- Una maraña de operaciones fraudulentas y las pugnas del poder político del país llevaron al Interbank a la ruina. Créditos fantasmas, operaciones de triangulación de dinero con recursos y mediosdel banco, fueron la práctica común de empresas del Grupo Centeno Roque
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Ver Infografia > El lunes 7 de agosto del 2000 el Superintendente de Bancos, al amparo de la Resolución SIB-OIF-VIII-83-2000, declaró la intervención del Banco Intercontinental, S.A. (Interbank) —que había iniciado sus operaciones en agosto de 1992—, bajo los argumentos de incumplimiento a la relación de capital requerida, al quedar con una adecuación de capital negativa, incumplimiento en el capital negativo mínimo requerido, pérdidas actuales o inminentes que exceden la tercera parte del capital pagado, déficit recurrente en el encaje legal, “claras señales de iliquidez” y el riesgo de caer en un estado de suspensión de pagos.
Nuevamente, el grupo económico de los hermanos Centeno Roque salió a relucir como la causa principal en la caída del Interbank.
Éste fue el comienzo de la peor crisis financiera en la historia del país y de una tormenta cuya rayería sigue cayendo en los diferentes ámbitos de la vida nacional, por las consecuencias que trajo a la economía y cuyos costos todavía se siguen pagando y se seguirán pagando por una generación más.
A diferencia de otros bancos que quebraron luego, el Interbank había pasado las inspecciones de la Superintendencia de Bancos (SIB) con buenas notas, hasta abril del 2000.
“Sobresalía como el banco de más rápido crecimiento en los últimos años”, según señaló la SIB en su Informe de Gestión del año 2000.
En este informe, la SIB también da a conocer su cambio de visión con respecto al banco, después de haber realizado una inspección que abarcó de enero a marzo del 2000, en la que se señalaba que el banco estaba bien. “El informe de inspección no señaló ninguna necesidad de provisiones ni otras causas de preocupación”.
Sin embargo, la SIB justificó la intervención afirmando en este mismo informe que “operaciones realizadas después de la última inspección que finalizó en febrero de 2000 fueron suficientes para llevar su patrimonio a cifras negativas. Después de su intervención (agosto 2000), ha surgido evidencia de problemas adicionales, con una extraordinaria concentración de cartera, que venían siendo ocultados desde tiempo atrás”, señala el Informe de Gestión del año 2000.
Es así que los números indicaban que el banco seguía una ruta tranquila hacia la prosperidad, sin embargo, todo era una quimera, ya que muchos créditos no estaban debidamente respaldados, había mucha concentración en unidades de interés, muchos autorizados incluso a espaldas de la Junta Directiva del banco, según lo afirmó el presidente de la misma, Enrique Deshón, en una carta enviada a la Superintendencia de Bancos, el 4 de agosto de ese año, es decir, tres días antes de la intervención, en la que informa de una serie de anomalías encontradas en el manejo del banco.
“Retención de cheques por 11.0 millones de dólares recibidos en pago de deudas de empresas del grupo Centeno-Consagro, que fueron encontrados en los escritorios de funcionarios del banco sin que nunca fueran enviados al cobro, mientras las obligaciones aparecían canceladas en los libros del banco”.
Según el informe de la SIB, Deshón llegó acompañado por Edwin Zablah, director del banco; José Félix Padilla, gerente general del banco, y Edgar Pereira, asesor de la presidencia del banco.
También se encontraron “cobranzas reportadas por Interbank por un monto de 15.0 millones de dólares que no habían sido canceladas y que se sospechaba que eran falsas. Los correspondientes embarques de café no se habían hecho de acuerdo a los Bill of Ladings, indicando que existía correspondencia del Sr. Saúl Centeno instruyendo que no se embarcara en el barco designado sino en otro”.
El informe que los directivos presentaron a la SIB mencionó también la existencia de “emisión de avales no registrados en los libros, a favor de bancos extranjeros, por un total de aproximadamente 19.0 millones de dólares, sin haber tenido autorización para hacerlo. Estos avales servían para facilitar al Grupo Centeno-Consagro sobregiros en dichos bancos”.
Ésta fue la gota que derramó el vaso.
LA INTERVENCIÓN
El siete de agosto, el Superintendente de Bancos intervino el Interbank. Sin embargo, ese mismo día, por la mañana y antes de la intervención, la SIB emitió la Resolución SIB-OIF-VIII-82-2000, en la que ordenaba “crear y contabilizar los ajustes y provisiones por el monto total de 380.4 millones de córdobas contra las cuentas de capital correspondiente a las operaciones irregulares que fueron reportadas por el banco”.
La intervención también estuvo plagada de denuncias de todo el país en contra del grupo Agresami (Agropecuaria Renacer San Miguel), que estaba pagando sus deudas con cheques sin fondos.
“Es una barbaridad”, aseguró el ex superintendente de Bancos José Ángel Navarro, ante el clamor generalizado de acreedores que demandaban el pago de obligaciones a este grupo de empresas.
¿POR QUÉ SE DA EL CIERRE DEL INTERBANK?
El cierre del Interbank, el primero de los bancos del sistema financiero nacional en ser intervenido, estuvo marcado por una serie de especulaciones y un ambiente de politización, debido a la vinculación del banco con altos dirigentes del partido sandinista.
El cierre supondría un fuerte golpe a la fuente de financiamiento de la campaña electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones municipales en noviembre de ese año.
En declaraciones públicas, el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, dijo que ya le habían informado del “golpe electoral” que el Gobierno pensaba darle.
Fuentes cercanas a la Presidencia de la República señalaron que la situación del banco no era crítica, al menos unos meses atrás, y que con un buen manejo y capitalización pudo enderezarse. Pero el ambiente político era denso, pues los liberales estaban presionando por inhibir a Pedro Solórzano como candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Managua, con cuya candidatura estaría dividiendo el voto para los liberales. Los sandinistas se resistían a apoyar este proyecto, por razones obvias: eran los más beneficiados si corría el candidato verde.
Por otro lado, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaba iniciando una enconada lucha interna por la distribución de las salas. Liberales y sandinistas disputaban las principales salas en ese poder del Estado y además se acercaba la elección del presidente y el vicepresidente de la misma, y no había ningún acuerdo entre ambas partes, como se refleja en los diferentes medios de comunicación de ese período.
Finalmente, afirma la fuente, el Presidente de la República tuvo información “de primera mano” del enorme fraude que estaban cometiendo las empresas del Grupo Consagro, de los hermanos Centeno Roque, desde hacía tiempo y que eventualmente sería utilizada, “en su momento”. Sería el “as” bajo la manga que tenía Alemán en contra del FSLN.
La respuesta del Frente Sandinista no se hizo esperar y semanas después, cuando las aguas empezaban a tranquilizarse, Ortega nuevamente lanzó gasolina al ardiente ambiente político del país, declarando que el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), vinculado al presidente Arnoldo Alemán, atravesaba por una situación financiera muy precaria.
La respuesta del público no se hizo esperar y al tiempo que retiraban del intervenido Banco del Café en noviembre, lo hacían también del Banic, que no estaba intervenido.
De forma que una intervención de carácter técnico se convirtió rápidamente en una batalla campal que arrastró al sistema financiero.
DE LA MANO HACIA EL DESASTRE
Los problemas del Interbank comenzaron en abril del 2000, según lo informó la SIB, cuando el banco presentó problemas de iliquidez que se manifestaron en el incumplimiento con el encaje legal (depósitos que los bancos deben tener en el Banco Central de Nicaragua), por lo que la SIB le impuso una serie de multas (resoluciones OSB-37-2000, la OSB-38-2000, OSB-40-2000, OSB-41-2000, OSB-42-2000 y OSB-43-2000) que sumaban 1,862.3 mil córdobas y 34,500 dólares en el mes de junio.
Pero aun con las señales de que el banco enfrentaba problemas de iliquidez, que ya mostraba, “continuaba autorizando desembolsos de créditos y sobregiros”.
Entre abril y junio, el banco había autorizado desembolsos por un monto de 138 millones de córdobas a “empresas y testaferros vinculados al grupo Centeno-Consagro”, accionistas del Interbank, según lo confirmó la junta liquidadora del Interbank que conformaban el selecto grupo de 27 accionistas, que controlaban el 89.69 por ciento del capital social pagado por el banco, según datos cortados a marzo del 2000.
Según la SIB, los accionistas del Interbank relacionados con el Grupo Centeno/Consagro se determinaron en dos grupos de personas que adquirieron acciones bajo la modalidad de compra directa a través de cinco personas jurídicas y cuatro por medio de personas naturales, las que poseían 119,472 acciones, que representaban el 16.6 por ciento del total de las acciones.
Una segunda forma de obtener acciones fue a través de la adquisición de éstas de forma indirecta o encubierta por medio de personas naturales ligadas al Grupo, y que poseían 53,471 acciones que representaban el 7.4 por ciento del grupo, con lo que alcanzaban el 24 por ciento de las acciones del banco.
Además de ser socios del banco, con una importante participación accionaria, este grupo también tenía una fuerte participación en la cartera de crédito.
De la cartera de crédito a unidades de interés, la Superintendencia de Bancos encontró en la inspección de abril del 2000 siete grupos, que constituían el 37 por ciento de exposición de riesgo.
De este grupo cuatro empresas del Grupo Centeno Roque concentraban 26 por ciento de esta exposición de riesgo, a través de las empresas Conagra, Agropecuaria Renacer San Miguel (Agresami), Agropecuaria San Alejandro y Camexa, lo cual ascendía a 61.4 millones de córdobas.
Pero en una nueva inspección realizada el 28 de junio del 2000, la Superintendencia de Bancos encontró que el monto total de la exposición de riesgo del Interbank, “al conjunto de personas y empresas pertenecientes al grupo de interés vinculado a las empresas Agresami y Conagra, ascendían a la suma de 500 millones de córdobas”.
Ya en ese momento la situación se ponía cada vez más difíciles, pues la SIB estaba tras de la situación real de la cartera del Interbank.
Es así que el 25 de julio del 2000, Enrique Deshón, presidente de la Directiva del banco, deslinda responsabilidad de los créditos otorgados al Grupo Conagra asegurando que éstos fueron realizados a espaldas de la Directiva del banco.
En este contexto, el presidente del banco se comprometió a realizar una auditoría interna, conformar un equipo de abogados para hacer una revisión de las garantías que tenía el banco con las empresas del grupo Conagra, suspensión a la administración superior del banco de todo tipo de operación bancaria relacionada con ese grupo. Pero el daño ya estaba hecho.
En un informe del 22 de septiembre del 2000, la Superintendencia de Bancos reportó que el Grupo Conagra tenía adeudos y otras operaciones por un monto total de 105.7 millones de dólares, o 1,349.8 millones de córdobas.
OTRAS OPERACIONES
Pero el banco recibía metralla por diferentes flancos, como la proveniente de la sociedad Inversiones Bursátiles Internacionales, S.A. (Interinver), creada y organizada por el Interbank, según lo reportó la auditoría especial interna de marzo de 2001, la que encontró que las firmas registradas y autorizadas de las cuentas corrientes a nombre de Interinver, tanto en el Interbank como en bancos en el exterior, eran de funcionarios del banco.
Estas firmas, que eran las firmas libradoras de cheques de estas cuentas de Interinver, eran las de Francisco López, Francisco Somarriba Pérez, Manuel Cabrales Aráuz, Brenda Chamorro y José Félix Padilla, todos funcionarios del Interbank.
Además se determinó, a través de esta auditoría, que la empresa Interinver era utilizada para realizar artificios contables y disfrazar operaciones que favorecían al grupo Consagra.
En estas operaciones se detectó que el Interbank “de sus propios recursos transfirió al Interinver la suma de 8.9 millones de dólares, lo que causó perjuicios económicos al banco”.
Esto se hizo a través de depósitos con giros a cargo de bancos del exterior que no se enviaron al cobro, préstamo otorgado por Interbank a la empresa Servicios Inmobiliarios, descuento de 14 letras de cambio emitidas por Agresami y avaladas por Interbank, entre otras.
Pero Interinver no fue el único caso.
En el informe especial AI-002-01 del 26 de marzo del 2001 la auditoría interna determinó que “igual que en el caso de Interinver, la empresa First American Investments Corp. estaba relacionada con el Interbank”.
En este caso se detectaron transferencias registradas como ingresos, como las transferencias por 928.8 mil dólares provenientes de operaciones “irregulares”, de la empresa Interinver, otros giros por 944.9 mil dólares en giros recibidos en depósitos en cuenta corriente que no se enviaron al cobro y créditos trasladados al Grupo Consagro por 620 mil dólares, entre otras operaciones que juntas provocaron un perjuicio al banco, según la SIB, de 3.6 millones de dólares.
De acuerdo con el informe de la SIB, se concluyó que estas operaciones anómalas “estaban relacionadas principalmente con la capitalización del Interbank y con las empresas del Grupo Consagro, utilizando una mezcla de transacciones contables irregulares, con el propósito de desviar recursos financieros del Interbank hacia empresas del referido grupo económico”.
Por otro lado, en septiembre del 2001, durante el proceso de liquidación, la SIB confirmó que el Dresdner Bank de Panamá otorgó a la empresa Interinver préstamos que sumaron 7.1 millones de dólares, por los que en garantía el Interbank entregó tres certificados de depósitos a plazo por igual valor que mantenía en dicha institución bancaria.
Los recursos obtenidos por estos préstamos eran para capitalizar a las empresas vinculadas con el Grupo Consagro.
En septiembre del 2003, la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional presentó un informe sobre el caso del Interbank en el que mostraban preocupación por la forma en que grupos de interés llevaron a la quiebra a esta institución bancaria.
“Se trata de personas profesionalmente organizadas, supuestamente para defraudar al banco Interbank, y es más lamentable aún cuando al final de estos casos, como ha sucedido con este banco y todos los demás que han quebrado y que su característica ha sido como se dijo antes, supuestamente de carácter fraudulento que es el Estado (el afectado), es decir, son los impuestos, los préstamos, los ahorros, las recaudaciones que ha recibido el Estado”, señala el informe de la Asamblea Nacional.
Más adelante agrega que “con todas las informaciones y declaraciones obtenidas por esta Comisión todavía se continúa sin determinar el paradero de los 232.7 millones de dólares que el banco perdió y las personas responsables de este acto ilícito y que a la postre fue el Estado de la República de Nicaragua el que tuvo que responder por dichas pérdidas”.
Al mismo tiempo, y casi por ironía, la Comisión recomendó a los jueces y magistrados castigar de conformidad con las leyes del país, aplicándolas sin distingos de ninguna clase, a los que resultaren culpables de los delitos que se les imputan, concernientes al caso que nos ocupa en este informe”.
El informe de la Comisión Especial Anticorrupción lo firmaron los diputados Noel Pereira Majano, Roberto Rodríguez, Luis Benavides Romero, José Castillo Osejo, todos del Partido Liberal Constitucionalista, y los sandinistas Fidel Moreno Briones, Edwin Castro y José Antonio Zepeda, por Gustavo Porras.