- Pretendería someter derechos de asociación, crítica, libertad de pensamiento y de expresión
El borrador del manual para controlar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), cuya copia está en poder de LA PRENSA, pretende someter directamente el derecho de libre asociación y afectar indirectamente los de libertad de pensamiento, expresión y fiscalización ciudadana del poder, sin tener la legalidad para lograrlo, porque ninguna ley, reglamento o manual puede estar por encima de la Constitución Política.
El manual menciona que las ONG que reciban cooperación deben tener personalidad jurídica, que los fondos no pueden ser destinados a actividades político-partidarias, e incluso que los gastos indirectos de los proyectos, como asesorías o capacitaciones, no pueden superar el 25 por ciento del presupuesto del proyecto y el 90 por ciento de su personal deben ser nacionales.
El borrador del manual atentaría así contra derechos políticos y sociales, contemplados en los artículos 49, 50, 52, 55 y 66 de la Constitución Política, sobre la libertad de asociación, participación, crítica, denuncia, pensamiento y expresión.
El coordinador del Cono Sur de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Diego Sueiras, conoció de este manual por denuncia del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en la reciente Asamblea General de la OEA en Honduras, y comentó desde allá a LA PRENSA que este manual atenta contra la naturaleza de las ONG, que surgen como expresión del derecho de organización ciudadana, con la que buscan incidir sobre las políticas de los gobiernos. “Los gobiernos no pueden querer escuchar sólo lo que les dicen los amigos o cercanos, deben escuchar a todos”, sugirió Sueiras.
El experto en derecho constitucional, Cairo Manuel López, también estimó que el manual buscaría limitar a las organizaciones cívicas y que “es bastante preocupante esta medida de oscurantismo”.
El director ejecutivo del IEEPP, Javier Meléndez, igualmente cuestionó que el Gobierno pretenda satanizar a las ONG que financian programas de incidencia política, porque esto es indispensable para la participación ciudadana y la construcción del desarrollo.
Para Meléndez se pretende una “absurda vigilancia atroz” contra las ONG, porque son los ciudadanos los que vigilan al Gobierno y no el Gobierno el que vigila a los ciudadanos.