Efectivos militares encabezados por el comandante de la 13 Brigada de Infantería y de la Guarnición Militar de Lara, general (B) Gerardo Izquierdo Torres, retuvieron a los camarógrafos de la corresponsalía de Globovisión cuando cumplían con su labor periodística.
El jefe militar informó que los trabajadores de la televisora violaron la Ley de Seguridad y Defensa al filmar, sin autorización previa, la fachada de la dependencia militar. Momentos antes equipos de Venezolana de Televisión, Televen, y Ejecutivo Regional hicieron tomas similares debido a que la fachada de la institución y algunos monumentos históricos amanecieron con mordazas rojas, igual que las pinturas que ilustran las paredes de la guarnición.
Mientras el general aseguraba que no habían detenidos, los camarógrafos Robmar Narváez y Jesús Alberto Hernández explicaron que se encontraban haciendo las tomas correspondientes, cuando los militares les informaron que estaba prohibido filmar la fachada militar, les exigieron credenciales y les conminaron a acompañarlos al interior de la guarnición.
Los camarógrafos fueron llevados a una oficina, interrogados, revisado el material filmado y reseñados.
Doricer Alvarado, reportera corresponsal, fue notificada por uno de los camarógrafos. Aseguró que nunca recibió llamada del jefe militar. El general Izquierdo acusó a los medios de hacer un “escándalo mediático” de una situación sin consecuencias y sostuvo que la reseña a los trabajadores era cuestión de rutina. Al lugar se presentaron autoridades del CNP.
AUTOCENSURA
El Consejo de Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) rechazó “la arremetida oficial contra la libertad de expresión en Venezuela” y advirtió sobre el establecimiento de una hegemonía comunicacional por parte del Poder Ejecutivo.
En un comunicado, la escuela señala que el cierre de 34 emisoras, como paso previo para un total de 240, resta oportunidades a la ciudadanía de tener acceso a informaciones, de transmitir quejas y reclamos y de expresar su opinión de forma libre.
La escuela cuestiona también el proyecto de ley contra los delitos mediáticos que de materializarse “acabaría con el ejercicio del periodismo, en tanto que penaliza por acción y omisión. Es decir, implicaría una autocensura no sólo para los dueños de medios y periodistas, sino para las fuentes y las comunidades”.