El artículo 154 de la Constitución establece que la Contraloría es el órgano rector del sistema de control y fiscalización de los recursos públicos. Y el artículo 156 señala que en su actuación la Contraloría se rige por los principios de autonomía e independencia, en aras de una función pública transparente.
Seguramente fue en ese espíritu que los contralores Guillermo Argüello Poessy y Luis Ángel Montenegro no descansaban, denunciando las anomalías del gobierno de Enrique Bolaños. Pero ahora, ¿por qué callan?
Recién asumió su cargo presidencial, Daniel Ortega se tomó el edificio del Centro de Convenciones Olof Palme, que era del Seguro Social, e invirtió millones de córdobas de los fondos públicos en remodelarlo. Pero de repente decidió que su residencia, que a la vez es la sede del FSLN, fuera la Casa Presidencial. Luego cambió el escudo nacional y comenzó a utilizar la bandera de su partido en actos gubernamentales.
La Ley 290 prohibió darle funciones estatales y presupuesto a los CPC, pero Ortega ignora y viola esa ley. En la campaña masiva de “culto a la persona” de Ortega, se han gastado y se siguen gastando millones de córdobas en rótulos, vallas, anuncios en radio y televisión, pero hasta hoy no se conoce de licitación alguna para esos gastos, ni soportes de los mismos.
Los actos del Gobierno están llenos de flores, aires acondicionados portátiles, aguas importadas y muchos otros gastos superfluos. Predomina una confusión inconstitucional de Estado-Partido. La fuente musical, instalada en el centro histórico de Managua, que costó más de tres millones de córdobas, fue demolida por orden de Ortega violando la ley.
En febrero de 2007 empezó a llegar el combustible de la cooperación de Venezuela sin existir en ese momento ningún acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional, conforme manda la Ley. Y un día, al presidente Ortega se le ocurrió regalarle al presidente Chávez poemas de Rubén Darío, que formaban parte del Patrimonio Nacional según la Ley 333.
Los casos de “los narcodólares” sustraídos ilegalmente de una cuenta del Poder Judicial; del conflicto de intereses del Ministro del MTI con su compañía constructora CEICO S.A., y de las denuncias sobre las misteriosas relaciones de Enel con la firma panameña Kamusi y la empresa española Gero-ICI, quedaron en nada. El papel de Caruna en los vínculos Petronic-Unión Fenosa-Enel, jamás fue investigado. Una auditoría mostró violación a la Ley de Contrataciones y malos manejos de fondos públicos en la Procuraduría de Derechos Humanos, pero el “procurador” terminó de “observador electoral”, bendiciendo el fraude.
La elección de la Vicesuperintendente de Bancos, Virginia Molina, violó los artículos 14 y 15 de la Ley 316. La Contraloría reconoció que la puesta en operación de las plantas Hugo Chávez fue irregular. La ayuda venezolana nunca ha estado clara, el gobierno de Ortega ha despedido a miles de empleados públicos violando la Ley de Servicio Civil y el Código del Trabajo, pero los Contralores, como el avestruz, esconden la cabeza.
La intervención gubernamental en la empresa Tropigas y los tanques de la Esso, así como los nombramientos de subdirectores en la Policía, dejaron mucho por analizar. El uso de un avión del Ejército para trasladar a miembros de la organización terrorista colombiana FARC quedó pendiente de investigar. Inversionistas nacionales y extranjeros denunciaron amenazas y chantajes provenientes desde la Casa Presidencial para su proyecto ubicado en Tola, Rivas, y lo que se derivó fue represalias contra los denunciantes.
Ortega autorizó por decreto la entrada de buques de guerra rusos a aguas nacionales, a pesar de que es la Asamblea Nacional la que debe autorizar. La construcción de casas en el barrio San Antonio de Managua sin licitación ni permiso de la Alcaldía, así como el gasto para mantener a decenas de activistas de los CPC en las rotondas, siguen sin esclarecerse. Mediante el decreto 78-2008 Ortega ordenó al Ministerio de Hacienda incorporar modificaciones al Presupuesto General de la República, violando el arto. 112 de la Constitución que dice que todas las modificaciones deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Y por si algo faltaba, vino el gran fraude de las elecciones municipales.
A los nicaragüenses les cuesta 160 millones de córdobas al año la Contraloría, ¿para qué? ¿Se merece Nicaragua esta Contraloría? Y los Contralores del PLC, ¿están pintados, comprados o pactados?
Un día, más temprano que tarde, este pueblo tendrá que decir basta ya para sacudirse de encima a tanto sinvergüenza y que Nicaragua vuelva a ser República.