- Presentan más de 3,000 denuncias contra militares
El Gobierno de Guatemala pidió ayer a la Fiscalía investigar cerca de 3,300 casos de violaciones a los derechos humanos, cometidos en contra de la población civil durante la guerra interna de 36 años que vivió este país entre 1960 y 1996.
César Dávila, director del estatal Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), dijo a la prensa que los casos denunciados recogen 3,385 crímenes que aún permanecen en la impunidad.
“Son más de 5,000 víctimas en total, hay denuncias por desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, masacres, torturas, violaciones sexuales en 19 (de los 22) departamentos” de Guatemala, “ cometidos en contra de la población civil”, precisó Dávila.
La investigación solicitada a la Fiscalía, agregó el funcionario, forma parte del proceso de resarcimiento integral que el Gobierno del presidente Álvaro Colom ha comprometido con las víctimas de la guerra interna, entre cuyos aspectos está el acceso a la justicia.
“El resarcimiento integral tiene que ver con la justicia y con la verdad. Eso es parte de nuestros objetivos, que se sancione a los responsables y se conozca la verdad de los hechos”, explicó.
La Fiscalía General deberá remitir las denuncias a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, para que inicie las investigaciones e identifique a los responsables.
La sangrienta guerra interna que padeció Guatemala, que se cobró la vida de 200,000 personas, concluyó en diciembre de 1996 con la firma de los acuerdos de paz entre la antigua guerrilla y el gobierno.
Eligieron la fecha para presentar las denuncias en conmemoración del 29 aniversario del allanamiento e incendio de la embajada de España en esta capital, hecho el 31 de enero de 1980 y en el que murieron 37 personas.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad patrocinada por Naciones Unidas, más del 90 por ciento de las violaciones cometidas durante la guerra interna son atribuibles a militares y sus colaboradores de las Patrullas de Autodefensa Civil.
En Guatemala, más de 200,000 personas murieron o fueron desaparecidas durante los 36 años de conflicto armado, la mayor parte de ellos en los primeros años de la década de los ochenta. Las posibilidades que las denuncias lleguen a encarcelar a los culpables son escasas, sin embargo, sólo el 3 por ciento de los crímenes actuales se investigan.