- Habitantes de frontera sur hondureña cumplen hoy 90 horas consecutivas sin derecho a movilizarse
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Miles de hondureños que habitan en los departamentos de El Paraíso y Choluteca, fronterizos con Nicaragua, comenzaron ayer a sentir los efectos de un prolongado toque de queda de casi cuatro días, impuesto por el Gobierno de Roberto Micheletti, cuyo objetivo es impedir a toda costa la llegada a Las Manos de los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya, quien continúa en territorio nicaragüense.
La escasez de combustibles y alimentos fue ayer uno de los primeros resultados de la extrema medida. En El Paraíso, ciudad capital del departamento homónimo situada cerca del borde fronterizo, decenas de automovilistas hacían fila ayer en la gasolinera Dippsa, para abastecerse de combustible, que empieza a escasear ante la agitación social que vive la zona tras el intento del depuesto presidente de regresar a su país.
“Ya casi no nos queda combustible. Los camiones cisternas no pueden abastecernos porque la actividad comercial está casi paralizada”, lamentó a la AFP la empleada de la gasolinera, Karina Suazo.
Un número no preciso de simpatizantes de Zelaya se han movilizado a la zona fronteriza, la mayoría caminando por las montañas evadiendo los retenes de seguridad y el toque de queda impuesto por las autoridades.
La medida vigente desde el mediodía del pasado viernes, fue ampliada ayer por sexta vez consecutiva y estará vigente hasta las 6:00 a.m. de hoy martes, abarcando el departamento de El Paraíso y los municipios sureños de San Marcos de Colón, Duyure y Concepción de María, en Choluteca.
TAXISTAS PROTESTAN
Los dos municipios más afectados son Danlí y El Paraíso, de unos 200,000 habitantes cada uno, que dependen de la caficultura, cultivos de granos básicos, ganadería, industria del tabaco y el comercio.
En Danlí, cientos de taxistas desfilaron ayer por las calles de la localidad protestando por el toque de queda, aunque algunos de los bancos que habían cerrado el jueves comenzaron a reabrir operaciones.
Ambos municipios quedan en el trayecto entre la capital y el paso aduanero de Las Manos, 120 km al este de Tegucigalpa, en cuyas proximidades Zelaya permanece ante una aglomeración de simpatizantes.
“Aquí no podemos trabajar, no hay salida de vehículos, el combustible está terminándose”, lamentó el gerente de la exportadora de Café de la ciudad de El Paraíso, Alberto Estrada.
“Los manifestantes sí nos dejan pasar, pero los policías y militares no. Nosotros tenemos que trabajar”, se quejó Blanca Rivas en una llamada telefónica a la radioemisora capitalina HRN.
ALCALDESA PIDE SOLUCIÓN
“Nosotros estamos haciendo un llamado a la conciencia de las dos partes que resuelvan este conflicto que nos ha venido a romper la tranquilidad en el municipio y a todo el país”, afirmó a la AFP la alcaldesa de Danlí, Luz Oliva.
“La Declaración de San José del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, es la solución del conflicto. Ambas partes deben ceder”, subrayó la alcaldesa.
RECURSO DE AMPARO
Ayer en Tegucigalpa, el abogado hondureño Andrés Pavón, presentó un recurso de amparo contra el toque de queda, afirmando que éste viola “más de 22 artículos de la Constitución”, entre ellos los derechos a la alimentación y a la libre circulación.
“Nos hemos visto en la necesidad de mover y presentar un recurso de amparo (ante la Corte Suprema) y acción de investigación y requerimiento fiscal ante el Ministerio Público (Fiscalía) por los delitos de abuso de autoridad y la violación a más de 22 artículos de la Constitución”, dijo el jurista al salir del tribunal.
El depuesto presidente Zelaya cumple hoy un mes fuera de su país y del Gobierno a causa de un golpe de Estado, sin que se vislumbre por ahora una solución a la crisis política que vive Honduras.
Zelaya fue detenido el 28 de junio pasado por militares que le obligaron a viajar a Costa Rica, tras lo cual fue depuesto por el Congreso, que nombró presidente a Roberto Micheletti, hasta entonces titular del Poder Legislativo.
A instancias de Estados Unidos, ambas partes participaron en un diálogo en Costa Rica, con la mediación del presidente de ese país, Oscar Arias, que no ha tenido resultados por ahora.