- Reporte de la CIDH aplaza a gobierno de Micheletti
El gobierno de facto de Honduras fue muy cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo informe concluye que se violan las garantías individuales, a sólo dos días de la llegada a Tegucigalpa de una misión de siete cancilleres de la OEA.
Por ejemplo, indica que entre 3,500 y 4,000 personas fueron detenidas arbitrariamente por la Policía y el Ejército durante las manifestaciones a favor del depuesto presidente Manuel Zelaya.
La CIDH cerró el viernes su visita a Honduras destinada a evaluar las denuncias de abusos contra los seguidores de Zelaya, tras el golpe de Estado que instaló en el poder a Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso, el 28 de junio pasado.
De acuerdo al informe preliminar, “la Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía”.
Según el informe se ha registrado la muerte de cuatro personas y varios heridos de arma de fuego. La Comisión recibió información que podrían vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado.
Además, del 24 al 27 de julio entre 4,000 y 5,000 personas quedaron atrapadas entre los retenes militares en la zona fronteriza con Nicaragua (en el departamento de El Paraíso) durante el toque de queda, sin acceso a alimentación y agua, y fueron reprimidos con gases lacrimógenos.
Los detenidos sufrieron heridas por balas de plomo, golpizas con bastones policiales y otros objetos contundentes de hule, hierro y madera. Además, por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos para disuadir la manifestación.
El reporte indica que la información fue controlada a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, su ocupación militar, y la prohibición de emitir señal a ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado. También hubo cortes de energía eléctrica que afectaron la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado; así como agresiones y amenazas a periodistas de medios de distintas posiciones editoriales.
NADIE QUEDA SATISFECHO
El informe de la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras no sorprendió al gobierno de Roberto Micheletti ni satisfizo a los seguidores del depuesto gobernante Zelaya.
Para el canciller hondureño, Carlos López, “no hay grandes sorpresas” en el informe preliminar.
“Cierto es que el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública en manifestaciones que pierden el control no debe sorprendernos”, enfatizó López.
Dijo que ha visto que “en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Montevideo, en Brasil, en Venezuela en Caracas, en México” que “la función de la fuerza pública es precisamente ejercer, cuando se pierde control de las manifestaciones, fuerza física para salvaguardar la vida, los bienes y los intereses de los gobernados”.
Por su parte, el dirigente de un sector de los maestros, Sergio Rivera, uno de los líderes del movimiento de resistencia popular que exige la restitución de Zelaya, dijo que la CIDH dispuso de muy poco tiempo para realizar su trabajo y por eso “se quedaron miles de casos de violaciones a los derechos humanos sin documentar”.