- Empresarios piden que no haya artículos confiscatorios
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Empresarios nacionales demandaron que la aprobación de la Ley de Costas sea de consenso, al tiempo que expresaron sus temores sobre que a última hora se incluyan artículos que resulten ser confiscatorios y generen mayor desconfianza para el sector.
Para este jueves está programado que la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional dictamine el Proyecto de Ley de Desarrollo Costero, conocido también como Proyecto de Ley de Costas, en el cual se podría dejar en vigencia el polémico artículo dos de la Ley de Costas, el cual establece que son propiedad del Estado los terrenos baldíos ubicados a dos kilómetros de la costa marítima y a 800 metros en lagos y lagunas. Este proyecto de ley se discutirá la primera semana de junio en el plenario.
Esto pone en tensión la inversión turística costera, indicaron empresarios nacionales, ya que, según afirman, no ofrece ninguna garantía para que en el futuro el Estado asuma como propios los terrenos costeros.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), demandó que esta ley cuente con el consenso de todos los sectores afectados por la misma y evitar que no logre el objetivo para la cual se está creando y más bien sus efectos serían negativos, agravado por la crisis económica.
Raúl Calvet, consultor del sector turístico, destacó que la discusión de la Ley de Costas “no es entre inversionistas turísticos y quienes dicen querer recuperar los terrenos costeros, es un debate de todo el país”.
Con el mismo objetivo están la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), proyectos turísticos privados, pobladores de las zonas costeras, pequeños propietarios turísticos, pequeñas y medianas empresas y proyectos de la Presidencia, indicó Calvet.
TIEMPO PERDIDO
El proyecto de Ley de Costas fue dictaminado en octubre del 2005 y en ese entonces los diputados acordaron dejar sin efecto el artículo dos de la Ley Agraria, luego de intensos debates. Una situación que se mantuvo así durante el primer año de la actual administración. No obstante, el año pasado se ordenó hacer otra revisión del dictamen y hacer nuevamente las consultas a los organismos que ya habían sido consultados. “Esto significó volver a hacerlo todo”, expresó el diputado Javier Vallejos, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
El punto referido a la Ley Agraria ya había sido superada y se dejó establecida la vigencia de la Ley de Medio Ambiente de marzo de 1996, que en su artículo 72 dice: “El agua, en cualesquiera de sus estados, es de dominio público. El Estado se reserva además la propiedad de las playas marítimas, fluviales y lacustres; el álveo de las corrientes y el lecho de los depósitos naturales de agua; los terrenos salitrosos, el terreno firme comprendido hasta treinta metros después de la línea de marcas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos y los estratos o depósitos de las aguas subterráneas”.
LO QUE DICE EL ÚLTIMODICTAMEN
No obstante, según Vallejos, el último dictamen dio un giro a lo establecido en el dictamen anterior y se propone más bien eliminar el artículo de la Ley del Ambiente.
El nuevo texto dice: Arto. 64. De las Reformas a normas jurídicas vigentes:
a) Refórmese el arto. 72 de la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
b) Refórmese el artículo 17 de la ley 311, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), anexándose la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras. Así mismo, refórmese el Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), agregando la Dirección General de Desarrollo de las Zonas Costeras, cuyas funciones están establecidas en la presente Ley”.
La bancada oficialista y el mismo Gobierno no dan una respuesta clara que deje tranquilos a los inversionistas. “No vamos a estarlo hasta que se termine el dictamen de la Ley y se derogue el artículo dos”, indicó Lucy Valenti, presidenta de Canatur.
Este lunes el presidente Daniel Ortega aseguró a los empresarios nacionales que lo importante es garantizar la estabilidad de la inversión.
¿SOBERANÍA DE QUÉ?
La justificación que ha dado la bancada oficialista en el Parlamento es que este artículo de la Ley Agraria garantiza la soberanía de las zonas costeras.
Sin embargo Didier Alemán, asesor jurídico de Canatur, aseguró que esta Ley Agraria nunca ha sido utilizada para dirimir ningún conflicto de soberanía y su aplicación ha sido nula a lo largo de la historia.
Agrega que la misma ha sido sacada de contexto, ya que las condiciones en las que fue creada es totalmente distinto al actual.
En ese entonces, 1917, la prioridad era garantizar el monopolio de la construcción de un canal interoceánico por el país, situación que ya ha sido superada.
HOLMANN: INCENTIVAR,NO AHUYENTAR
El ex alcalde de San Juan del Sur, Eduardo Holmann Chamorro, señaló que es importante el ordenamiento en el uso de la zona costera, pero cualquier regulación tiene que incentivar a la inversión privada, en lugar de ahuyentarla.
De esta Ley de Costas depende que muchas familias que viven en las zonas costeras salgan de la pobreza con la generación de empleos.