- Magistrado también aspira repetir en el CSE
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La reelección presidencial de Daniel Ortega fue defendida por el magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, como parte de un proceso de reformas constitucionales, impulsado en un primer momento por el partido de Gobierno bajo el argumento de implementar un sistema semiparlamentario en el país.
El magistrado también se pronunció por un referendo revocatorio, como propuso Ortega el pasado 19 de julio, y que aún no tiene eco en los distintos sectores políticos del país.
“La reelección no es mala, en los Estados Unidos hay reelección, lo importante es que las elecciones sean transparentes y se garantice la voluntad popular, si ya se tiene garantizado eso, yo no le veo el mayor problema, ojalá que haya reformas constitucionales, y ojalá que la propuesta que hizo el Presidente (Ortega) el 19 de julio, de referendo revocatorio, se dé”, afirmó Rivas.
Agregó que “vamos a ser el cuarto país en el mundo o en América Latina, no tengo la certeza, de que un Presidente se puede someter a mitad de su período, para que el pueblo decida si debe o no continuar con su mandato”.
Para Rivas, Ortega tiene derecho a aspirar a reelegirse, como lo hacen otros mandatarios de América Latina, entre los cuales mencionó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de quien dijo, iría por su tercer mandato presidencial, si es aprobada por el Senado su postulación presidencial.
Rivas, quien de acuerdo con fuentes políticas busca también su reelección en el Poder Electoral, contaría con el respaldo del partido de Gobierno, para lo cual sería propuesto en la terna del Frente Sandinista, y de lograr los 56 votos necesarios para obtener el cargo, desarrollaría su tercer período en ese Poder del Estado.
CUENTA REGRESIVA PARA REFORMAR CONSTITUCIÓN
Rivas se une a la cruzada que dirigentes del partido de Gobierno impulsan para lograr el respaldo de sus antiguos socios políticos, que derive en la aprobación de reformas constitucionales en la Asamblea Nacional, que incluyan la reelección presidencial y le permitan a Ortega garantizarse un tercer mandato.
La Constitución Política de Nicaragua establece en el artículo 147 que no podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República, el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales.
De mantenerse ese precepto constitucional, Ortega está impedido de postularse nuevamente, no sólo por el hecho de ejercer la Presidencia en el período actual, sino porque éste sería su segundo mandato, ya que ejerció durante los años ochenta y entregó la banda presidencial en 1990, cuando fue derrotado por la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta de Chamorro.
La semana pasada, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, dijo que ya no están interesados en cambiar el sistema político actual, que es presidencial, a un sistema semiparlamentario, donde se crearía la figura del Primer Ministro, pero reiteró que el FSLN no renuncia a que se apruebe la reelección para que Ortega pueda postularse.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con quien el partido de Gobierno sumaría sin ningún problema la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales en la Asamblea Nacional, ha afirmado que no respaldarán la reelección, ni tampoco caerá en la trampa del oficialismo, para que se implemente el referéndum revocatorio, ya que todo es parte de la estrategia del Frente Sandinista para lograr que Ortega se convierta por quinta vez en candidato presidencial.
Extraoficialmente se menciona que si el FSLN no logra su cometido de que se apruebe en primera legislatura las reformas constitucionales, Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, podría ser el “as” bajo la manga del oficialismo, aunque también existen quienes lo descartan por el grado de afinidad con Ortega.
Rivas también respaldó que se instalen urnas en edificios públicos, con el objetivo de consultar a la ciudadanía sobre la reelección presidencial, sean éstos oficiales o no.
