- En nueva ley contra el crimen organizado
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Las más recientes modificaciones al proyecto de ley contra el crimen organizado, que está bajo consulta en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, dejaron al Ejército de Nicaragua sin acceso a los vehículos terrestres, yates de lujo y medios de comunicación de banda civil que incauten las autoridades.
El presidente de la comisión legislativa, el liberal José Pallais, explicó que anteriormente el Ejército de Nicaragua pedía que de los bienes incautados se le entregaran todas las naves acuáticas, incluyendo las de lujo, así como los vehículos terrestres, todos los medios de telecomunicaciones y las armas.
La solicitud de las fuerzas armadas, admitió el diputado liberal, era objeto de fuertes discusiones entre los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
La semana pasada el tema llegó a un arreglo, aseguró Pallais.
“El consenso está en que al Ejército le quedan las aeronaves, los medios navales, las armas militares, de uso restringido, los radios de comunicación militar, y de las naves marítimas excluimos los yates de lujo, de recreo, los cuales tendrán que venderse por la Unidad Administradora de Bienes del Estado, que estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, dijo Pallais.
El Ejército de Nicaragua tampoco tendrá acceso a los recursos líquidos, como dinero o joyas, los cuales pasarán al resguardo de la Unidad Administradora de Bienes del Estado.
“Con los yates de lujo no hay ninguna justificación, no va a andar el Ejército patrullando en yates de lujo ni andarán pescando, lo lógico es que se vendan y ese producto entre al enfrentamiento del crimen organizado (…) el Ejército no tendrá participación en la distribución de efectivo ni en la distribución de los vehículos terrestres”, expresó Pallais.
Se espera que la ley sea dictaminada en las próximas semanas y se apruebe este año.
La iniciativa tiene más de un año de estar en consulta por los miembros de la comisión legislativa.
Roberto Orozco, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), calificó como un “paso positivo” la definición de un mecanismo para distribuir los bienes incautados.
“La legislación sólo contemplaba otorgar un porcentaje de lo incautado a varias instituciones del Estado y a las ONG (organizaciones no gubernamentales), pero no decía cómo. Hemos dicho que eso fue caldo de cultivo de corrupción que se evidenció en casos pasados, por lo que ahora la propuesta de ley contra el crimen organizado superará esto con el establecimiento de la subasta pública para priorizar programas de lucha contra las drogas, fundamentalmente para la Policía Nacional”, argumentó Orozco, del IEEPP, organismo que ha seguido de cerca la nueva ley contra el crimen organizado.
YA NO HABRÁ PORCENTAJES
En efecto, el diputado Pallais indicó que las nuevas mociones descartaron una distribución porcentual de los bienes que sean decomisados al crimen organizado.
“Los porcentajes se quitaron porque son una camisa de fuerza, demasiado esquemático, porque las necesidades son cambiantes. Un año hay necesidad de fortalecer un área, pero al siguiente sería otra área (…) se quiere tener un apoyo global al sistema”, manifestó Pallais.
Según el proyecto de ley, el dinero que se obtenga luego de subastarse los bienes decomisados a la delincuencia organizada será destinado a la prevención del crimen, investigación, persecución de delitos, programas de rehabilitación y reinserción social, protección de testigos, jueces y otras personas.
Pallais dijo que el orden de prioridad lo encabezará la Policía Nacional; seguida por el Ministerio Público; las carteras de Educación y Salud; Corte Suprema de Justicia; Sistema Penitenciario; Consejo Nacional contra el Crimen y Delincuencia Organizada y por la Unidad de Bienes Incautados.