El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Manuel Martínez, criticó a los medios de comunicación y a los periodistas porque según él han hecho un “juicio paralelo” en el caso de la periodista María José Bravo, corresponsal de Diario Hoy y LA PRENSA en Santo Tomás de Chontales, quien fuera asesinada en noviembre de 2004 por Eugenio Hernández, ex alcalde del municipio de El Ayote por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), casualmente el mismo partido al que pertenece el magistrado Martínez y le debe su alto cargo.
Según el magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el caso del asesinato de María José Bravo ha sido “agitado por las olas de la opinión pública”, lo cual, dijo, es “una cosa muy peligrosa”. Sin embargo, el alto funcionario judicial se permitió “perdonarlos” al sentenciar que “no culpa por eso a los medios de comunicación, porque al final es una periodista la que murió y esa situación ocurre con todas las justicias del mundo”.
Al decir que María José Bravo “murió”, simplemente, el magistrado Martínez no reconoce que ella fue asesinada y se puede inferir de sus declaraciones que habrá un nuevo juicio en el caso, como lo están pidiendo los defensores del asesino, para dejarlo en libertad. Y como para justificarse, el Presidente de la Corte asegura que los abogados que han defendido a Hernández “han sido mejores que la Fiscalía y el acusador particular. Han tenido mayor dedicación y eficiencia”, alegó el alto cargo judicial.
Pero la verdad es que la parte acusadora en el juicio contra Eugenio Hernández, probó que la periodista María José Bravo fue asesinada y logró que el asesino fuese condenado a 25 años de presidio. Y ahora, al recurrir los defensores del asesino a la argucia de demandar un nuevo juicio para cambiar la tipificación del delito cometido y poder ordenar su libertad, lo que pasa no es que ellos sean mejores abogados sino que el gran defensor del asesino es el mismo Poder Judicial, desvirtuado, partidarizado y repartido como un botín entre el PLC de Alemán y el FSLN de Ortega. Este gran abogado, que es el Poder Judicial, desacredita el juicio que condenó al asesino, para justificar su anulación y la convocatoria de un nuevo proceso. Este poderoso abogado del asesino, que es el Poder Judicial, tiene la facultad de revocar la condena por asesinato y sustituirla con una sentencia por homicidio, lo cual inmediatamente lo dejaría en libertad.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dice, en los documentos sobre el caso que ha remitido a organismos internacionales de derechos humanos, que las intenciones de revisar el juicio por el asesinato de María José Bravo, para convertirlo en homicidio y dejar libre al asesino, “se inscriben en un alarmante patrón de impunidad en el que están quedando los asesinatos de periodistas en Nicaragua”. Y rememora el Cenidh el caso del periodista disidente sandinista, Carlos José Guadamuz, asesinado en febrero del mismo año 2004, cuyo asesino fue condenado judicialmente pero el Gobierno de Daniel Ortega lo dejó en libertad con el cuento sarcástico de que en prisión estaba sufriendo “estrés carcelario”.
Cuando dejaron libre al asesino de Guadamuz, advertimos que eso había que verlo como un mensaje de que en Nicaragua se puede asesinar a cualquier periodista molestoso con el poder político, sin que el asesino tenga que sufrir mayores consecuencias. Lo mismo debemos decir ahora. Dejar en libertad al asesino de María José Bravo por medio de cualquier subterfugio judicial, sería un mensaje de que se puede seguir asesinando a periodistas porque hay un Poder Judicial injusto y politizado que protege a los asesinos.
Por cierto que no es por casualidad, que al Obispo de Chontales, monseñor Sócrates Sándigo, lo hayan amenazado de muerte recordándole que ésa es la tierra de las “balas saltarinas”, en siniestra alusión al alegato de los defensores del asesino de María José, de que ella murió “accidentalmente” por causa de una bala que saltó de un lado a otro hasta alojarse en su corazón.
De todas maneras, pedimos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no dejen en la impunidad el asesinato de María José Bravo poniendo en libertad a su asesino; que no permitan que la sangre de la periodista mártir y la de cualquier otra persona que en adelante sea asesinada, como consecuencia de semejante invitación a asesinar impunemente, caiga sobre sus cabezas del mismo modo que la sangre del periodista Carlos Guadamuz ha salpicado para siempre, a quienes dejaron impune y libre a su asesino atroz, despiadado y confeso.