- Envía reclamo en carta al canciller Nicolás Maduro
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), insistió ayer en el peligro que provocan las declaraciones de gobernantes y funcionarios públicos que, como ocurre en Venezuela, se han traducido en cierres y ataques contra los medios de comunicación y la presentación de una iniciativa sobre delitos mediáticos por la Fiscalía de ese país.
Ayer, el comisionado para los asuntos de Venezuela de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, y la relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, enviaron una carta de ocho páginas al canciller venezolano Nicolás Maduro, expresando sus preocupaciones sobre el deterioro de la libertad de expresión ahí.
El comisionado y la relatora advierten cómo en los últimos meses funcionarios venezolanos habían acusado a los medios de practicar “terrorismo mediático” y fomentar un “discurso de odio” y cómo a raíz de eso “han incrementado los actos de violencia contra varios de estos medios por parte de grupos privados afines al Gobierno”, como el ataque del lunes pasado a Globovisión, que piden sea investigado, más allá de la condena que ya hizo ese Gobierno.
CIERRE SERÍA PASADA DE CUENTAS POR CRÍTICAS
Pinheiro y Botero recordaron que, previo al cierre de una treintena de medios el sábado pasado, un ministro ya había señalado que se revisaban unos que “juegan a la desestabilización en Venezuela”, por lo que intuyen que “la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para adoptar la decisión de cierre”.
Además, reclamaron la ambigüedad de la iniciativa sobre delitos mediáticos, que creen que “de ser aprobada, ninguna persona en ese país podrá sentir la tranquilidad de expresar sus pensamientos críticos o disidentes sin temor a ser objeto de una angustiosa persecución penal”.