resolvió ayer por la tarde que ninguno de sus candidatos asistirá a la Plaza considerada como un símbolo rojinegro y, en cambio, exigirían al Consejo que juramente a éstos en las respectivas cabeceras departamentales, como se acostumbraba antes, o en alguna de las sedes del Consejo.
“Es una burla que quieran juramentar a los candidatos en un acto donde además van a estar, el que se robó las elecciones y el que avaló el robo”, valoró Navarro, en alusión al presidente del CSE, Roberto Rivas, primero, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, que después emitió un decreto para “validar” los resultados del tribunal electoral.
Tradicionalmente, los magistrados del CSE viajaban a cada una de las quince cabeceras departamentales y de las dos Regiones Autónomas del Caribe, a juramentar a las nuevas autoridades electas, en actos a los que asistían el alcalde saliente y personalidades locales.
La ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, explicó que la Ley Electoral no establece el lugar para la juramentación de las autoridades, pero opinó que “es más racional, por economía de tiempo y dinero” que siete magistrados se movilizaran a 17 ciudades y no traer a todos los candidatos hasta la capital.
La nueva modalidad del Consejo obligaría a 146 nuevos alcaldes con sus respectivos vicealcaldes, más mil 678 concejales, entre propietarios y suplentes, a viajar desde sus municipios hasta la Plaza de la Revolución, para el acto programado a las 5:00 de la tarde, y cada uno costearía sus gastos de transporte, alimentación y hasta de hospedaje, si vienen de las zonas lejanas, según comentaron algunos candidatos a LA PRENSA.
Navarro aseguró que la Alianza PLC dirigirá hoy una carta al CSE para exigir que la juramentación de los candidatos liberales no se realice en la Plaza, sino en los departamentos. “O se los ponemos a todos en una sede del Consejo, pero ningún liberal, alcalde, vicealcalde o concejal electo irá a humillarse delante de Ortega”, dijo.
El representante legal del partido opositor agregó que los candidatos liberales que según el Consejo quedaron en segundo lugar, “pero que en verdad fueron electos como alcaldes por la voluntad popular y les montaron el fraude” no asumirán el escaño como concejal que la ley les permitiría en las cabeceras departamentales o las poblaciones con más de 30 mil habitantes, “porque no fue ese el cargo para el que el pueblo los eligió”.
TOMA DE POSESIÓN ES ILEGAL, ASEGURA EXPERTA
La doctora Rosa Marina Zelaya estimó que el Consejo organiza una toma de posesión ilegal, porque todavía no atiende los reclamos y demandas en torno a las elecciones de noviembre.
El 20 de noviembre el CSE proclamó a las autoridades electas en los 146 municipios que participaron en los comicios del nueve de ese mes, otorgando 105 alcaldías al partido de Gobierno, el Frente Sandinista, 37 a la Alianza PLC y los 4 restantes a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), pero sin presentar resultados finales ni detallados por cada Centro de Votación y Junta Receptora de Votos, como manda la Ley Electoral.
Incluso, el CSE adelantó esa proclamación prevista hasta el 5 de diciembre en el calendario electoral, con el argumento de que cuatro de los cinco partidos en contienda renunciaron a la presentación de recursos de revisión o apelación, de los cuales se excluía a la Alianza PLC, cuyos recursos siguen pendientes sobre unos 50 municipios.
Zelaya estimó que “el Consejo Supremo Electoral actúa contra derecho al juramentar a los candidatos, con recursos pendientes, y con eso puede incurrir en causales de destitución”.
Sin embargo, advirtió que “la toma de posesión no perfecciona ni resuelve los vicios de ilegitimidad señalados alrededor de las elecciones de noviembre”. Además, comparó las consecuencias de este acto con una espada de Damocles sobre aquellos candidatos que sean “dotados de un cargo que no tienen”, en referencia a quienes asuman alcaldías reclamadas por la oposición.
La presidenta de Hagamos Democracia, María José Zamora, estimó por su parte que la convocatoria “es una continuación del fraude y es una actitud soberbia del Consejo que agrede la democracia, porque en vez de enmendar, continua con su plan fraudulento” y dijo que la recolección de firmas para exigir el recuento y cotejo de actas llegará a cien mil esta semana.
Zelaya, por su parte, dijo que esta acción del Consejo “provoca mayor descrédito del sistema y contribuirá a la generación de violencia”, que de hecho se reanudó desde finales de la semana pasada en algunos municipios como Wiwilí (Jinotega) y Nindirí y La Concepción (Masaya), tras lo que se reveló como el fin de una tregua por las fiestas navideñas y de Año Nuevo.