LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD

• Cinco y FVBCh piden cerrar filas contra posibilidad de que Ortega emule a Chávez en ley contra medios

Iniciativa venezolana sobre delitos mediáticos también busca callar a los ciudadanos, señala Montenegro

Cristiana Chamorro pide no dejar de repudiar “las atrocidades” contra la libertad de expresión. Aunque opina que “la libertad no se mata” cerrando medios ni matando periodistas, y menos ahora que los medios son sólo un vehículo para la información. “La libertad no fue suprimida cuando las dictaduras cerraron LA PRENSA (…). Hay un empoderamiento ciudadano de la libertad de expresión”, sostiene.

A los oídos de Cristiana Chamorro las noticias sobre el cierre de treinta y dos radioemisoras y dos televisoras regionales, y las intenciones de promulgar una ley sobre delitos mediáticos en Venezuela, llegan como ecos del pasado. “Me parece el regreso a la era de las cavernas, algo que uno ya no pensaba que iba a ocurrir en el siglo XXI”, dice desde su oficina en Managua, donde dirige la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que defiende y promueve la libertad de expresión, por la que su padre, Pedro Joaquín Chamorro, luchó hasta su asesinato en enero de 1978.

A juicio de la ejecutiva, que también es periodista y tiene a su cargo la Vicepresidencia de la Junta Directiva del Diario LA PRENSA, lo que ahora ocurre es una nueva forma de “golpes de Estado, donde los gobernantes botan uno de los pilares de la democracia, como muestra de su odio y la incapacidad para vivir con la libertad y la crítica”.

Además, señala el discurso intimidatorio y confrontativo del presidente Daniel Ortega hacia los medios de comunicación, las “peligrosas” iniciativas que circulan en la Asamblea para, por ejemplo, licitar o subastar las licencias de las radioemisoras y los intentos de liberar a asesinos de periodistas, como ocurre en el Poder Judicial.

Pero cree que el Gobierno no tendría las posibilidades para lograr una iniciativa similar a la venezolana, “porque hay un empoderamiento ciudadano de la libertad de expresión”.

RIESGOS GRANDES

Sin embargo, para la directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Comunicación (Cinco), Sofía Montenegro, “la voluntad política existe” para promover una ley semejante y dice que “en los discursos se ve el intento de criminalizar a las organizaciones no gubernamentales, a la libertad de expresión, a callar la crítica ciudadana”.

Para la socióloga y periodista “los riesgos (de que se intente en el país una iniciativa así) son grandes, porque (el presidente) Daniel Ortega y (su esposa), Rosario Murillo, son émulos de (Hugo) Chávez”.

“Chávez dicta las políticas para todos estos países del Alba”, la iniciativa de ese mandatario a la que pertenecen nueve países, entre ellos Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, afirma. “Y Daniel Ortega es el discípulo más obsecuente de Chávez”.

Pero Montenegro también advierte que en el país “desde el principio (de este Gobierno) está planteado el tema del control” a los medios de comunicación, a las ONG y a la ciudadanía en general, pues valora que la represión contra las manifestaciones civiles también “es un acto de censura”, de manera que con una iniciativa semejante el Gobierno sólo estaría buscando cómo legalizar sus acciones.

Además, en Nicaragua algunos magistrados de los poderes Judicial y Electoral ya se han expresado a favor de una ley que según ellos regule el poder de los medios. Algunos de sus promotores han sido los magistrados electorales Roberto Rivas y René Herrera y también el diputado Gustavo Porras.

“Se ve que allanan una suerte de camino y la necesidad de establecer este tipo de ley, es el tanteo, para ver cómo reacciona la gente, pero no creo que lo logren, porque la sociedad no se deja”, advierte Montenegro.

CONTRA CIUDADANOS

El proyecto de ley sobre delitos mediáticos, presentado por la Fiscalía venezolana, al cual tuvo acceso LA PRENSA, define como crímenes “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio”.

Según el artículo tres de esa iniciativa, “pueden incurrir en la comisión de los delitos los dueños y cualquier otra persona que ejerza cargos directivos en medios de comunicación impresos, televisivos o radiofónicos, tanto de naturaleza pública como privada” y también “los productores nacionales independientes, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza”.

El diputado socialcristiano y aliado del Gobierno, Agustín Jarquín, aseguró ayer que la nueva Ley de Telecomunicaciones de Nicaragua no tendrá ningún articulado relacionado con “delitos mediáticos”, para castigar a los medios de comunicación.

Jarquín reconoció que en Nicaragua la libertad de prensa es un derecho que “ha tenido mucho costo” y es “clave” en la construcción de un sistema democrático, aunque solicitó ejercerlo con responsabilidad, a través de un sistema de normas éticas.

(Con la colaboración de Ludwin Loáisiga).