- Ante denuncia de los concejales liberales de supuestas anomalías
CORRESPONSAL/CHINANDEGA
Tres auditores de la Contraloría General de la República (CGR) revisan las supuestas irregularidades ocurridas en la Alcaldía de Chinandega, mismas que fueron denunciadas por los cinco concejales liberales que señalaron, entre otras situaciones, la compra anómala de dos camiones volquetes que consideran son usados.
El arribo de los funcionarios, el lunes, permitió el ingreso del auditor Cándido Leonardo Álvarez, quien desde hace dos meses no había podido ingresar a la comuna dado que representantes sindicales violentaron su oficina, ubicada en el Palacio Municipal, y cambiaron cerradura tras una supuesta orden del secretario del concejo Juan Alberto Torres.
El auditor además era bloqueado por los vigilantes de la comuna cuando pretendía ingresar a ejercer sus labores.
CONCEJAL LIBERAL OPTIMISTA
El concejal liberal César Augusto Zamora Mairena manifestó su optimismo con la presencia de los auditores de la CGR para que diluciden lo que han denunciado.
El alcalde sandinista de Chinandega, Enrique Saravia Hidalgo, manifestó que a los funcionarios de la CGR les están brindando la información, documentos y facilidades para que puedan hacer su trabajo.
La auditoría especial del ente regulador en Chinandega fue aprobada por unanimidad en la Sesión Ordinaria Número 645, mientras tanto el equipo de auditores de la CGR permitió ayer hacer una fotografía, no así la entrevista.
“Les sugiero que busquen a los relacionistas públicos de la Contraloría General de la República”, expresó uno de los funcionarios.
LA FAMOSA COMPRA
Acerca de la compra de los camiones volquetes marca Kamaz 3, los concejales opositores aseguran que son refaccionados y no les convence que el costo de éstos fue de 65 mil dólares, pues aseguran que la compra pudo ser de 25 mil dólares.
Los concejales liberales Rodolfo Gríos Herrera, Augusto Ferrufino, Carlos Denis Meléndez, Luis Díaz y César Zamora Mairena, denunciaron el pasado 31 de julio ante la oficina departamental de la CGR a los funcionarios municipales Juan Alberto Torres, secretario del Concejo; Evelyn Aguilar, directora de adquisiciones; Óscar Cortedano, director financiero; Ismael García, director de Recursos Humanos y al ingeniero José Solórzano, director de Obras Públicas.
Otra de las denuncias, en poder de la CGR, fue la compra de adoquines, cemento y repuestos en un sitio ajeno del que fue autorizado en Managua sin cumplir con la Ley de Contrataciones Municipales.
Tras el informe de la adquisición irregular de los camiones, representantes sindicales allanaron la Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad, saquearon el CPU y documentos que soportaban supuestos desvíos de fondos, según denunció el auditor Cándido Leonardo Álvarez.
El auditor siempre ha sostenido que fue el secretario del concejo, Juan Alberto Tórrez, quien ordenó a los sindicalistas violentar su oficina.
En los dos meses anteriores al auditor le cancelaban su salario en la calle, puesto que su ingreso a las instalaciones de la municipalidad estaba prohibido.