El Consejo Supremo Electoral (CSE) tomará hoy la promesa de ley a más de dos mil ciudadanos electos el pasado 9 de noviembre, entre alcaldes, vicealcaldes y concejales propietarios y suplentes de 146 municipios del país.
Sin embargo, los juristas constitucionalistas Cairo Manuel López y Omar García coinciden en que esa juramentación carecerá de legalidad, porque el CSE aún no resuelve los recursos presentados por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Sugieren que ante esa ilegalidad, los partidos de oposición pueden aplicar contra el CSE la figura del silencio administrativo, por no responder en tiempo y forma los recursos presentados por la Alianza PLC.
El silencio administrativo se basaría en la lógica de que si no hay respuesta del CSE, el PLC puede considerar que su petición ha sido aceptada como positiva.
“El CSE estaría actuando fuera del marco constitucional y del marco legal”, aseveró García.
López explicó que en “ese nombramiento o toma de posesión, cuando (los electos) rindan la promesa de ley, quedarán en una situación jurídica muy especial hasta en tanto en cuanto el CSE no resuelva estos recursos”.
Dijo que quienes interpusieron los recursos deberían de presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la falta de pronunciamiento de la autoridad, el CSE.
El vocero del CSE, Félix Navarrete, afirmó ayer que esos recursos ya fueron resueltos con “no ha lugar”, pero el PLC negó haber recibido alguna notificación en ese sentido.
El representante legal del PLC, Wilfredo Navarro, envió ayer un escrito al CSE en el que demanda que a los electos de esa organización política se les tome la promesa de ley en otro lugar y recuerda que aún no se han resuelto los recursos presentados después de los comicios del 9 de noviembre.
Señala que la juramentación de hoy es ilegal, porque no hay una resolución de los recursos de revisión y reposición.
El escrito también cuestiona la presencia del presidente Daniel Ortega en la ceremonia del CSE.