Roberto Pérez Solís
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La diputada independiente y ex presidenta de la Comisión del Exterior, Jamileth Bonilla, aseguró ayer que una revisión de los acuerdos firmados por el presidente Daniel Ortega, publicados en La Gaceta, indica que la mayoría de los nombramientos ilegales de altos cargos, por no estar ratificados por la Asamblea Nacional, corresponden a embajadores o jefes de misiones diplomáticas, viceministros y presidentes de institutos.
El 20 de enero del 2008 entró en vigencia el artículo 138 de la Constitución Política, parte de las reformas constitucionales congeladas hasta entonces por la llamada Ley Marco. Ese artículo es el que faculta a la Asamblea para ratificar los nombramientos de ministros, viceministros, procuradores y subprocuradores de la República, jefes de misiones diplomáticas y presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales, sin lo cual serían nulos.
Según Bonilla, desde entonces algunos nombrados sin ratificación son Gilda Baltodano, como embajadora ante Belice; Carlos Correa Lacayo, como embajador ante Francia; David Sydney McField McField, como embajador en Jamaica, y José Cuadra Chamorro, como embajador ante la Orden de Malta con calidad de concurrente ante la Santa Sede.
Además, Augusto César Zamora ante el Principado de Andorra en el Reino de España, y Rosa Adilia Vizcaya nombrada en enero pasado como embajadora en República Dominicana.
LA PRENSA intentó obtener un versión de la Cancillería de la República, pero el área de prensa no atendió nuestra consulta y fue imposible localizar al canciller Samuel Santos.
La ex presidenta de la Comisión del Exterior dijo que cuando ella estuvo a cargo de esta Comisión, la Cancillería argumentó que las ratificaciones no se habían pedido porque faltaba el placet de los embajadores, pero a la fecha siguen igual.
OTROS CARGOS ILEGALES
Bonilla trabaja un informe sobre la situación de estos nombramientos junto con la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que pretende desarrollar una resolución legislativa para declarar la nulidad de todos estos cargos y ordenar la revisión de lo actuado por los mismos que habrían incurrido en usurpación de funciones.
Para la diputada, son graves también el nombramiento de Nora Orozco Chamorro, como viceministra de Salud, y más el de Meyling Calero como vicepresidenta del Instituto de Turismo (Intur), con rango de viceministro en diciembre pasado, del cual fue destituida la semana pasada para nombrarla ministra de la Familia.
Otro caso que le llama la atención, por la figura que habría usado el Gobierno para eludir el requisito del artículo 138, es el de Joel Antonio Dixon Coban como secretario para asuntos indígenas del Ministerio del Exterior, con rango de viceministro.
¿CUÁLES NOMBRAMIENTOS?
El constitucionalista Gabriel Álvarez explicó a LA PRENSA que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial podría actuar de oficio ante estos nombramientos ilegales. Sin embargo, el magistrado liberal y presidente de esa Sala, Dámisis Sirias, dijo ayer que no conoce ningún nombramiento ilegal que haya realizado el presidente Daniel Ortega, pero si así fuera, esta situación constituye una violación a la Constitución Política del país.
“La Constitución establece de que hay ciertos nombramientos que hace el Ejecutivo que tienen que ser ratificados por el Legislativo, por la Asamblea Nacional, por ejemplo el caso de los ministros, el caso de los embajadores”, señaló el magistrado Sirias, quien insistió que él no conocía de ningún caso, pero que si alguien lo denunciaba ante la Sala de lo Contencioso, se procedería a tramitar la denuncia.