- Ortega ha nombrado ministros, viceministros y presidentes de entes sin ratificación de la Asamblea Nacional
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Todos los nombramientos de ministros, viceministros, presidentes de entes autónomos y embajadores que ha hecho el presidente Daniel Ortega desde el 20 de enero de 2008 hasta la fecha son ilegales, porque ninguno ha sido ratificado por la Asamblea Nacional, tal como manda el artículo 138 de la Constitución Política.
Juristas expertos en Derecho Constitucional, analistas políticos y diputados de la oposición coincidieron ayer en que no sólo los cargos son nulos, sino que quienes los ejercen se exponen a ser procesados por usurpar funciones para las que no han sido nombrados como establece la ley.
El artículo 138 de la Constitución Política, impulsado en su momento para maniatar al presidente Enrique Bolaños, establece que la Asamblea Nacional debe “ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el voto favorable del sesenta por ciento del total de los diputados, el nombramiento hecho por el Presidente de la República a los ministros, viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, jefes de Misiones Diplomáticas y presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales”, y agrega que estos nombramientos sólo serán firmes con esa ratificación.
Para el constitucionalista Gabriel Álvarez, lo que ocurre con los nombramientos es otra muestra de “la falta de voluntad del Presidente para gobernar por la ley, porque parece que no le importa hacerlo” y perfectamente se puede declarar la invalidez de los cargos o incluso un juez podría anular por petición u oficio lo actuado al respecto.
Además, el jurista reclamó que la oposición parece hacerle el juego a Ortega, porque podría tener una posición más atenta y beligerante y estimó que el silencio de los diputados ante tales ilegalidades “es vergonzosa”.
Álvarez y el analista político y directivo del Movimiento por Nicaragua (MpN), Carlos Tünnermann, coincidieron en que la Constitución no especifica un procedimiento para destituir a un funcionario público, excepto que esto es atribución del Presidente de la República o puede ser petición de la Asamblea. Sin embargo, sí es clara sobre los requisitos para los nombramientos.
El artículo 138 de la Constitución, en su inciso 30 sobre las atribuciones de la Asamblea, menciona que “de no producirse la ratificación (de los funcionarios por el parlamento), el Presidente de la República deberá proceder a un nuevo nombramiento dentro del plazo de treinta días hábiles, debiendo someterse el nuevo nombramiento al procedimiento de ratificación ya establecido”.
DIPUTADO PALLAIS DICE QUE TRABAJAN INFORME
El diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea, José Pallais, aseguró a LA PRENSA que un equipo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) al que él pertenece trabaja en la recopilación de los nombramientos hechos por el presidente Ortega que no habrían sido ratificados por la Asamblea tal como manda la Constitución.
Pallais dijo que probablemente mañana la bancada del PLC conozca un informe preliminar de estos casos y con el mismo presentarían un proyecto de resolución administrativa en el que el parlamento evidencie esta violación a la Constitución, que tendría como consecuencia la declaración de nulidad de estos nombramientos e incluso el posible proceso contra quienes ejercen esos cargos, por el delito de usurpar funciones para las que en realidad no están ratificados.
El diputado explicó que algunos diputados del PLC ya habían notado lo ocurrido desde el nombramiento del viceministro de Salud, Guillermo González, como titular de ese ministerio en el 2008, tras la renuncia de la ministra Maritza Cuan, ahora delegada departamental del Sistema de Atención Integral en Salud (Silais) de Managua.
Pallais justificó que las elecciones municipales de noviembre pasado y sus consecuencias, como el fraude, los obligó a atender otros temas, pero los recientes despidos y nombramientos en el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Ministerio de la Familia (Mifamilia) les confirmaron que estos hecho son aislados, sino “una muestra de irrespeto total a la Constitución”.
El vicepresidente del Movimiento Vamos con Eduardo, al que pertenece la mayoría de los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eliseo Núñez Morales, dijo que en principio coinciden con la propuesta del PLC, aunque luego estudiarían los detalles.
Núñez Morales agregó que los nombramientos también deberán seguirse con cuidado porque tras la anulación de éstos “entonces todo lo actuado por ellos sería desconocido”.
Sin embargo, Álvarez reclamó que los diputados no deben proponer soluciones sólo para aminorar las críticas hacia la oposición, pues las acciones que puede tomar la Asamblea sobre este caso pueden ir más allá de una resolución legislativa. “No se pueden hacer las cosas como compadre hablado”, advirtió.
MAÑAS PARA ELUDIR
Tünnermann reclamó que Ortega prometió respetar las leyes y la Constitución “y entonces debería respetarlo”. Pero cuestionó que, en cambio, el mandatario procura eludir las leyes al dejar algunos nombramientos de la calidad de un ministro o presidente de un ente como secretarios de la Presidencia.
La ex comandante guerrillera Dora María Téllez también mencionó que otra de las formas del Gobierno de Ortega para eludir lo que claramente establece la Constitución sobre la ratificación de los ministros, directores y presidentes de entes autónomos es dejar al subtitular ejerciendo las funciones del titular, como durante muchos meses ocurrió con el ministro de Salud, antes de que Ortega lo nombrará en este cargo.
Téllez celebró que los diputados pretendan exigir la nulidad de estos nombramientos, sin embargo, sugirió que la Asamblea Nacional debería tener una comisión que vele por los nombramientos de los funcionarios y el respeto a la Constitución y las leyes con éstos, así como también velar por su desempeño y exigir su destitución cuando lo hagan mal.
Durante este Gobierno diferentes comisiones legislativas, sobre todo las presididas por diputados de la oposición, han citado a varios ministros y funcionarios públicos para que den cuenta de acciones específicas del Gobierno.
Sin embargo, no todos han asistido ni todos han respondido a los cuestionamientos, sin que tal actitud tenga consecuencias, a pesar de que la Ley Orgánica de la Asamblea también regula y respalda las acciones que podrían tomar los diputados.