El Centro de Derechos Constitucionales asegura que aún cuando la Constitución nicaragüense garantiza el derecho de asociación desde hace más de un siglo, en los últimos años los gobiernos no han escondido su interés de “callar” a los Organismos No Gubernamentales (ONG), críticos de su gestión, porque de esa forma callan el descontento popular.
Pero el problema no es exclusivo del país, sino una tendencia que se repite a lo largo del continente.
Ada Esperanza Silva, especialista en Derecho Constitucional, explicó que los gobernantes usan las leyes y el aparato estatal para establecer cualquier tipo de presiones y controles contra los ONG.
Aunque en Nicaragua esas presiones se trasladaron a las calles, donde en el último año grupos afines al Gobierno han impedido a las organizaciones de la sociedad civil realizar cualquier tipo de manifestación o protesta pública, la práctica tampoco es exclusiva del país, ya que en otros como Honduras hace más de un año una persona resultó muerta en un caso similar.
Durante el foro debate Riesgos Legales frente a la Discrecionalidad del Marco Legal de la Sociedad Civil, organizado por el Centro de Derechos Constitucionales y las fundaciones Violeta Barrios de Chamorro y Nicaragua Nuestra, Silva explicó que la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, se caracteriza por la amplia discrecionalidad con la que es aplicada.
Atribuye esa “discrecionalidad” a sus vacíos y contradicciones y a la carencia de un reglamento o disposiciones administrativas que regulen con claridad los procedimientos y requisitos que las personas jurídicas sin fines de lucro están obligadas a cumplir para constituirse, ser autorizadas, funcionar y hasta para desaparecer cuando así lo deseen.
LAS MULTAS
Silva aconsejó a los representantes de los ONG cumplir con exactitud lo establecido en esa ley, para no proporcionar al Gobierno la posibilidad de establecer sanciones.
También aclaró que el Artículo 22 de la ley establece las sanciones administrativas que pueden ser impuestas por violentar la ley y menciona multas de entre mil y cinco mil córdobas, pero no establece los parámetros para aplicarlas, por lo que queda a disposición del funcionario imponer los montos.
Entre las “discrecionalidades” que aplican los gobiernos en su trato con los ONG, se mencionó la extensión de una “constancia de cumplimiento” que extiende el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob).
Según Silva, no existe ninguna disposición legal que establezca que ese documento es requisito indispensable para funcionar. Sin embargo, “desde hace varios años deben presentarlo para cualquier acción que ejecuten, aún cuando no está regulado en la ley ni en las disposiciones administrativas del Migob”.
A pesar de la ambigüedad y las discrecionalidad que la Ley 147 permite, Silva y representantes de algunas organizaciones consideran que no es el momento para reformar esa ley, ya que podría establecer mayores controles y restricciones.
Condenaron las pretensiones de una propuesta de reforma que introdujo en la Asamblea Nacional el diputado independiente Salvador Talavera, ya que establece incluso la posibilidad de declarar de utilidad pública los proyectos de montos determinados para que sea el Estado el que los administre, a través de un instituto autónomo que se crearía para ese fin.
“Esa propuesta cierra más la libertad de asociación y requiere reformas a la ley del Poder Ejecutivo. Creemos que no es el momento, no hay ambiente para eso en estos momentos”, advirtió Silva.
Durante la actividad, Roberto Orozco, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), denunció que esta organización es víctima de “permanente observación” de parte del Migob. Además, mencionó que vehículos sin placas rondan a diario las oficinas y personas que se hacen pasar por estudiantes se acercan a pedir información sobre el origen de los fondos que manejan.
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