- Parlamento venezolano niega ahora que exista siquiera un proyecto de ley
El Parlamento venezolano dijo ayer que aún “no existe” un proyecto de ley contra delitos mediáticos y aclaró que sólo hay una propuesta de la fiscal general sobre la que “no existe consenso”, pero que ya ha desatado la polémica dentro y fuera del país.
El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Villalba, aclaró que la propuesta en ese sentido presentada la semana pasada ante los diputados por la fiscal general Luisa Ortega, es sólo un “papel de trabajo”.
“Queremos reiterar que no es verdad que en esta AN exista o haya llegado una propuesta de ley que contenga 17 artículos. Lo que el país contempló el pasado jueves no es otra cosa que unos aportes de la Fiscal que hemos venido discutiendo en esta Comisión, donde no existe consenso” al respecto, dijo Villalba en una rueda de prensa.
Al mismo tiempo, diputados aclararon ayer que la Fiscalía carece de poderes legislativos y dijeron que tan sólo realizó “aportes”.
El lunes, miembros de la comisión de Medios del Parlamento aseguraron que empezarían a estudiar dicha propuesta este martes, aunque subrayaron que no había una fecha prevista para que el borrador se convierta en proyecto de ley y se presente a la plenaria del Parlamento.
La fiscal Ortega presentó el proyecto legislativo el jueves pasado ante el pleno de la AN.
La Asamblea de 167 miembros está dominada por el oficialismo.
En ese momento, la Fiscal argumentó que era necesaria una ley para “castigar” las “nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión”.
Según el borrador del proyecto de la fiscal Ortega, difundido por la prensa local, serán castigadas con entre dos y cuatro años de cárcel quienes mediante la difusión de lo que la Fiscalía defina como “falso, manipulado o tergiversado”, cause “perjuicio a los intereses del Estado” o atente contra la “moral pública” o la “salud mental”.
OPINIÓN CRIMINALIZADA
La propuesta de Ortega fue inmediatamente rechazada por el gremio de periodistas y organizaciones civiles venezolanas y extranjeras, con el argumento de que criminalizaría cualquier opinión y, en consecuencia, violaría las libertades de expresión e información.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó que la propuesta de la Fiscalía encuadraba “perfectamente dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio”.
Numerosas organizaciones de periodistas y partidos políticos del continente, a su vez, expresaron su preocupación por la situación de los medios de comunicación en Venezuela.
LÁPIDA AL LIBRE PENSAMIENTO
Amnistía Internacional (AI) dijo que teme que, de ser aprobada, una ley así, impondría “restricciones inaceptables” a la libertad de expresión, mientras la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) la calificó como “una verdadera lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión”.
Ese “ataque orquestado” incluiría, según el CNP, la decisión oficial de sacar del aire este fin de semana a una treintena de radios privadas con el argumento de que operaban de forma “ilegal” por no haber actualizado, en junio pasado, sus datos ante el ente rector de las telecomunicaciones Conatel.
La medida de rescindir los permisos de transmisión por esa causa afectaría a un total de 240 radios y 45 televisoras, anunció el mes pasado el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello.
UN MAL PRECEDENTE
La nueva ofensiva oficial contra los medios privados ha sido ampliamente criticada por organismos regionales y multilaterales, entre ellos el portavoz del relator de la ONU sobre libertad de expresión, Franck LaRue.
LaRue consideró ayer un “mal precedente” la no renovación de las licencias a 34 emisoras, y pidió al Parlamento venezolano que detenga el proyecto de ley que establece los “delitos mediáticos”.
CHÁVEZ SE SIENTE ATACADO
“Cada vez que la revolución avance y acelere la marcha vendrán los ataques de todas partes del mundo (…) hoy chillan porque estamos democratizando” el espectro radioeléctrico “y asegurando con ello una verdadera libertad de expresión”, respondió ayer Chávez.
“Bueno, digan lo que digan (…) nosotros seguiremos adelante”, añadió el mandatario durante un acto militar transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.
En ese acto, Chávez anunció la detención de la líder Lina Ron, afín a su “revolución” y quien encabezó el lunes un ataque contra la televisora opositora Globovisión, amenazada de cierre por el Gobierno, que la acusa de “terrorismo mediático”.
“Hoy ella se presentó (…) está detenida”, reveló Chávez, quien destacó que Ron “debe recibir el peso de la ley”, por el “acto de agresión” y “contrarrevolucionario” que lideró.
El ataque de Ron y miembros de su Unión Patriótica Venezolana (UPV) contra la sede de Globovisión incluyó el lanzamiento de dos bombas lacrimógenas y dejó dos heridos.
Por ese asalto, al menos el cuarto del UPV contra Globovisión, un tribunal de Caracas ordenó, a petición del Ministerio Público, la captura de Lina Ron, informó el organismo judicial.