El abuso con los fondos del INSS

Con todo y lo importante que son los acontecimientos de Honduras y su trascendencia para Nicaragua, no sólo por la vecindad sino también por la precaria situación democrática que hay igualmente en este país, la ciudadanía nicaragüense no debe perder de vista ni por un momento los grandes problemas nacionales, entre los cuales sobresalen los […]

03/07/2009

Con todo y lo importante que son los acontecimientos de Honduras y su trascendencia para Nicaragua, no sólo por la vecindad sino también por la precaria situación democrática que hay igualmente en este país, la ciudadanía nicaragüense no debe perder de vista ni por un momento los grandes problemas nacionales, entre los cuales sobresalen los abusos gubernamentales. Por ejemplo, los negocios que algunos funcionarios e instituciones del Gobierno están haciendo con los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que son formados por las cuotas obligatorias que pagan los afiliados a esta institución.

Se ha denunciado públicamente hasta la saciedad, que los fondos del Seguro Social son utilizados para financiar negocios de personas allegadas al gobierno de Daniel Ortega, o de otras instituciones gubernamentales. Pero ha sido como predicar en el desierto. La más reciente denuncia —que seguramente no es la última—, es la que fue publicada en la edición de LA PRENSA del sábado pasado, en un documentado trabajo del periodista investigador Octavio Enríquez acerca de que seis millones de córdobas de los fondos del INSS fueron aportados para el financiamiento de un negocio de productos farmacéuticos del Ejército y la Policía.

La justificación que se ha dado al uso o más bien al abuso con los fondos del INSS para éste y otros negocios, es que se busca favorecer a los miembros de las instituciones armadas con medicamentos baratos. Si eso fuera cierto, se trataría sin duda de un loable interés. Pero, ¿por qué tienen que hacer el negocio con dinero del INSS? Además, ¿por qué el Ejército y la Policía no consiguen financiamiento bancario —como todas las demás personas que quieren y corren el riesgo de hacer negocios— por medio de su Instituto de Previsión Social Militar, en el caso del Ejército, y del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, en lo que respecta a la Policía?

En su misma edición del sábado pasado, LA PRENSA publicó una infografía sobre otras sangrías que se han hecho a los fondos del INSS durante este gobierno de Daniel Ortega. La información se refiere, primero, a tres millones y medio de córdobas para un programa llamado PAME, del Hospital Militar que pertenece, por supuesto, al Ejército de Nicaragua; segundo, un poco más de dos millones setecientos mil córdobas prestados al Hospital Carlos Roberto Huembes, de la Policía Nacional; tercero, seis millones de córdobas prestados también al PAME del Hospital Militar del Ejército; cuarto, C$1,650,000 prestados a un centro quirúrgico vinculado con un asistente personal de Daniel Ortega; quinto, un millón seiscientos mil córdobas facilitados a una policlínica relacionada con Tomás Borge. Y es probable que haya más negocios con los fondos del Seguro Social, pero todavía no salen a luz.

En lo que se refiere al interés económico del INSS es normal que esta institución haga inversiones con los fondos de los asegurados, para que no pierdan valor ni permanezcan estériles. En todas partes del mundo los fondos de seguridad social son invertidos para obtener ganancias y beneficiar a los asegurados, que son los dueños de ese capital. Pero se invierte en áreas de menor riesgo y al mismo tiempo de máxima rentabilidad. No importa que los negocios en los que se invierten los fondos de seguridad social pertenezcan a Pedro o a Juan, lo importante es que sean rentables, que se garantice su recuperación y que se manejen con transparencia. Y además, que dichos fondos no sean invertidos para financiar competencia desleal, como se está haciendo con los financiamientos a determinadas empresas de construcción, laboratorios farmacéuticos y clínicas o centros hospitalarios que ofrecen servicios previsionales de salud.

Hay algo peor todavía. Se trata de que el uso de los fondos del Seguro Social para financiar empresas lucrativas de las instituciones armadas, o de personas particulares allegadas al Gobierno, es para Daniel Ortega una forma de comprar lealtad con dinero ajeno y, por lo consiguiente, es una modalidad indirecta de corrupción.

Hay que recordar que la dictadura somocista se hizo experta en la maña de facilitar a los militares lucrativos negocios institucionales y particulares, para corromperlos y mantenerlos obedientes. Y sería una tragedia que el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, que han alcanzado admirables logros de profesionalización institucional, cayeran en esa trampa del orteguismo neosomocista.

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